El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado en diciembre por la Generalitat de Cataluña contra la Ley de Seguridad Nacional, dando traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno en funciones, que disponen de un plazo de quince días para personarse en el proceso y formular alegaciones.
El recurso fue interpuesto tras la reforma del alto tribunal que le permite multar a cargos y empleados públicos que incumplan sus resoluciones.
Rajoy incumple sus propios decretos y mantiene bajo mínimos la actividad del Consejo de Seguridad Nacional
El Govern recurrió al Constitucional al entender que tanto la reforma del TC como la ley de Seguridad Nacional "vulneraban garantías constitucionales" y alteraban el equilibrio de los poderes del Estado. El Consell de Garanties Estatutàries también había apuntado a varias vulneraciones.
La ley, que contó con el apoyo del PP y el PSOE para su aprobación, sirve para cubrir el vacío existente ante situaciones en las que no se considera necesario decretar el estado de alarma, de excepción o de sitio, e introduce la denominación "situaciones de interés para la seguridad nacional", según defendió el Ejecutivo de Mariano Rajoy durante su tramitación.
Según el Gobierno, la ley prevé una respuesta frente a nuevos riesgos y amenazas, en concreto la yihadista, y una sistematización de los protocolos de seguridad de cara a estos riesgos. No obstante, los partidos nacionalistas e independentistas, entre ellos la antigua CiU y ERC, consideran que la norma pretende "explotar la idea de unión nacional empleando el discurso del miedo".
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado en diciembre por la Generalitat de Cataluña contra la Ley de Seguridad Nacional, dando traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno en funciones, que disponen de un plazo de quince días para personarse en el proceso y formular alegaciones.