La reapertura de los centros educativos no deja de levantar disensos entre las comunidades. La posibilidad de una vuelta inmediata a las aulas –en la segunda fase, sólo para determinadas etapas formativas y de forma voluntaria– parece haber generado el rechazo generalizado de las comunidades, especialmente en lo que respecta a los niños de cero a seis años. La mirada se desvía ahora hacia otro horizonte: septiembre. ¿Cómo será la reincorporación entonces?, ¿se tomará nota de las lecciones aprendidas en los últimos dos meses?
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, mantuvo este jueves la tercera Conferencia Sectorial con los consejeros autonómicos. El objetivo, poner en marcha un grupo de trabajo que siente las bases para construir el regreso a las aulas. Se hará sobre tres posibles escenarios: un primero en el que la epidemia permita recuperar la normalidad de las clases presenciales, un segundo donde el avance del virus obligue a mantener la distancia física y un último marcado por un posible rebrote y el consecuente confinamiento de la población.
"En todo caso, se deberán programar contenidos y actividades educativas adecuadas para la enseñanza a distancia y online y hacer previsiones para la eventual evaluación a distancia de partes del curso", esgrime el departamento. El futuro académico, todo parece indicar, deberá incorporar la enseñanza online a la rutina de estudiantes y profesores. "Para ello, se aprovecharán las buenas prácticas desarrolladas durante los meses de actividad lectiva en el presente curso escolar".
Dos meses de aprendizaje
El Ministerio de Educación ha trazado algunas pautas que prevé integrar en el plan con las comunidades antes del periodo estival. "Será necesario dotar de equipamiento tecnológico a los centros educativos y desarrollar actividades de formación intensiva del profesorado para la utilización de recursos en línea, así como diseñar planes de preparación del alumnado para la utilización de herramientas y plataformas digitales", asume la cartera. En este sentido, la ministra ha anunciado que su departamento está ya trabajando con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para "diseñar un programa de cooperación territorial que permita incrementar los recursos para avanzar en la digitalización".
Se trata, aduce, "de reforzar los recursos y competencias digitales, tanto a través de plataformas como de dispositivos de uso personal y formación del profesorado. Para la actividad educativa a distancia se diseñarán planes de seguimiento y apoyo al alumnado con dificultades para seguir esta modalidad de actividad lectiva".
Andrea G. Henry, presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae), pone el acento sobre la oportunidad que se abre. Lo cierto es que "las buenas prácticas están muy ceñidas a un centro, localidad o comunidad", pero no se han experimentado "buenas prácticas generalizadas", lamenta. La experiencia dicta que la evolución de la enseñanza online no ha sido igual para todos y ese es precisamente uno de los principales problemas detectados. Por ello, estima, "se deberían unificar criterios y crear espacios comunes para todas las comunidades autónomas". Un ejemplo de buenas decisiones, cita, fueron los contenidos emitidos por la televisión pública para que "los alumnos tengan al menos sensación de rutina". Ahí, la estudiante sí concede el aprobado a la administración.
Sobre las materias pendientes, se toma algo más de tiempo. "Sí ha habido malas prácticas, como el abuso de la multiplataforma: usar una diferente para cada asignatura", traza. En ese sentido, cree positivo el desarrollo de una "plataforma general" que contribuya a agilizar las clases. La educación a distancia, añade la representante de los estudiantes, debe asumir una reconfiguración de sus bases. "No se puede basar en seguir simultáneamente en casa lo que se imparte en el aula, porque no hay manera de asegurar el seguimiento real de los alumnos que están en sus casas". Entiende, por tanto, que la metodología debe estar centrada "en el propio estudiante" y su desarrollo autónomo, lo que implica además garantizar "el acceso a los medios necesarios".
La alumna se confiesa optimista: avanzar requiere "tiempo e inversión de recursos", pero todos estos meses "han ayudado a muchos profesores e incluso ahora está yendo mucho mejor que en la primera semana".
"No han estado a la altura"
Pocos visos de mejora se entrevén en otros frentes. Coral Latorre, portavoz del Sindicato de Estudiantes, insiste en que los alumnos "no pueden volver a los centros antes de septiembre porque no se dan las condiciones". Y esa vuelta, recalca, tampoco será posible sin un "plan de rescate a la educación pública". A su juicio, "la única forma de garantizar una vuelta a las aulas es poner en marcha un plan de rescate", porque a día de hoy "hablar de buenas prácticas es un insulto a todo el sufrimiento de las personas con menos recursos", que han sido a su vez "las más golpeadas" por la crisis.
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En ese camino, reclama "una inversión del 7% del PIB, la contratación masiva de profesores, planes de refuerzo, terminar con la brecha digital y dotar de los recursos materiales" necesarios para que la educación pública "sea un ariete en la lucha contra la desigualdad". De lo contrario, advierte, "el próximo curso va a ser una escabechina total".
Tampoco Mario Gutiérrez, líder de Educación de CSIF, concede tregua. "La lección fundamental es que las administraciones no han estado a la altura y los únicos dignos son los docentes", lanza. Tacha de "sorprendente" que no haya sido hasta mediados de mayo cuando se han sentado las bases para un plan de trabajo conjunto hacia septiembre. "Desde el principio del estado de alarma pedimos trabajar en el curso siguiente", reprocha.
Gutiérrez también reclama que "se concrete la financiación económica" y la contratación de docentes. Recuerda además que el tiempo apremia: no está todo el verano por delante, sino que "estamos hablando de un mes o mes y medio para tener el plan, concretar medidas, pensarlas, razonarlas y después llevarlas a la práctica". Los dos meses transcurridos hasta hoy, reitera, "sirven para confirmar que las administraciones no han aprendido nada". Y en el medio, sentencia, "los docentes, el alumnado y sus familias".