La Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha advertido este vierens de que la "lentitud" en la investigación al rey emérito que están teniendo tanto la Agencia Tributaria como la Fiscalía puede librarle de sus responsabilidades penales y fiscales. Según los cálculos de los Técnicos, el rey no habría declarado más de 7 millones de euros por los viajes pagados por su primo, pero avisan de que eso no cuadra con lo declarado por Alvaro Jaime de Orleans-Borbón contenido en la Comisión Rogatoria del fiscal de Ginebra, como recoge Europa Press. Esta advertencia de Gestha se produce después de que se haya hecho público que el rey emérito ha realizado una nueva regularización con Hacienda por la que ha tenido que pagar 4,1 millones de euros.
En cuanto a la cantidad regularizada por parte del rey emérito, los Técnicos de Hacienda calculan que puede estar entre 7,471 y 7,251 millones de euros, en función de si se hace repartiendo la regularización de los vuelos que le habría sufragado la fundación Zagatka, con sede en Liechtenstein, entre los ejercicios 2016, 2017 y 2018 o si lo hace por el saldo de las cuentas en el IRPF de 2016, que no ha prescrito. En ambos casos el pago al fisco ascendería a 4,1 millones de euros.
Sin embargo, Gestha tiene dudas acerca de los hechos regularizados, ya que encuentra una contradicción con el apartado sexto de la Solicitud de asistencia de la comisión rogatoria que envió el 16 de agsto de 2019 el fiscal de Ginebra, en la que señala que, según Alvaro Jaime de Orleans-Borbón, primo del rey y titular de la Fundación Zagatka, esta pagó un importe aproximado de 3 millones de euros en los gastos de viajes de Juan Carlos I y Corinna.
Según esto, Alvaro de Orleans habría reclamado a su primo, el rey emérito, que le reembolsara los gastos relativos a esos viajes y por ello, el 4 de enero de 2011, le fue transferido a la cuenta de Zagatka, por mediación de Dante Canónica, la suma de 2.867.722 euros de los viajes en los que habría incurrido Corinna.
Hacienda ha actuado "arrastrando los pies" por no abrir investigación
José María Mollinedo ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que la Agencia Tributaria ha actuado durante estos años "arrastrando los pies" por no abrir una investigación fiscal al rey emérito a pesar de todos los indicios con los que contaba. Entre ellos cita el comunicado de Zarzuela de marzo de 2020 en el que considera que se viene a reconocer que el rey había sido beneficiario de unas fundaciones, Lucum y Zagatka, radicadas en los paraísos fiscales de Panamá y Liechtenstein.
En su opinión, si se tratara de cualquier otro contribuyente, la Agencia Tributaria le habría abierto una investigación, pero cree que en este caso ha habido "escudos fiscales" por que no se ha abierto a pesar de que estima que hay indicios sólidos desde 2018 para haberla emprendido.
De hecho, recuerda que la Fiscalía Anticorrupción ya pidió al juez Egea en septiembre de 2018 que preguntara a la ONIF información si el rey emérito tenía cuentas en el extranjero. Sin embargo, recuerda que esta Unidad especializada en la investigación del fraude fiscal "despachó el asunto en 24 horas" al asegurar que no les constaba en sus bases de datos.
Por el contrario, Mollinedo considera que la presentación de sucesivas declaraciones complementarias por parte del rey Juan Carlos demuestra que sí tenía intereses en el extranjero y aunque es posible hacerlo si se refieren a distintos impuestos o años no prescritos, reclama que la Agencia Tributaria compruebe si esas declaraciones que ha realizado el emérito son "completas y veraces", como establece la Ley, y si se refieren a hechos que la Fiscalía del Tibunal Supremo no le ha notificado que los esté investigando.
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En este sentido, la Asociación de Técnicos de Hacienda recuerda que el 5 de junio de 2020 la Fiscalía del Tribunal Supremo asumió la investigación de la causa "AVE del desierto". Posteriormente, el pasado noviembre, el ministerio Público abrió unas diligencias de investiación por los fondos que el rey emérito recibió de un empresario mejicano y por su uso con tarjetas opacas. Y añaden que "aún queda una tercera investigación tras el aviso del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales a la Fiscalía Anticorrupción de un 'trust' en la isla de Jersey que se nutre de fondos en las islas del canal.
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Mollinedo reitera la petición a Hacienda de que abra una investigación fiscal al rey emérito y de que dote con un centenar de técnicos e inspectores de Hacienda a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que están investigando estos hechos para que puedan averiguar lo más pronto posible la implicación del monarca emérito.
En este sentido, Gestha recuerda que si Juan Carlos de Borbón ha cumplido todos los requisitos en sus declaraciones complementarias, según la ley vigente "ni siquiera sería calificado como un infractor tributario". Por ello, al ser calificada la regularización de "voluntaria y espontánea" se libraría de todas las responsabilidades penales y tributarias.
Los Técnicos de Hacienda creen que la ley da un trato muy favorable a las personas que regularizan su situación fiscal, mucho más que si defraudan a la Seguridad Social o con los fondos europeos. Por ello, lamenta que este trato "tan favorable" no se haya corregido en el Proyecto de Ley Antifraude que está en tramitación y para el que pide que se modifique el Código Penal en este sentido.
La Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha advertido este vierens de que la "lentitud" en la investigación al rey emérito que están teniendo tanto la Agencia Tributaria como la Fiscalía puede librarle de sus responsabilidades penales y fiscales. Según los cálculos de los Técnicos, el rey no habría declarado más de 7 millones de euros por los viajes pagados por su primo, pero avisan de que eso no cuadra con lo declarado por Alvaro Jaime de Orleans-Borbón contenido en la Comisión Rogatoria del fiscal de Ginebra, como recoge Europa Press. Esta advertencia de Gestha se produce después de que se haya hecho público que el rey emérito ha realizado una nueva regularización con Hacienda por la que ha tenido que pagar 4,1 millones de euros.