cke_bookmark_236SLa derecha mediática y política, con el PP a la cabeza, acusa desde este martes al Ministerio de Sanidad de mentir sobre los expertos científicos que le asesoraron. Y lo hace basándose en las explicaciones que la directora general de Salud Pública dio sobre este asunto al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán. Según una carta enviada por la institución, afirmó textualmente: “No existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las Comunidades Autónomas que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento”.
La oposición ha tomado la respuesta por una demostración de que el Gobierno mintió cuando sostuvo que tomaba las decisiones basándose en los criterios científicos y técnicos de los expertos. Pero, ¿quién dice la verdad en este asunto y quién miente?
Para hacer esta acusación se basan en la rueda de prensa que el presidente Pedro Sánchez ofreció el 2 de mayo. En ella se refiere a una reunión que acababa de mantener con lo que él llama “comisión técnica de desecalada” y que en realidad se llamaba “Comité Técnico para la Desescalada”. Un comité al que asistían la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Democrático, la ministra de Defensa, la ministra de Hacienda, el ministro del Interior, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la ministra de Trabajo y Economía Social y el ministro de Sanidad.
Como se puede ver en este tuit, publicado por Moncloa el 1 de junio, en ese comité solo hay altos cargos y altos funcionarios del Gobierno:
La realidad es que, como publicó infoLibre en su día, a lo largo de la pandemia el Gobierno creó dos comités de expertos. El primero es el Comité Científico del covid-19, con el que se reúne periódicamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuya composición, pese a la insistencia de PP, Vox y Ciudadanos en negarlo, fue dada a conocer el 21 de marzo, apenas cinco días después del comienzo del confinamiento. Se trata de médicos especialistas en salud pública, epidemiología, farmacia y virología de reconocido prestigio: Antoni Trilla García, Hermelinda Vanaclocha Luna, María Teresa Moreno-Casbas, Agustín Portela Moreira, Inmaculada Casas Flecha y Miguel Hernán.
El segundo grupo de trabajo creado por el Gobierno tenía como objetivo redactar del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad,Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad o plan de desescalada, que el Consejo de Ministros aprobó finalmente el 28 de abril. Estaba compuesto por una veintena de especialistas en epidemiología, salud pública, nuevas tecnologías, filosofía, desigualdad, inteligencia artificial, economía y relaciones internacionales. Y también contó con aportaciones de diferentes altos cargos de la Administración.
La composición de la mayor parte de este grupo tampoco es un secreto. De hecho, fue divulgada por la agencia pública de noticias Efe, citando como fuente a la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico, previa autorización de los afectados. Incluye nombres como los de Ana María García, catedrática de Salud Pública, Antoni Plasencia, director del Instituto de Salud Global de Barcelona, Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III, Manuel Cuenca, director del Centro Nacional de Microbiología, Miguel Hernán, profesor de Bioestadística y Epidemiología, Carlos Cuerpo, director de Análisis Macroeconómico del Ministerio dd Economía, Borja Barragué, profesor de Filosofía del Derecho, José Fernández Albertos, investigador de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, Miguel Otero, economista del Real Instituto Elcano, Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalición e Inteligencia Artificial, Manuel Muñiz, secretario de Estado de España Global, Bruno Sánchez, doctor en Astrofísica, Ángel Alonso, embajador de la Misión Especial para la Ciudadanía España Global, Diego Rubio, director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo, y del diplomático y director del Gabinete del Secretario de Estado para la Unión Europea Diego Martínez Belio.
Al margen de esos dos comités, el Gobierno siempre se ha apoyado en sus decisiones en los expertos que trabajan para el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige el doctor Fernando Simón y para la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, que son los que se encargan de la gestión en el día a día. Sus informes técnicos siempre han sido la base de las resoluciones del ministerio sobre la progresión, o no, a alguna de las fases previstas en el plan de desescalada, y así lo dejó siempre claro el departamento que dirige Salvador Illa.
Los expertos del CCAES
El CCAES está formado por expertos que son funcionarios de Sanidad, pero no constituye un “comité de expertos creado para realizar una labor de asesoramiento en este episodio concreto de la pandemia por coronavirus”. De ahí la respuesta de la directora general de Salud Pública al Defensor del Pueblo: “No existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las Comunidades Autónomas que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento”. Siempre fue el CCAES el que analizó la situación de cada comunidad autónoma para que el ministerio decidiese quién pasaba de fase y quién no y así lo explicó repetidamente el ministro en aquellos momentos.
Tanto es así que el propio ministro lo explicó en rueda de prensa cuando se anunció el primer cambio de fase, el pasado 8 de mayo:
La realidad, sin embargo, no impidió que este jueves Comunidades Autónomas como Madrid y dirigentes y portavoces del PP acusasen al Gobierno de mentir.
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique López, el territorio más afectado por la pandemia y en el que aparentemente se dejó morir en las residencias de mayores a 7.291 personas sin llevarlas a los hospitales para que recibieran atención médica, acusó al Gobierno central de “hacer de la mentira su juego”. La desescalda, afirmó, fue resultado de un proceso “oscurantista”, “falto absolutamente de transparencia” y marcado “exclusivamente” por criterios políticos.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, que este jueves comparecía en el Congreso, se vio obligado a desmentir la acusación en respuesta a los portavoces de la oposición. Una vez más explicó que la desescalada y el avance de fases de las comunidades autónomas se decidió siguiendo el criterio de los expertos científicos y técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias liderados por Fernando Simón. Como ya había dicho hace semanas, Illa relato cómo esos expertos elevaban un informe a la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio. Y era él, en última instancia, quien tomaba la decisión. Datos todos ellos que el propio nistro explicó durante la desescalada.
“Yo tomaba la decisión en base a informes técnicos de la directora general de Salud Pública. A ella le venía desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias avalado por el doctor Simón con su grupo de expertos”.
Lo cual no significa que el Gobierno no se apoyase en otros comités de expertos como los citados en esta información, pero para tomar otras decisiones relacionadas con la pandemia aunque no con el fin de establecer qué comunidad cambiaba de fase y cuál no.
Las suspicacias de la derecha política y mediática se han extendido estos meses a la identidad de las personas que elaboraban los informes en los que se basaba Illa para decidir qué comunidad pasaba de fase y cuál debía esperar. En este vídeo Fernando Simón se niega a revelar sus nombres:
Sanidad siempre alegó que nunca se hace pública la identidad de los funcionarios que hacen informes sobre los que se basan las decisiones de los ministerios, algo que ocurre todos los días. Como tampoco se revela en las comunidades autónomas. Tanto los técnicos de los servicios de salud de las consejerías como los del ministerio. “No son políticos. Estaban en la época de gobiernos anteriores y seguirán en las siguientes”, subrayaron en su días a infoLibre fuentes de Sanidad.
La referencia de la Ley de Salud Pública a la obligación de publicar los nombres de las personas que formen parte de órganos externos no afecta a los funcionarios internos. La norma dice que “será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública”, pero no se refiere a los funcionarios y empleados públicos sino a “las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo”.