El cierre definitivo de un acuerdo sobre una futura ley de amnistía abrirá una guerra sin cuartel en varios frentes. El primero será el parlamentario, con una derecha dispuesta a maniobrar para dilatar todo lo posible la aprobación de la norma. Y una vez el texto haya recibido el visto bueno, comenzará una más que previsible batalla judicial contra la ley de olvido jurídico. Una ofensiva en la que el Tribunal Constitucional (TC) jugará un papel central.
En Domenico Scarlatti, sede del máximo intérprete de la Ley Fundamental, son conscientes de la trascendencia del asunto que con toda probabilidad terminará llegando a sus mesas. Por eso, intentarán darle prioridad. No obstante, avisan de que su pronunciamiento podría demorarse, como mínimo, cuatro o cinco meses.
Recurso y cuestión de inconsticionalidad, dos vías diferentes
Todavía no se conoce la letra pequeña de la futura amnistía que PSOE y Junts siguen negociando. Sin embargo, no hay dudas de que la misma acabará bajo la lupa del TC. De hecho, lo dejó bien claro hace justo un mes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Todo aquello que sea injusto lo vamos a recurrir". Los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes pueden ser interpuestos por los propios partidos cuando disponen de cincuenta diputados o senadores. Una barrera que rebasa el PP pero a la que, sin embargo, no llega Vox. De ahí que la ultraderecha se incline por dar la batalla en el Supremo. De hecho, este martes ha anunciado su intención de querellarse contra Pedro Sánchez y contra los miembros de las mesas del Congreso y el Senado si admiten la iniciativa de olvido jurídico.
La admisión a trámite de un recurso de este tipo no produce la suspensión automática del precepto legal impugnado, salvo que sea el presidente del Gobierno quien recurra una norma autonómica y solicite la parálisis de su vigencia o aplicación. Otra cosa diferente son las cuestiones de inconstitucionalidad, un mecanismo al que pueden recurrir los órganos judiciales cuando consideran que "una norma con rango de ley" aplicable a una de sus causas puede ser contraria a la Ley Fundamental. La presentación por parte de un juez de esta cuestión paralizaría la aplicación de la amnistía para ese caso concreto hasta que el Constitucional se pronuncie sobre la misma. Es decir, el tribunal no dictará el archivo del procedimiento hasta que no haya una conclusión en Domenico Scarlatti.
Caso a caso (también en el caso de Puigdemont)
Se trata, por lo tanto, de un instrumento que no se utiliza con carácter general, sino circunscrito a cada causa. Puede, por tanto, darse el caso de que algunos jueces activen esta palanca suspendiendo temporalmente la aplicación de la amnistía en sus causas y que, al mismo tiempo, otros entiendan que dicho olvido jurídico es constitucional y lo decreten en sus procedimientos directamente.
Además, la cuestión solo puede plantearse cuando "el procedimiento haya concluido". Es decir, que si el Supremo quisiese dar ese paso en el caso que afecta al expresident Carles Puigdemont, antes el instructor, Pablo Llarena, tendría que concluir el sumario y enviar el asunto a la Sala de lo Penal, que sería la encargada de decidir si se presenta o no la cuestión de inconstitucionalidad.
La tramitación obligatoria del TC
En el Constitucional, por el momento, impera la calma. Al fin y al cabo aún no se conoce la ley de amnistía. Ni tampoco se sabe si los magistrados van a tener que enfrentarse solo a un recurso o también a cuestiones de inconstitucionalidad. No obstante, en Domenico Scarlatti son conscientes de la trascendencia que tendrá ese asunto. Por eso, las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre indican que se va a procurar dar prioridad a esas impugnaciones. Pero recuerdan que las mismas exigen "una tramitación", que en el caso de las cuestiones implica dar traslado al Congreso, Senado, Fiscaíal General del Estado o Gobierno. Por ello, las fuentes pulsadas por este diario señalan que, como mínimo, el pronunciamiento podría demorarse cuatro o cinco meses.
Hasta que el Constitucional resolviese cualquier posible cuestión de inconstitucionalidad, el procedimiento quedaría en stand by. Y en todo ese tiempo, según las fuentes jurídicas consultadas, no se podría ordenar, por ejemplo, la detención del expresident de la Generalitat. "Es muy difícil acordar medidas cautelares privativas de libertad con una ley de amnistía tramitándose", apuntan. Al fin y al cabo, recuerdan, estaríamos hablando de una privación de libertad "por un hecho que ya no puede perseguirse", pese a la "duda de constitucionalidad" que suscite la norma.
El fantasma de las recusaciones
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Que la batalla en el Constitucional va a ser intensa no es ningún secreto. Y tampoco se descarta que el transcurso de la misma vaya a estar marcado por los intentos de recusación a uno y otro lado. De hecho, las críticas a las declaraciones que María Luisa Balaguer hizo la pasada semana dan buena cuenta del ambiente que se respira. "¿Que la Constitución no mencione la amnistía prejuzga el resultado de una decisión? Yo creo que no. Puede tener encaje o no", dijo durante una entrevista radiofónica. Para algunos, esas palabras anticipaban su posición en el futuro pleito. Ella, sin embargo, lo negó en conversación con El Periódico de España: "Yo no tengo una preocupación por que vaya a ser recusada en una futura ley de amnistía porque no dije nada que me comprometiera".
El máximo intérprete de la Ley Fundamental cuenta con una mayoría progresista desde que se produjo su renovación a comienzos de año. Cambios que provocaron la entrada en Domenico Scarlatti de dos antiguos miembros del Gobierno: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Presidencia Laura Díez. Sobre ellos pesa también el fantasma de la recusación. Más si cabe en el caso del primero. Él fue, al fin y al cabo, quien tramitó y tuteló los indultos a los presos del procés. "La base de nuestra convivencia radica en el imperio de la ley, y ello se traduce en que nada ni nadie está por encima de ella", rezaba el escrito, de más de una treintena de páginas y firmado por el propio Campo, con el que el Gobierno justificaba la aplicación de la medida de gracia.
Quien sí estará en la deliberación, según El Confidencial, será el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. Aunque el magistrado decidiese apartarse hace meses de todos los recursos de amparo relacionados con el procés tras ser recusado por Puigdemont, entiende que eso no afecta al estudio de una futura ley de amnistía. Conde-Pumpido no ha sido, sin embargo, el único contra el que ha cargado en todos estos años el expresident. El dirigente independentista también intentó apartar a Enrique Arnaldo y Concepción Espejel alegando la "estrecha relación" de ambos con el PP. Pero fracasó. Habrá que ver si ahora, con la amnistía como cuestión de fondo, ambos vuelven a estar de nuevo en la diana de la recusación.
El cierre definitivo de un acuerdo sobre una futura ley de amnistía abrirá una guerra sin cuartel en varios frentes. El primero será el parlamentario, con una derecha dispuesta a maniobrar para dilatar todo lo posible la aprobación de la norma. Y una vez el texto haya recibido el visto bueno, comenzará una más que previsible batalla judicial contra la ley de olvido jurídico. Una ofensiva en la que el Tribunal Constitucional (TC) jugará un papel central.