"Es tiempo de tomar decisiones. Yo he tomado la mía y he presentado ante esta Cámara un programa de gobierno, con la mejor intención del mundo. También ustedes han de tomar decisiones". Susana Díaz no cuenta aún con la seguridad de que pueda ser elegida presidenta de la Junta de Andalucía en esta semana, porque la negociación con Ciudadanos, y sobre todo con Podemos, sigue abierta. Pero lo que acababa de hacer, exponiendo durante más de hora y media su programa de gobierno, su "decisión", iba encaminado a conseguir el apoyo o la abstención de ambas fuerzas. Y para ello desgranó medidas dirigidas a seducir especialmente a ellos dos. Al partido de Albert Rivera, con el "más ambicioso" paquete de lucha contra la corrupción que ninguna Administración pública "se haya propuesto jamás". Y a la formación de Pablo Iglesias, planteando una reducción del 10% de altos cargos –el doble de lo que el PSOE prometió hace menos de una semana– y ofreciendo la normativa "más avanzada" de España para paliar el drama de los desahucios, obligando a los bancos a que se adhieran al sistema arbitral de consumo como condición para contratar con la Junta.
El debate de investidura en el Parlamento de Andalucía se abrió este lunes pasadas las doce de la mañana. Y ya desde el principio la candidata socialista advirtió en su discurso [léelo aquí en PDF] de que es un mal negocio bloquear su investidura incluso para los grupos de la oposición: PP (33 diputados), Podemos (15), Ciudadanos (9) e IU (5). "Tal vez sea necesario recordar que para que pueda haber oposición es imprescindible como condición previa que haya Gobierno", pues de lo contrario "ni unos ni otros" pueden "dar cumplimiento al mandato de los ciudadanos" expresado en las urnas el pasado 22 de marzo, y se haría un "flaco favor" a Andalucía. "Muchos ojos están depositados en Andalucía porque se ha adelantado al nuevo tiempo político que se va a abrir en España", reconoció, porque la recomposición del mapa, en el que tendrán un peso capital Podemos y C's, se reproducirá en ayuntamientos y comunidades autonómas el 24 de mayo y después en las generales.
Díaz insistió en que todos los grupos se podrían ver "reconocidos" en su programa de gobierno. Pero el anzuelo iba indudablemente dirigido a los dos nuevos actores, como se evidenció en varios pasajes de su discurso. Para empezar, en el primer bloque que desgranó ante la Cámara: el de medidas contra la corrupción, "un lastre inaceptable para la democracia" y causa del "desprestigio" de la política. Por eso propuso un acuerdo para dar "tranquilidad y confianza" a los ciudadanos, evitar que casos como el de los ERE y el de los cursos de formación no vuelvan a "repetirse" y que sirva "de modelo" al resto de España, y así "combatir la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública hasta lograr exterminarla".
Oficina de Prevención del Fraude
El primer grupo de medidas [consulta aquí las 135 iniciativas] se lo dedicó a los partidos. Así, estos estos estarán obligados a "separar de inmediato" a los cargos públicos imputados por corrupción –no dijo ya lo de imputados con delito, que aplicó a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán–. "También a quien mienta o manipule sobre su currículum o cualificación personal o académica. Los imputados por corrupción política no formarán parte de las listas electorales".
Los partidos deberán remitir a la Cámara de Cuentas de Andalucía, y publicarlo en sus respectivas webs, su estructura orgánica y sus retribuciones. Los cargos institucionales que perciban sueldos públicos no podrán recibir de sus formaciones ninguna remuneración complementaria (esto es, no podrán cobrar sobresueldos) y los cargos electos tendrán que hacer públicas la declaración de bienes, actividades e intereses y las declaraciones anuales de IRPF y de sus cónyuges. Además, Díaz planteó que los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de la corrupción de sus cargos habrán de hacerse responsables patrimonialmente de estos actos (una demanda de los emergentes). La presidenta en funciones también propuso que las formaciones cuenten con órganos internos anticorrupción con funciones "preventivas y de control" y que los candidatos sean elegidos mediante primarias (otra exigencia de C's).
En el ámbito de la Administración, Díaz ofertó crear una Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía, para prevenir, detectar y denunciar malas prácticas, con capacidad para instar procedimientos sancionadores en el ámbito administrativo y para acudir a la Fiscalía. Se aprobará una Ley de Buen Gobierno y un Estatuto de Altos Cargos, que regule con mayor precisión los aspectos relativos al código ético, las incompatibilidades y las sanciones posibles. Además, los socialistas promoverán que no sea posible ser parlamentario y al tiempo mantener el "ejercicio de cualquier otra actividad profesional". "Quien tiene la misión de defender a todos no puede defender a unos pocos", subrayó. Respuesta evidente al caso de los conservadores Vicente Martínez-Pujalte y Federico Trillo, que en la pasada legislatura cobraron sustanciosas percepciones por asesorar a la constructora Collosa. Se reforzará en el ámbito andaluz la normativa para "evitar las puertas giratorias" y para avanzar "en la eficiencia y control de los fondos públicos", para lo cual se aprobará una ley de subvenciones y se modificará la Cámara de Cuentas para introducir la obligatoriedad de colaboración de las administraciones públicas, estableciendo la posibilidad de imponer multas a los responsables que no rindan cuentas.
No a indultados por corrupción
La candidata socialista planteó también una serie de medidas que no son competencia de Andalucía, sino del Estado. Su intención, señaló, es promover un acuerdo parlamentario para instar al Gobierno central a adoptar varias iniciativas: crear un registro público estatal que centralice la información de los representantes políticos o reformar el Código Penal para ampliar la prescripción de los delitos por corrupción, que los cargos públicos respondan con su patrimonio o que la responsabilidad patrimonial sea "imprescriptible". También se reclamará que se impida por ley que se indulte a cualquier condenado por corrupción, y que se legisle en materia de transparencia para "hacer extensible" a todo el país el compromiso que se adquiere en Andalucía.
Díaz también anunció que se planteará una iniciativa legislativa autonómica para que en el Congreso se adopten "cuantas reformas sean necesarias", incluido el cambio en la Constitución, para que las alcaldías, presidencias de comunidades autónomas "e incluso la Presidencia del Gobierno" sean "elegidas por sufragio universal", estableciendo una segunda vuelta si en la primera algún candidato no alcanza la mayoría absoluta. También se incluirá una petición de reforma del sistema electoral para que se desbloqueen las listas. Dos compromisos que ya adelantó la semana pasada con objeto de atraerse el apoyo de C's.
"Si todos queremos, acabaremos con la corrupción"
"Si todos queremos, acabaremos con la corrupción. Si hacemos lo que decimos, acabaremos con la corrupción. Si hacemos lo que decimos, acabaremos con la corrupción. Si hacemos lo que tenemos que hacer, acabaremos con la corrupción", enfatizó. "Hay pocas excusas", dijo, para no "compartir", aun con matizaciones, el paquete anticorrupción propuesto.
El segundo eje del discurso de Díaz pivotó en torno a la creación de empleo –la tasa de paro es del 33,62%, de las más altas de España– y la reforma del modelo productivo. Así, defendió la necesidad de un nuevo modelo económico basado en el valor añadido y "no en salarios bajos ni en malas condiciones laborales", priorizando la economía "real" sobre la especulativa. La Junta movilizará unos 3.000 millones de euros de recursos públicos para favorecer la creación de empleo. Se comprometió con establecer una política de apoyo al trabajo de los autónomos, con un plan para aflorar la economía sumergida y otro de lucha contra el fraude fiscal.
La presidenta prometió rebajar entre 2 y 3,5 puntos el tramo autonómico del IRPF para las clases medias y bajas, y bajar el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Además, se incrementará en un 20% el gasto público en I+D+i, y se destinarán en torno a 1.000 millones hasta 2020 de manera que el gasto total en innovación supere el 2% del PIB.
Blindaje de la sanidad y la educación
Tercer bloque: avances en medidas sociales, un "auténtico rescate ciudadano", señaló, copiando la terminología de Podemos. Aquí Díaz prometió incrementar a lo largo de la legislatura en 12.000 las plazas de educación infantil de 0 a 3 años, que se añadirán a las 3.000 que se ofertan para 2015-2016; contratar para sustituciones a entre 400 y 500 profesores de infantil, primaria y secundaria y promover un pacto por la educación para "blindar" un sistema de calidad y un plan para el éxito escolar.
Para garantizar la prestación universal de los servicios sanitarios y blindar el sistema, Díaz propuso una Ley de Garantía y Sostenibilidad. También puso sobre la mesa cifras concretas: reducir a 90 días el tiempo de espera para aquellos pacientes que tengan que ser intervenidos por enfermedades cardiacas, establecer un plazo máximo para acceder a técnicas de reproducción asistida, hacer extensivo el cribado de cáncer colorrectal y extender el consejo genético para prevenir y detectar el cáncer de mama. La presidenta propuso contratar a entre 400 y 500 efectivos de personal sanitario para los servicios de urgencia y otros servicios prioritarios.
Díaz adelantó su intención de elevar un 10% la inversión en dependencia en Andalucía y proponer al Gobierno central un pacto de Estado para blindar su aplicación.
Contra la pobreza energética
Díaz buscó el acercamiento con Podemos en dos medidas claves. Propuso reducir en un 10% el número de altos cargos y contratos de alta dirección y personal eventual existente en el Gobierno regioanl y elaborará un plan de eficiencia del sector público. La semana pasada, el PSOE plasmó por escrito su compromiso de rebajar en un 5% el volumen de cuadros. La formación morada pretende una reducción drástica, de tal forma que de directores generales hacia abajo los puestos sean ocupados por funcionarios.
Además, Díaz prometió incentivar por todos los medios al alcance de la Administración autonómica, "apurando" las competencias de la Junta, que las entidades financieras "busquen alternativas para evitar el drama de las familias desahuciadas y sin alternativa de un lugar donde vivir".
Así, se promoverá una reforma de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias para lograr que las entidades financieras incluyan en las condiciones generales de los contratos de préstamo hipotecario la adhesión al sistema arbitral de consumo. Se incluirá en esas condiciones de las contrataciones que realice la Administración con los bancos la obligación de adherirse a ese sistema arbitral. Esa formulación no responde exactamente a la exigencia de la formación morada, que quiere que la Junta no convenie con bancos que desahucien.
Díaz propuso que el Parlamento, por acuerdo de todos los grupos, se dirija al Gobierno de España para que retire su recurso a la Ley Antidesahucios de 2013.
La presidenta en funciones se comprometió a plantear un proyecto de ley para asegurar los suministros vitales, como agua y luz, a las familias con menos recursos. Una medida, por tanto, para combatir la pobreza energética.
Entre otras medidas, incluyó la extensión de la paridad a todos los niveles de la Administración andaluza, la mejora de la Ley de Igualdad, un pacto social y una ley contra la violencia de género, una ventanilla única para la atención a las víctimas de la violencia machista y la aprobación de leyes del cine, del sector audiovisual y de las artes escénicas.
"Cumplamos con nuestra obligación"
"Todos cometemos errores. Yo, la primera, y ustedes harán bien en reprochármelos porque la razón siempre está repartida, igual que está repartida la confianza que los ciudadanos han depositado en todos y cada uno de nosotros –señaló Díaz, como alegato final–. No los defraudemos. Me permito pedirles que devolvamos a los andaluces esa confianza que los andaluces han puesto en nosotros. Que cumplamos cada uno con nuestra obligación, en el Gobierno o en la oposición". Así que la decisión ahora es de los grupos, que han de pensar, les apremió, en la gente que está fuera.
Porque a Andalucía, insistió, le urge tener un nuevo Ejecutivo ya: "Yo presento mi candidatura, mi programa de gobierno y honestamente creo que, tras los resultados electorales y el apoyo recibido en las urnas, soy la única que está en condiciones de hacerlo. Por eso les pido que permitan que Andalucía cuente de inmediato con un nuevo Gobierno. Prometo solemnemente y me comprometo ante todos ustedes. y ante todos los andaluces, a gobernar desde el diálogo y el acuerdo, buscando la unidad, la concordia y el bienestar de los andaluces".
Este martes los grupos responderán a partir de las diez de la mañana, y luego se producirá la primera votación, en la que Díaz previsiblemente no saldrá investida presidenta. A las 48 horas, la segunda ronda. Ciudadanos podría abstenerse, pero Podemos por ahora mantiene su negativa.
Podemos se mantiene en el 'no'
La secretaria general del partido, Teresa Rodríguez, expresó de hecho su insatisfacción con el discurso de Díaz, porque entiende que no tiene "voluntad" de acuerdo y porque no contesta a sus exigencias. "No hay respuesta a nuestros planteamientos ni garantías para cambiar de posición. No hay voluntad de Díaz de gobernar con la mano tendida para escuchar las propuestas del resto de grupos. Queremos un giro en algunas políticas y seguimos en la misma posición", dijo a los periodistas, informa Europa Press. Rodríguez dijo que la intervención de la jefa del Ejecutivo en funciones "no parece" la de una presidenta, sino más bien la de alguien que "acaba de llegar, es nueva y no ha diseñado el marco de austeridad y recortes en Andalucía". La dirigente subrayó que muchas de las promesas son "repetidas" de la anterior legislatura y que "ha vuelto a desempolvar". Podemos demanda "hechos, actos" y no sólo palabras, y tampoco rebajará sus condiciones, expresó. Es decir, persiste en su línea roja de que se apruebe algo tan sencillo como "cambiar" las cuentas corrientes de la Junta con las entidades que ordenan desahucios y que la Administración funcione "con independencia" del Gobierno.
El líder de C's en Andalucía, Juan Marín, sí aplaudió los "guiños" a su partido, con un "copia y pega" de su pacto anticorrupciónpacto anticorrupción. Pero de momento votará mañana no en la primera ronda porque Díaz no les sacó "de la desconfianza". "Muchas propuestas, de muchas leyes, de mucha gestión, pero que ya hemos escuchado en muchas ocasiones y que no nos sacan de la desconfianza y dudas que hasta ahora se han producido porque después no se han cumplido", indicó. Pero el partido analizará esta tarde el discurso para decidir qué hacer en las siguientes votaciones.
PP e IU se mantienen en su no. El presidente del PP-A, Juanma Moreno, calificó de"decepcionante" y "poco ambicioso" el discurso de investidura de la candidata socialista, al tratarse de "viejas promesas" de los Chaves y Griñán. "No encontramos ningún aliciente y no nos acerca a facilitar la investidura, en la que previsiblemente votaremos mañana no", comentó.
Antonio Maíllo, coordinador regional de IU, vio "flojísimo en el ámbito económico y de empleo" el discurso, y advirtió de que "es evidente que el acuerdo con la derecha, sea económica o política, está ya cerrado" y se verá en la votación.
"Es tiempo de tomar decisiones. Yo he tomado la mía y he presentado ante esta Cámara un programa de gobierno, con la mejor intención del mundo. También ustedes han de tomar decisiones". Susana Díaz no cuenta aún con la seguridad de que pueda ser elegida presidenta de la Junta de Andalucía en esta semana, porque la negociación con Ciudadanos, y sobre todo con Podemos, sigue abierta. Pero lo que acababa de hacer, exponiendo durante más de hora y media su programa de gobierno, su "decisión", iba encaminado a conseguir el apoyo o la abstención de ambas fuerzas. Y para ello desgranó medidas dirigidas a seducir especialmente a ellos dos. Al partido de Albert Rivera, con el "más ambicioso" paquete de lucha contra la corrupción que ninguna Administración pública "se haya propuesto jamás". Y a la formación de Pablo Iglesias, planteando una reducción del 10% de altos cargos –el doble de lo que el PSOE prometió hace menos de una semana– y ofreciendo la normativa "más avanzada" de España para paliar el drama de los desahucios, obligando a los bancos a que se adhieran al sistema arbitral de consumo como condición para contratar con la Junta.