El argumento lo expuso públicamente Cuca Gamarra a escasos instantes de que Isabel Perelló diera su primer discurso como presidenta del Tribunal Supremo ante el rey. La secretaria general del PP anunció que, en su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, el PP pedirá al Tribunal Constitucional la recusación del progresista Cándido Conde-Pumpido. Y lo hará por coherencia. No la del PP sino la del propio presidente del órgano de garantías, que ya se apartó voluntariamente de varios recursos de amparo relacionados con el procés en 2021 y 2023. "Lo hizo para garantizar la imparcialidad y la independencia del tribunal y que, por tanto, no pudiera ser cuestionado por los por los españoles", dijo Gamarra. "Por esa misma causa es por la que también pedimos que se aparte de este", añadió la secretaria general. Sin embargo, lo que ocurrió entonces es más que probable que no se repita. Porque las razones que el actual presidente dio entonces no serían admitidas hoy por sus compañeros magistrados. Y el PP lo sabe.
Conde-Pumpido se abstuvo el 7 de abril de 2021 después de que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y otros 12 condenados y procesados en la causa del procés lo recusaran en sus recursos de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo y otras resoluciones del alto tribunal en ese caso. Los dirigentes soberanistas basaron sus recursos contra él en unos artículos periodísticos sobre un acto en el que había participado en el Congreso en noviembre de 2017, apenas unos meses después de convertirse en magistrado del Constitucional, en el que, según Puigdemont y compañía, el juez había mostrado su convencimiento de la culpabilidad de los procesados. La recusación se basaba también en sus anteriores responsabilidades como fiscal general del Estado y como magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pese a que no formó parte del tribunal del proceso independentista ni participó en ninguna decisión relacionada con él.
En su escrito de abstención, enviado al entonces presidente del órgano, el conservador Juan José González Rivas, Conde-Pumpido negó que en ese encuentro en la Cámara hubiera anticipado un prejuicio sobre el caso, sino que simplemente se refirió a sentencias previas del Constitucional sobre los actos del Parlamento de Cataluña durante el referéndum soberanista en las que se hablaba de "la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la bandera de la democracia". El entonces magistrado negó también que el hecho de haber sido jefe del Ministerio Público o magistrado del Supremo pudiera encuadrarse en una de las causas de abstención o recusación que recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que se aplica en estos casos a los jueces del Constitucional.
Conde-Pumpido basó su petición de no formar parte de las deliberaciones en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que afirma que no solo deben apartarse de los casos que juzgan los jueces cuya imparcialidad se ponga en juicio basándose en hechos, sino que todos deben guardar "apariencia de imparcialidad". Es decir, que no basta ser imparcial, sino que también hay que parecerlo "desde el punto de vista de un observador exterior". A juicio de Pumpido, "la notoria controversia constitucional, social y política" generada por la causa de procés, imponía en ese momento "el mayor cuidado y exigencia en mantener la confianza e imparcialidad" en el Constitucional. Decidió apartarse "con el propósito de reforzar la apariencia y confianza" en el órgano de garantías. Siendo ya presidente, mantuvo la misma postura dos años después cuando Puigdemont recurrió en amparo la orden de detención que el magistrado Pablo Llarena dictó contra él y otros procesados fugados en enero de 2023. En ambos casos, sus compañeros aceptaron su abstención.
Oleada de recusaciones contra Arnaldo y Espejel
Pese a la petición de coherencia que ahora hace el PP a Conde-Pumpido para que vuelva a apartarse, la formación sabe que, con la entrada de los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel -ambos muy ligados a altos cargos de ese partido- en noviembre de 2021, el Constitucional, entonces presidido por el conservador Pedro González-Trevijano y con mayoría de miembros propuestos por el partido de Feijóo, se conjuró para evitar que casos como el de Conde-Pumpido pudieran repetirse ante la oleada de recusaciones contra Arnaldo y Espejel que acompañaba cada nuevo recurso de los líderes independentistas procesados o condenados por el Supremo. Así lo hizo cuando los mismos que habían conseguido sacar de sus casos al ahora presidente del tribunal de garantías en abril de ese año y a Antonio Narváez (propuesto también por el PP), lo intentaron con los dos magistrados conservadores recién nombrados apenas siete meses después. Y por unanimidad.
Las razones expuestas en el auto que inadmitió a trámite las recusaciones eran tajantes. En primer lugar que, a diferencia de en los tribunales ordinarios, en el Constitucional no se puede sustituir a los magistrados. Pero, además, recordaba que solo pueden serlo los "juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional", por lo que es normal sus miembros, antes de entrar en el órgano y en sus profesiones anteriores "se hayan pronunciado voluntaria u obligadamente" sobre materias jurídicas que puedan llegar a ser "objeto directo o indirecto" de la labor del órgano. Para apreciar parcialidad en esos pronunciamientos, hay que estudiar las condiciones concretas "de la relación con el litigio o con las partes" de cada integrante del tribunal. Ni "los trabajos académicos", ni "las opiniones vertidas en un periódico o la firma de un manifiesto", ni las "posiciones cercanas ideológicamente a las de un partido político" son motivos de recusación.
La abstención de Campo en la amnistía eleva la presión en el TC para que Macías también se aparte
Esta misma argumentación, aplicada a las abstenciones y recusaciones planteadas por los líderes independentistas, serán las que, previsiblemente, se apliquen al intento del PP de sacar a Conde-Pumpido de la deliberación sobre la ley de amnistía, según fuentes del Constitucional. Esas mismas fuentes explican además que, mientras la abstención del ahora presidente se produjo en recursos de amparo (que son casos que afectan a personas concretas) un recurso de inconstitucionalidad como el que ha presentado el principal partido de la oposición o una cuestión de inconstitucionalidad como la planteada por el Tribunal Supremo sobre la norma del olvido jurídico implican el "el control abstracto de la constitucionalidad de una ley" y no una resolución o sentencia de un caso específico procedente de los tribunales ordinarios.
Las abstenciones de Juan Carlos Campo y Laura Díez
Pese al establecimiento de ese criterio general, el Tribunal Constitucional ha seguido aceptando abstenciones de algunos de sus miembros. Alrededor de una decena de las presentadas por el magistrado progresista Juan Carlos Campo han salido adelante por haber participado como ministro de Justicia o como diputado del PSOE en la tramitación de varias normas recurridas o en recursos de amparo contra actos de la expresidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la relación que mantiene con ella. El Pleno también ha permitido la salida voluntaria de la también progresista Laura Díez en la tramitación de escritos contra varias normas sobre proyectos lingüísticos en Cataluña por haberse pronunciado sobre su constitucionalidad en varios informes oficiales mientras formó parte del Consell de Garantías Estatutarias de esa comunidad.
La relación de Díez con esos proyectos sobre el catalán es muy similar a la que el nuevo magistrado conservador, José María Macías -que este viernes tomó posesión del cargo-, tiene con la ley de amnistía. En su anterior cargo como vocal del Consejo General del Poder Judicial, Macías se pronunció de manera oficial en contra de la norma en un informe reclamado al órgano de gobierno de los jueces por el Senado durante su tramitación parlamentaria. También suscribió una declaración institucional aprobada en el Pleno de su anterior institución contra el olvido de los delitos de los independentistas que recogió después esa disposición. Campo también se ha apartado en este caso al haberse pronunciado sobre la amnistía en los informes sobre los indultos a los líderes independentistas condenados que el Gobierno aprobó mientras él era ministro. Ahora todas las miradas se han girado al compañero recién llegado.
El argumento lo expuso públicamente Cuca Gamarra a escasos instantes de que Isabel Perelló diera su primer discurso como presidenta del Tribunal Supremo ante el rey. La secretaria general del PP anunció que, en su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, el PP pedirá al Tribunal Constitucional la recusación del progresista Cándido Conde-Pumpido. Y lo hará por coherencia. No la del PP sino la del propio presidente del órgano de garantías, que ya se apartó voluntariamente de varios recursos de amparo relacionados con el procés en 2021 y 2023. "Lo hizo para garantizar la imparcialidad y la independencia del tribunal y que, por tanto, no pudiera ser cuestionado por los por los españoles", dijo Gamarra. "Por esa misma causa es por la que también pedimos que se aparte de este", añadió la secretaria general. Sin embargo, lo que ocurrió entonces es más que probable que no se repita. Porque las razones que el actual presidente dio entonces no serían admitidas hoy por sus compañeros magistrados. Y el PP lo sabe.