El Tribunal Supremo dio cerrojazo el 6 de abril al caso por presunta prevaricación contra el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, del PP, no solo sin haber realizado más trámites que la toma de declaración del imputado y sin haber permitido aún la personación de las dos acusaciones populares que casi cuatro meses antes habían pedido incorporarse sino, sobre todo, sin esperar a que se pronunciara el fiscal.
El juez instructor de la causa, el conservador Francisco Monterde, le había dado cinco días de plazo a partir del 24 de marzo para rebatir la solicitud de sobreseimiento planteada por Imbroda. Pero lo hizo en una providencia que -aseguran fuentes del caso- el fiscal, Salvador Viada, recibió tarde porque, con permiso de sus superiores, había viajado precisamente a Melilla para completar la investigación.
La celeridad fue la nota dominante: Imbroda declaró el 11 de marzo y, menos de un mes después, el juez ya había decidido eximirlo por completo de responsabilidad penal. Tras el carpetazo, el fiscal, Salvador Viada, recurrió en reforma –ante el mismo juez que dicta el archivo, aquí el conservador Francisco Monterde - y subsidiariamente en apelación ante la Sala Segunda del alto tribunal. Días después de presentar ese recurso, Viada fue apartado de la causa.
Distintas fuentes jurídicas consultadas por infoLibre subrayaron su sorpresa por el hecho de que el juez instructor del caso, el conservador Francisco Monterde, considerase tan urgente el archivo que lo dictase el mismo día en que, según quienes conocen el procedimiento, llegó a su mesa el escrito de alegaciones del fiscal, cuya existencia -y mucho menos, sus argumentos- ni siquiera menciona el auto de cierre. Las fuentes jurídicas consultadas indican que esa coincidencia de fechas denota que la resolución judicial, de 19 páginas, ya estaba redactada cuando el texto de la Fiscalía llegó a manos de Monterde. Y subrayan lo "extremadamente infrecuente, por no decir inédito" de que el juez resuelva sobre un asunto de tal calibre sin conocer la opinión del fiscal, incluso si ya ha transcurrido -como ocurrió aquí- el plazo dado para las alegaciones.
En el escrito de Viada, de 13 páginas, fechado el 4 de abril y contrario al archivo, el fiscal desplegaba multitud de datos obviados por Imbroda y atribuía al político el protagonismo en la articulación de una estrategia destinada a vulnerar la ley bajo una apariencia de inocente ignorancia.
La contratación de un abogado, a dedo, sin expediente previo y que cobró del Gobierno melillense casi 400.000 euros, era el eje de la investigación.
El hermano, el tesorero y los cursos para magistrados
Ese abogado, Juan Jesús Olivares, ocupa el cargo de tesorero del Colegio de Abogados de Melilla, cuyo decano es Blas Imbroda, hermano del presidente de la ciudad y su abogado defensor ante el Supremo.
El Colegio melillense organiza cada año junto con la UNED unas jornadas de derecho a la que acuden habitualmente magistrados del Supremo. Las de 2015 [consulta aquí el programa] se celebraron justamente la semana pasada.
El coordinador de las jornadas, Ángel Castro, afirmó el jueves en declaraciones a este diario que la institución colegial de Melilla financia “más o menos el 10% del coste” total, que se cifra en “unos 5.000 o 6.000 euros”, a razón de 500 euros por asistente. Sin detallar cuantía, explicó que los ponentes –algunos de ellos, jueces- reciben una “pequeña gratificación por conferencia” y negó tajante que este sea un escenario propio de colisión o conflicto de intereses.
“Podríamos llevar entonces 22 años colisionando con todo tipo de partidos y gobiernos y nunca nadie ha entendido que esto colisionara con nada”, resumió la fuente al tiempo que aportaba otro dato: “Ahora hay, por ejemplo, un asunto en el Supremo que afecta al Gobierno [de la ciudad] y los magistrados que lo llevan no han venido”.
Desde luego, no participa en esas jornadas ninguno de los tres jueces de la Sala Segunda –Julián Sánchez Melgar, Andrés Martínez Arrieta y José Ramón Soriano- que deben resolver los recursos de apelación de la Fiscalía y las dos acusaciones populares personadas -la Asociación Libre de Abogados (ALA) y Manos Limpias- contra el archivo del caso Imbroda.
Monterde no fijó la fianza que deben abonar las acusaciones populares hasta un día después de haber dictado el auto de sobreseimiento, con lo que tampoco pudieron elevar alegaciones sobre la solicitud de sobreseimiento formulada por Imbroda. El sobreseimiento que dictó fue libre, es decir, irreversible salvo que prospere el recurso de apelación. Podía haber dictado un sobreseimiento provisional, que él mismo podría revocar en el supuesto de que aflorasen nuevos indicios, pero eligió la vía del carpetazo definitivo.
Viada ha rehusado hablar con este diario bajo el argumento de que no puede pronunciarse sobre ninguna causa viva. Y los portavoces oficiales de la Fiscalía General del Estado no han atendido las llamadas de infoLibre.
Tampoco ha sido posible conocer la versión del juez Monterde sobre por qué no esperó un día más –el que habría tardado en leer el escrito de alegaciones del fiscal- antes de cerrar el caso. Ese escrito -este diario ignora si Viada se pertrechó del visto bueno previo de sus jefes antes de entregarlo, aunque esa es una pauta usual- está fechado el 4 de abril, Sábado Santo. El auto del juez Monterde, el lunes 6 de abril.
Para decretar el cierre de la instrucción, que permitió a Imbroda lanzarse sin cortapisas a la carrera hacia las elecciones del 24 de mayo, en las que perdió la mayoría absoluta, Monterde dio por buenos los principales argumentos del aforado: que el contrato del abogado que dio pie a la investigación tenía carácter civil y no administrativo; que, al otorgarle poderes a ese letrado dentro de un paquete de apoderamientos mucho más amplio, él mismo hizo lo que siempre se había hecho en Melilla desde mucho antes de su llegada al poder; y que nadie le avisó de que podía estar vulnerando la legislación sobre contratos públicos.
Los argumentos del fiscal
El Supremo archiva definitivamente la causa contra Imbroda
En su escrito de alegaciones, así como en su recurso, el fiscal recalcaba que no es este el único contrato con abogados presuntamente irregular que se investiga en Melilla y que nadie discute que los otros –que están bajo la lupa de un juez local- son contratos administrativos pese a que tienen el mismo objeto; destacaba igualmente que fue el propio Imbroda quien eliminó los controles previos y posteriores que habrían evitado que el tesorero del Colegio de Abogados de Melilla prestara sus servicios irregularmente hasta 2010; y desbarataba, con datos, la tesis de que el contrato se hizo a las bravas por razones de urgencia.
“El desprecio por las formas y por el respeto a la ley a la hora de disponer del dinero público son absolutos”, escribió Viada.
Fuentes del caso confían en que el recurso de apelación prospere por cuanto han emergido nuevos indicios de delito en la parte del caso -la que no afecta a aforados- que instruye un juez de Melilla. Una antigua consejera del Gobierno local, Inés Urdiales, ha contradicho al completo la versión del presidente. Y lo mismo ha ocurrido con el graduado social de la Ciudad Autónoma, Enrique Javier Mingorance, quien ha declarado que no hacía falta contratar a un abogado externo.
El Tribunal Supremo dio cerrojazo el 6 de abril al caso por presunta prevaricación contra el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, del PP, no solo sin haber realizado más trámites que la toma de declaración del imputado y sin haber permitido aún la personación de las dos acusaciones populares que casi cuatro meses antes habían pedido incorporarse sino, sobre todo, sin esperar a que se pronunciara el fiscal.