El TC arrancará 2023 renovado y con mayoría progresista pese al intento de bloqueo del PP

Y en solo veinte minutos se puso fin a un bloqueo que parecía perpetuo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este martes, en un Pleno extraordinario que parecía de nuevo abocado al fracaso, desatascar la renovación del Tribunal Constitucional con la designación de los dos magistrados que le corresponden. El acuerdo se adoptó por unanimidad. Y fue posible gracias a la decisión del sector progresista de renunciar a su candidato oficial –el magistrado José Manuel Bandrés– para facilitar unos cambios en la corte de garantías que llevaban pendientes desde el pasado mes de junio. "En nuestra mano estaba acabar con la crisis y lo hemos hecho", sostienen. Un giro de guion navideño que, si no hay sorpresas de última hora, permitirá al Constitucional arrancar 2023 con una mayoría progresista y con asuntos tan sensibles pendientes de resolver como el aborto, la eutanasia o la reforma educativa.

El cónclave del que ha salido la fumata blanca era el segundo intento del órgano de gobierno de los jueces por desatascar la situación. El primero fue hace justo una semana, en plena resaca por la decisión del Constitucional de impedir la tramitación de una reforma normativa que buscaba justamente propiciar su renovación. A aquella reunión acudieron conservadores y progresistas totalmente distanciados. Unos poniendo sobre la mesa los nombres de César Tolosa y Pablo Lucas –perfil conservador y progresista, respectivamente–. Los otros insistiendo en Bandrés, su candidato oficial. Fue un encuentro tenso, en el que parte de los vocales conservadores maniobraron para apartar a una vocal progresista de la votación y así poder imponer sus nombres. Pero la jugada fracasó. Y no hubo designación posible.

Con este precedente, nadie daba un duro por el Pleno extraordinario de este martes. Pero, de pronto, el camino se despejó. En menos de media hora. Pasadas las 16.30 horas, el cónclave dio comienzo con todos los vocales sentados a la mesa –ocho de ellos de forma telemática–. Y a las 16.49 horas, apenas veinte minutos después, ya estaba todo listo. Por unanimidad, quedaban designados el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa, y la expresidenta de la Cuarta, María Luisa Segoviano, de perfil progresista aunque sin afiliación conocida a asociación profesional. Los dos nombres fueron puestos sobre la mesa por el bloque conservador. Pero salieron adelante gracias a la renuncia que hizo de su propio candidato el sector progresista en el órgano de gobierno de los jueces.

En este bloque aseguran que no se ha dado el paso ante la posibilidad de que alguno de los compañeros se convirtiera en un verso suelto durante la votación. "Creo que no había ese riesgo", apuntan. La explicación, más bien, hay que buscarla en lo insostenible de la situación. "Era preciso salir de este bucle. Y había que hacerlo así, en forma de cesión responsable, dado que la vía de la negociación y el consenso ya se ha visto que era imposible", sostienen algunos vocales, que no ven con malos ojos el nombramiento de Segoviano, una mujer de "ideas progresistas y feministas". Una "cesión responsable" con la que expulsan de una vez del Tribunal Constitucional a Pedro González-Trevijano, su presidente. Y, con él, a otros tres magistrados con el mandato caducado: Antonio Narváez, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares.

Del aborto a la eutanasia

El bloqueo en el Poder Judicial era, justamente, lo que dificultaba la renovación del tercio de magistrados que corresponde al órgano de gobierno de los jueces y al Ejecutivo –cuatro sustituciones que ambos siempre han hecho en conjunto–. Ahora, con las designaciones del CGPJ y los nombres puestos sobre la mesa por el Gobierno a finales de noviembre –el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo Laura Díez–, la corte de garantías está lista para renovarse. De hecho, González-Trevijano ya ha acordado, una vez se reciba el acuerdo del Poder Judicial, "convocar de forma inmediata" el preceptivo Pleno para dar el plácet a los cuatro magistrados. Una formalidad en la que los miembros del Constitucional únicamente valoran si los candidatos cumplen con los requisitos establecidos.

Una vez superado este trámite, los nombramientos se publican en el BOE y se coordinará con la Casa Real para organizar el juramento de los magistrados. "Probablemente, para la semana de después de Reyes se pueda llevar a cabo la toma de posesión", apuntan fuentes jurídicas consultadas. De esta manera, el Constitucional arrancará 2023 completamente renovado –la próxima renovación no toca hasta 2026– y con una mayoría de corte progresista. En concreto, de siete a cuatro, que podría cambiar a 7-5 cuando el Senado ocupe la silla del magistrado conservador Alfredo Montoya, que renunció el pasado verano. Además, será previsiblemente uno de los miembros progresistas quien ostente la presidencia de la corte de garantías, por lo que este sector contará también con el voto de calidad en caso de empate.

Este nuevo Constitucional tendrá que resolver asuntos de enorme calado político y social que quedaron aparcados a la espera de que se produjese el esperado desbloqueo. Uno de ellos es el recurso del PP contra la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, una norma que ha sido reformada de nuevo y que lleva en un cajón desde hace doce años. Pero sobre la mesa de la corte de garantías se encuentra también la Ley de Eutanasia, la reforma educativa –conocida popularmente como Ley Celáa–, la reforma laboral o la Ley Rider, que obliga a las empresas de reparto a contratar como asalariados a sus empleados. Y diferentes recursos impulsados por la derecha política en relación con la vivienda, los desahucios, el ingreso mínimo vital o la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad.

Medio año impidiendo los cambios

El paso dado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pone fin a medio año de bloqueo por parte de la derecha política y judicial. Porque lo que se ha decidido este martes tenía que haber sido una realidad la pasada primavera, cuando cumplía el mandato de Trevijano, Narváez, Xiol y Martínez-Vares. Entonces, el asunto quedó en stand by. Fundamentalmente, por los cambios normativos impulsados desde el Gobierno que impedían al órgano del gobierno de los jueces hacer nombramientos mientras estuviera en funciones –lleva ya más de cuatro años en esta situación–. Sin renovación del CGPJ no había posibilidad de llevar a cabo estas designaciones de magistrados al Tribunal Constitucional. Y en el PP no estaban dispuestos a abrir ese candado.

El Gobierno decidió entonces retocar la ley para que el Poder Judicial pudiese hacer estos nombramientos concretos a pesar de estar con el mandato caducado. Aquella reforma, aprobada en julio, incluía, además, una cláusula que obligaba al órgano de gobierno de los jueces a realizar las designaciones, como muy tarde, a mediados de septiembre. Pero el gobierno de los jueces optó por incumplir los plazos legales. Durante el verano, los contactos entre los bloques para abordar la renovación fueron completamente inexistentes. Y el Pleno convocado sobre este asunto por el entonces presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, a la vuelta de las vacaciones solo sirvió para aprobar las reglas del juego que guiarían la elección de sus magistrados a la corte de garantías, nada más.

De hecho, para cuando comenzaron las negociaciones entre sectores ya se había rebasado el límite marcado por ley. Y, a pesar de ello, el bloque conservador continuó dilatando los tiempos todo lo posible. Primero, alegaron falta de candidatos. Luego, que había que esperar a la visita del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. Más tarde, que era necesario un cambio de metodología, con el que los vocales designados a propuesta del PP buscaban tener capacidad de veto sobre los nombres planteados por la contraparte. Y, por último, que el magistrado oficial elegido por los progresistas en una reunión interna en la primera semana de noviembre no les gustaba. Una parálisis que tuvo como punto álgido la dimisión de Lesmes.

El Poder Judicial desbloquea la renovación del TC nombrando a César Tolosa y María Luisa Segoviano

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Los conservadores han evitado, durante meses, poner nombres sobre la mesa. De hecho, no lo hicieron hasta que el Gobierno maniobró con una reforma a golpe de enmiendas con la que se rebajaba de tres quintos a mayoría simple la barrera para hacer los nombramientos de magistrados al TC en el Poder Judicial, lo que hacía perder a los conservadores la capacidad de bloqueo con la que llevaban meses jugando. Fue entonces cuando a los vocales nombrados a propuesta del PP le entraron las prisas. Pidieron Plenos con urgencia para abordar la renovación de la corte de garantías. Y, por primera vez, plantearon posibles candidatos, aunque fueran exclusivamente los que ellos consideraban. Los primeros, Tolosa y Lucas, el magistrado encargado de controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Una crisis sin precedentes

Con este grupo de vocales desactivado, fue el PP el que pasó a mover ficha. La formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo decidió llevar al Constitucional las enmiendas a la reforma del Código Penal con las que, justamente, el Gobierno buscaba propiciar el desbloqueo de la corte de garantías. Y pidió que se suspendiera su tramitación. La solicitud fue aceptada por el Pleno del máximo intérprete de la Ley Fundamental, que ordenó por primera vez en su historia paralizar una iniciativa legislativa en plena tramitación parlamentaria. Una decisión que se adoptó gracias a los votos, precisamente, de aquellos magistrados a los que la propia reforma normativa enseñaba la puerta de salida, a pesar de que PSOE, Unidas Podemos y hasta la Fiscalía pidieron que se apartaran.

Tras el varapalo, y a la vista de que la renovación quedará bloqueada sine die, el Ejecutivo planteó verter el contenido de las enmiendas paralizadas en una proposición de Ley y tramitar por esta vía los cambios legales para forzar el desbloqueo. Ahora, con la decisión del Poder Judicial, este movimiento deja ya de ser una prioridad –hasta 2031 no se renovará de nuevo el tercio correspondiente a Gobierno y CGPJ–. En Moncloa celebran que se haya puesto fin a una de las crisis institucionales más importantes de los últimos años. Pero en el PP siguen dispuestos a intentar poner palos en las ruedas. Tanto que ya ha pedido al Ejecutivo que se olvide de Campo y Díez y elija "dos perfiles de ejemplaridad contrastada".