A menudo parece que el procés está en un callejón sin salida. El Tribunal Constitucional ha vuelto a intervenirlo la semana pasada tras suspender (en principio por cinco meses) la hoja de ruta del Parlament de Cataluña que preveía la celebración de un referéndum sobre la independencia "como muy tarde en septiembre del 2017", con o sin el aval del Estado. La noticia se produjo casi en paralelo a la comparecencia de la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Sobre ella pesa una querella por permitir el debate sobre las conclusiones de la comisión parlamentaria de estudio del proceso constituyente del pasado mes de julio.
Este último golpe del TC se ha producido a raíz de la admisión a trámite del último incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno de Rajoy contra las resoluciones soberanistas aprobadas por el Parlament el pasado 6 de octubre. Así, el TC acuerda advertir al Govern de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que ignore o eluda la suspensión". También advierte de las responsabilidades, incluida la penal, en la que la Generalitat podría incurrir.
En concreto, los apartados de los capítulos intervenidos son los denominados "El futuro político de Cataluña", "Referéndum", "Referéndum, amparo legal y garantías" y "Proceso constituyente". El Constitucional no ha tocado, sin embargo, la resolución que apuesta por la celebración de un referéndum pactado con el Estado. Esta había sido acordada entre Junts Pel Sí y Catalunya Sí Que Es Pot.
"¿Irán con los tanques a quitar las urnas? ¿Enviar matones? Se empecinan en un callejón sin salida", dijo el portavoz en el Congreso de Pdecat (antigua Convergència), Francesc Homs, a raíz de la última suspensión del TC que él calificó de "provocación". Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió la actuación del órgano porque, en su opinión, "promover un referéndum sobre la independencia no está dentro del ámbito de competencias de un parlamento autonómico y lo que hace el Constitucional es recordarlo".
Desde que en septiembre del 2012 (primera gran Diada de Catalunya bajo el lema Catalunya, nou estat d’Europa) arrancara oficialmente el denominado procés, el Tribunal Constitucional ha intervenido en diferentes ocasiones al entender muchas resoluciones del Parlament como un "desafío" a las competencias y leyes del Estado. Aquí hacemos un repaso de las más importantes.
El Estatut catalán del 2006
Para muchos, el Estatut de Cataluña del 2006 fue el punto de inflexión del independentismo que, hasta ese momento, no era mayoritario en Cataluña (si bien siempre existió históricamente). El Estatut catalán entró en vigor el 9 de agosto del 2006 tras ser apoyado por el 73,9% de los catalanes. Un año antes este documento había sido aprobado en el Parlament con los votos de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA, y tomado en consideración por el Congreso de los Diputados posteriormente. El PP (tanto catalán como español) lo rechazó y presentó un recurso ante el Constitucional por el hecho de que el texto se tramitase como reforma estatutaria y no constitucional. En el 2006, el TC rechazó a la admisión a trámite de este recurso. Pasqual Maragall (PSC) era el presidente de la Generalitat. Corrían los tiempos del tripartito.
En enero del 2006, José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas, entonces líder de CiU, se reúnen en secreto y acuerdan incluir el término "nación" en el preámbulo del Estatut (y no en el primer artículo, como inicialmente había planteado el Parlament), así como definir Cataluña como "nacionalidad" en el articulado. También pactan una Agencia Tributaria propia y la cesión del 50% de los impuestos. El PP arranca una campaña de firmas para pedir que se celebre un referéndum a nivel estatal sobre el Estatut catalán.
El Congreso de los Diputados vota a favor del texto acordado por Mas y Zapatero. Solo dos partidos votan en contra: el PP y… ERC, que estaba a favor del primer texto salido del Parlament.
En julio del 2006, el PP acude de nuevo al TC. Entre sus demandas está que elimine la definición de Cataluña como "nación" y el "deber" de saber catalán. El Estatut entra en vigor un mes después, pero ese mismo año el órgano admite a trámite el recurso de los populares. El resto es historia: en junio del 2010, el TC avala la mayor parte del Estatut, pero declara inconstitucionales 14 artículos. "La Constitución no conoce otra Nación que la española", dice la sentencia.
Más de un millón de catalanes salen a la calle para protestar bajo el lema Som una nació. Nosaltres decidim. Fue una de las manifestaciones más multitudinarias de la historia de Cataluña y sentó un gran precedente.
Declaración de soberanía
El pleno del Tribunal Constitucional anuló por unanimidad, en marzo del 2014, el primer principio de la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento catalán en enero de 2013 (meses después de la primera gran Diada del 2012). La declaración proclamaba al pueblo catalán como "sujeto político y jurídico soberano". Eso sí, el TC consideraba que las referencias para conseguir el "derecho a decidir" no eran inconstitucionales. Dejaba así la puerta abierta a la celebración de un referéndum siempre dentro del marco legal y constitucional vigente.
La declaración de soberanía de aquel año fue pactada por CIU, ERC e ICV-EUiA. Ciutadans, PP y PSC votaron en contra. Los tres diputados que entonces tenía la CUP dieron un "sí crítico" al texto que se reflejó a través de un voto a favor y dos abstenciones.
Consulta del 9N
El 9 de noviembre del 2014 se celebró en Cataluña una consulta (sin validez jurídica) sobre su futuro político. El Congreso de los Diputados, previamente, había rechazado por mayoría la moción en la que se solicitaba la celebración de un referéndum, por lo que el Parlament catalán decidió elaborar su propia ley de consultas para amparar legalmente la convocatoria del referéndum. Fue apoyada por CiU, ERC, ICV, CUP y PSC (que dio su visto bueno a la ley pero no a la consulta prevista para el 9N). Se posicionaron en contra el PP y C’s.
Tras el recurso del Gobierno del PP, el TC suspendió el decreto de convocatoria de la consulta del 9N, pero no así la ley de consultas. El entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, reconocía en octubre que no podría celebrarse la consulta del 9N por falta de garantías legales, por eso anunciaba un proceso de participación ciudadana amparándose en la ley que no había sido suspendida por el TC. Un total de 1,8 millones de personas votaron en el 9 de noviembre del 2014. Lo hicieron colectivos que habitualmente no pueden, como por ejemplo inmigrantes sin papeles. El 80% de los que votaron ese día dieron su sí a la independencia.
Hace dos meses, el TSJC mandó a Artur Mas y a sus exconsejeras Joana Ortega y Irene Rigau a juicio por un presunto delito de desobediencia y prevaricación. También hay una causa abierta contra Francesc Homs en el Tribunal Supremo.
Declaración rupturista del 9N
A principios de diciembre del 2015, el TC anuló por unanimidad (y en un tiempo récord, apenas tres semanas después de la declaración) la declaración soberanista del Parlament de Cataluña que dio inicio al proceso de ruptura con España. La declaración se produjo el 9 de noviembre del 2015 (fecha simbólica porque un año antes, en la misma fecha, se había celebrado la consulta) y fue posible porque los dos partidos independentistas de la Cámara (Junts Pel Sí y la CUP) tienen una mayoría de diputados, si bien no una mayoría de votos como reflejaron las elecciones del 27 de septiembre de ese mismo año.
El fallo, adoptado por unanimidad por los 11 magistrados, fue emitido tan rápidamente debido a su "trascendencia constitucional", lo que los llevó a darle "prioridad en su resolución". La sentencia consideraba que la resolución rupturista era "capaz de producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos" y aseguraba que podía entenderse un reconocimiento a favor del parlamento catalán y de la Generalitat "de atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución a las nacionalidades que integran la nación española".
La declaración del 9N fue uno de los pasos más importantes del procés. Las conclusiones de la comisión del Procés Constituent (el paso siguiente) fueron aprobadas por la Cámara catalana en verano del 2016, lo que supuso otro desafío más. Con esta nueva acción, el Parlament hacía caso omiso a la sentencia del TC y consumaba el acto de desobediencia más importante hasta ahora.
En agosto del 2016, el TC volvió a la carga y suspendió de nuevo, por unanimidad, estas conclusiones. También advirtió a la presidenta de la cámara, Carme Forcadell y al president, Carles Puigdemont, de su eventual responsabilidad, incluso penal, si ignoraban la suspensión.
Pobreza energética y corridas de toros
Las de la pobreza energética y las corridas de toros son dos de las leyes catalanes más recientes que el TC ha anulado. No tienen que ver propiamente con el procés, pero son entendidas también como un desafío al entender que Cataluña trata de invadir competencias que jurídicamente no le son propias.
En mayo de este año, el TC admitió a trámite otro recurso del Gobierno (entonces en funciones) del PP y dejó en suspenso, por al menos cinco meses, varios artículos de la ley catalana contra la pobreza energética y la emergencia habitacional. Consideró que invadía competencias estatales.
Entre las medidas que quedaron en suspenso estaban la obligación de los bancos de ofrecer alquiler a las familias antes de desalojarlas, así como la cesión temporal obligatoria a las administraciones que lo requieran del uso de viviendas vacías de entidades financieras. También la obligatoriedad de mediación entre los bancos y las familias para cancelar la deuda hipotecaria, tanto para quienes están a punto de perder su casa como para quienes arrastran una deuda tiempo después de perder su vivienda.
El Congreso acepta tramitar la iniciativa del PNV para no suspender a quienes incumplan resoluciones del TC
A principios de ese mismo mes, el Constitucional también admitió a trámite los recursos del Ejecutivo central contra tres leyes aprobadas por el parlamento catalán. A saber: una que imponía un impuesto sobre las viviendas vacías, la ley de igualdad entre hombres y la que regula la actividad de los gobiernos locales en Cataluña.
En cuanto a la tauromaquia, el TC anuló el pasado octubre el artículo 1 de la Ley catalana que prohíbe las corridas de toros, ya que considera que invade la competencia del Estado en materia de Cultura. La tauromaquia está considerada fiesta nacional y patrimonio cultural.
La abolición de las corridas de toros en Cataluña fue aprobada por el Parlament en el 2010 a partir de una iniciativa legislativa popular impulsada por la plataforma Prou!. La última corrida en la plaza Monumental de Barcelona se produjo el 25 de septiembre del 2011.
A menudo parece que el procés está en un callejón sin salida. El Tribunal Constitucional ha vuelto a intervenirlo la semana pasada tras suspender (en principio por cinco meses) la hoja de ruta del Parlament de Cataluña que preveía la celebración de un referéndum sobre la independencia "como muy tarde en septiembre del 2017", con o sin el aval del Estado. La noticia se produjo casi en paralelo a la comparecencia de la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Sobre ella pesa una querella por permitir el debate sobre las conclusiones de la comisión parlamentaria de estudio del proceso constituyente del pasado mes de julio.