Garantizar "una redistribución equitativa y justa de los ingresos". Ese es el objetivo primordial de las medidas que plantea la Plataforma por la Justicia Fiscal –que integra, entre otros, a organizaciones como el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), CCOO, Attac u Oxfam–, un colectivo que "exige a los partidos" que incluyan en sus programas electorales medidas que giren en torno a tres ejes: fomentar la progresividad del sistema fiscal a través de una reforma, promover una ampliación de la Agencia Tributaria y exigir mayor transparencia a las grandes empresas.
En plena precampaña electoral, la mayor parte de los partidos ya han publicado sus propuestas a nivel fiscal. Los programas de unos y otros buscan equilibrar las cuentas de formas muy distintas, ya que mientras partidos como Ciudadanos se centran en los impuestos indirectos y proponen como medida estrella el establecimiento de un IVA único para todos los productos, en lugar de los tres tipos que existen actualmente, otros como el PSOE plantean establecer un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades. Por su parte, formaciones como Podemos se han enorgullecido de incluir las propuestas de los técnicos de Hacienda dentro de su programa.
Gestha, en cualquier caso, demanda "una respuesta política clara a nivel fiscal que luche contra la desigualdad, que garantice un sistema tributario suficiente, equitativo, eficiente y justo". Y, para ello, plantea varias medidas, que van desde reducir el peso de la tributación indirecta y compensarlo aumentando la progresividad de los impuestos directos hasta gravar "la acumulación de riqueza" o reformar el impuesto de sociedades para que afecte realmente a las grandes compañías.
Incrementar los tramos del IRPF y reformar sociedades
En este sentido, la Plataforma por la Justicia Fiscal pide de forma inconcreta que se de un mayor peso a "la capacidad económica del ciudadano y de las empresas" a nivel impositivo. José María Mollinedo, secretario general de Gestha explica que el impuesto cuya reforma puede influir más en la progresividad es el IRPF, y aboga por incrementar el número de tramos "por la parte de arriba", es decir, entre las rentas más altas. En la actualidad, las rentas que estén por encima de 60.000 euros pagan un 45%, sin distinguir entre quien percibe 60.001 euros anuales y quien gana 300.000.
De igual forma, Mollinedo explica que otra de las medidas necesarias, a juicio de la Plataforma, consiste en acabar con la "dualidad" en la recaudación de impuestos, ya que actualmente las rentas del trabajo y las del capital tributan por separado. "Y así, personas que por ejemplo tienen ingresos de un millón de euros conseguidos a través de dividendos tienen una tributación similar a la de un trabajador que gana 38.000 euros anuales", cifra el técnico de Hacienda, que plantea la necesidad de gravar en un mismo impuesto los ingresos, provengan de las rentas del trabajo o de las del capital.
Pero el IRPF no es el único impuesto que la Plataforma exige reformar: el tributo de sociedades también está entre los que recoge el documento, que plantea la necesidad de "tratar de acercar el tipo efectivo al nominal". Para ello, la propuesta clave es una que se encuentra en programas electorales como los de PSOE, Podemos, Ciudadanos o IU: la "revisión pormenorizada de todos los incentivos, deducciones y exenciones fiscales existentes para conservar únicamente aquellos que realmente aporten valor económico o social".
Y es que ahora mismo, según relata Mollinedo, el catálogo de bonificaciones muy grande y, además, las más beneficiadas son las grandes empresas, que en la práctica son las únicas que pueden acceder a deducciones como la que se pone a su disposición por invertir en i+D: de hecho, esta exención en concreto permite a las compañías ahorrarse más de 693 millones de euros al año. "Hay otra por comprar bonos y obligaciones del Estado, de la que se benefician muchos fondos de inversión", ejemplifica el experto, que denuncia que las grandes empresas "presentan una tributación media del 7% sobre el resultado contable, mientras que una pyme está tributando entre un 15% y un 16%".
Las propuestas de la Plataforma también incluyen la "exigencia a las empresas transnacionales de transparencia en materia de impuestos, mediante el requerimiento de un informe económico y de pago de impuestos en todos aquellos países donde están presentes que ha de ser de acceso público". De igual forma, se establecería un registro público donde constarían "los titulares reales de empresas, fundaciones y otras estructuras jurídicas", y plantea que una sola persona o familia no pueda tener más del 4% de una sicav, para evitar lo que ocurre en la actualidad: que muchas de estas sociedades –que tienen que tener un mínimo de 100 socios– no estén en la práctica controladas por un grupo pequeño.
El impuesto sobre el patrimonio es otro de los que aborda la Plataforma en su propuesta de reforma. A su juicio, habría que garantizar "unas bases mínimas de imposición" para evitar que se termine eliminando este impuesto en algunas comunidades, como ocurre en Madrid, donde está bonificado al 100%. También es necesario, a su juicio, revisar y armonizar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, "evitando la competencia a la baja entre comunidades autónomas actualmente existente", y "establecer un IVA reducido para los elementos básicos del consumo de los hogares (agua, gas, electricidad) y para una canasta básica de alimentos".
Duplicar los efectivos de la Agencia Tributaria
Pero para que todas estas medidas funcionen, sostiene el documento, es imprescindible luchar "contra la evasión y elusión fiscal", lo que implica "aumentar la dotación a la Agencia Tributaria de recursos tanto humanos como materiales para la lucha contra el fraude fiscal". Y aunque la Plataforma no ofrece cifras concretas, sí lo hace Mollinedo, que es tajante a la hora de pedir que se duplique el número de efectivos del organismo para alcanzar la media de las agencias tributarias de los países de la OCDE.
"La OCDE dice que nosotros tenemos la mitad de plantilla de la que deberíamos por el tamaño de nuestro país", denuncia el secretario general de Gestha, que explica que ahora mismo la Agencia Tributaria tiene unos 26.000 empleados y necesitaría "algo más de 25.000 más para tener una plantilla equivalente" a la media de los países de esta organización. "Teniendo la mitad de personal que ellos, no es extraño que tengamos el doble de economía sumergida", critica Mollinedo.
El aumento de efectivos, no obstante, es sólo una de las patas de la reforma planteada por la Plataforma. A su juicio, es también necesario cambiar radicalmente la estrategia "para poner mayor atención en las grandes bolsas de fraude, responsabilidad de grandes empresas y fortunas", ya que, según Mollinedo, aproximadamente el 80% del personal de la Agencia Tributaria se dedica en la actualidad a perseguir el fraude a pequeña escala en lugar de vigilar a los grandes contribuyentes.
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"La estrategia de la Agencia a la hora de perseguir el fraude se basa, básicamente, en el control de discrepancias, que no es ni más ni menos que comprobar las discrepancias que existen entre la información contenida en las bases de datos de Hacienda y la declaración de los contribuyentes", explica el secretario general de Gestha, que señala que normalmente a quien conduce este tipo de investigación es a pequeños infractores que "están mal asesorados, porque quien está bien asesorado por una gran compañía o un asesor muy especializado no deja rastro".
"Lo que provoca este sistema es que se termine poniendo la lupa sobre autónomos, microempresarios y trabajadores que han olvidado alguna partida en su declaración de renta", continúa Mollinedo, que esboza que para perseguir el fraude llevado a cabo por grandes empresas "tendrían que utilizarse parámetros diferentes" que se basasen, por ejemplo es comparar compañías de similar tamaño y facturación para detectar tributaciones anormales. Pero "el cambio no puede llevarse a cabo en 24 horas, necesita un proceso de formación y reorganización de la plantilla", admite el experto.
Además, la Plataforma plantea fomentar "una educación y una cultura de responsabilidad fiscal que redunde en los beneficios del cumplimiento de las obligaciones fiscales en el bien común y en un modelo social más justo, a través de campañas de sensibilización sobre los efectos negativos del fraude fiscal en la sociedad y de contenidos específicos en la enseñanza reglada". Y, para que estas medidas sean realmente efectivas, el objetivo último debería ser defender a nivel internacional "un régimen multilateral que evite la competencia entre Estados mediante estímulos fiscales, que aborde la transparencia fiscal internacional, el intercambio automático de información y la lucha contra el fraude".
Garantizar "una redistribución equitativa y justa de los ingresos". Ese es el objetivo primordial de las medidas que plantea la Plataforma por la Justicia Fiscal –que integra, entre otros, a organizaciones como el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), CCOO, Attac u Oxfam–, un colectivo que "exige a los partidos" que incluyan en sus programas electorales medidas que giren en torno a tres ejes: fomentar la progresividad del sistema fiscal a través de una reforma, promover una ampliación de la Agencia Tributaria y exigir mayor transparencia a las grandes empresas.