Carlos Fabra, el que durante años fue todopoderoso líder del PP en Castellón, al que Mariano Rajoy eligó como un "político ejemplar", acabará en la cárcel. Asi lo ha deciddo el Tribunal Supremo, que ha confirmado la condena a cuatro años de prisión dictada por la Audiencia de Castellón por cometer cuatro delitos contra la Hacienda Pública al haber estafado más de 693.000 euros entre 1999 y 2003.
El Alto Tribunal ha rechazado la petición del fiscal del Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado, que pedían enviar a Fabra ocho años a la cárcel porque considera debidamente aplicada por la Audiencia la atenuante de dilaciones indebidas, ya que la causa se prolongó durante diez años.
El alto tribunal s-i ha admitido el recueso de la exmujer de Fabra, María Amparo Fernández, condenada a dos años de cárcel por dos delitos de fraude fiscal, que ahora se reduce a doce meses.
El Supremo no ha atendido las razones de la defensa de Fabra, que solicitaba la libre absolución con el aergumento de que el expresidente del PP castellonense se vio perjudicado por la denegación de una prueba pericial exculpatoria. Fabra también alegaba que los hechos estaban prescritos cuando fueron juzgados.
La Sala que ha tomado la decisión está presidida por Joaquín Giménez y conformada también por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral y Luciano Varela, quien ha sido el ponente de la sentencia.
El exdirigente del PP se sentó el pasado octubre en el banquillo de los acusados por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal tras una instrucción de un caso que se prolongó durante diez años y pasó por las manos de hasta nueve jueces distintos.
Fue condenado en noviembre de 2013 a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, al pago de una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar al fisco con la misma cantidad. La Fiscalía pidió en el juicio que Fabra fuera condenado a 13 años de prisión y pagara una multa de 1,98 millones de euros.
Tras conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón el pasado noviembre, Carlos Fabra se declaró "inocente", mostró su satisfacción por la absolución del cohecho y el tráfico de influencias y anunció que recurriría la resolución ante el Supremo y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.
El origen de este proceso se sitúa en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto.
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La Audiencia de Castellón apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, absolvió a Carlos Fabra, al empresario Vicente Vilar -propietario de Naranjax que presentó la querella que dio lugar al proceso-, y a la exmujer de éste, Monstserrat Vives, de los delitos de tráfico de influencias y cohecho, así como al exsenador del PP Miguel Prim de tráfico de influencias.
La sentencia señaló que entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2004 Carlos Fabra y Amparo Fernández realizaron un elevado número de operaciones bancarias en las cuentas de las que eran titulares, como ingresos en efectivo, mayoritariamente, así como ingresos mediante cheque o transferencia, cobros en efectivo de cheques y otros pagos en efectivo que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados y que fueron ocultados a la Hacienda Pública.
Esa ocultación de ingresos dio lugar a que Carlos Fabra defraudara a la Hacienda Pública 693.074,33 euros correspondientes a los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 y Amparo Fernández un total de 427.998,49 euros en los ejercicios 1999, 2000 y 2003.
Carlos Fabra, el que durante años fue todopoderoso líder del PP en Castellón, al que Mariano Rajoy eligó como un "político ejemplar", acabará en la cárcel. Asi lo ha deciddo el Tribunal Supremo, que ha confirmado la condena a cuatro años de prisión dictada por la Audiencia de Castellón por cometer cuatro delitos contra la Hacienda Pública al haber estafado más de 693.000 euros entre 1999 y 2003.