El miedo a perder voto femenino lleva a Feijóo a distanciarse de Abascal sin romper ningún pacto

La decisión del PP valenciano de asumir como propio el negacionismo de la violencia machista que predica Vox, y que trata de invisibilizar la violencia contra las mujeres diluyéndola en el concepto mucho menos concreto de la violencia doméstica, que según los ultras incluye la que se ejerce contra niños y ancianos, ha obligado al partido de Alberto Núñez Feijóo a tomar distancia con quienes ya se han convertido en sus principales aliados políticos. 

En Génova creen que lo único que puede privarles de sentar a Feijóo en la Moncloa a partir de 23J son los errores que puedan cometer de aquí al día de la votación, y aparecer ante la opinión pública como un partido que niega la existencia de la violencia machista es uno de ellos. Uno grave. Sobre todo en un país en el que, en lo que va de año, una mujer ha sido asesinada cada semana.

De ahí el interés del propio Feijóo por distanciarse del acuerdo valenciano y la decisión de Génova de extremar la vigilancia sobre los acuerdos pendientes en otros territorios. Lo ocurrido en València ha puesto en peligro un esfuerzo sostenido durante meses llevado a cabo para atraer el voto de las mujeres. Una estrategia que tomó la ley del sólo sí es sí como punto de partida para minar el crédito de los socialistas en el feminismo, especialmente de aquellas mujeres y colectivos que se sienten más incómodos con la autodeterminación de género que el Congreso convirtió en ley el pasado diciembre. Y que persigue, en última instancia, alimentar la imagen de un Partido Popular más centrado, capaz de asumir incluso la vigente Ley del Aborto y preocupado como nunca antes por los derechos de las mujeres.

Feijóo lleva varios días repitiéndolo: “Que nadie espere que vayamos a dar un paso atrás en la lucha por la igualdad y contra la violencia machista. Y cuando digo ni un paso atrás me refiero a que ni se me ocurrirá negarla ni se me ocurrirá hacer leyes que desprotejan a las mujeres” ni tampoco “derogar las propias leyes que ha hecho el Partido Popular”, proclamó en un desayuno en Madrid.

“Los que se dicen derecha”

El líder del PP no mencionó a Vox pero sí subrayó que se estaba refiriendo a “los que se dicen derecha. Ni vamos a hacer leyes como la ley del solo sí es sí ni vamos a negar ni dejar de luchar contra una lacra que nos deja cada año lamentablemente algo más de medio centenar de mujeres asesinadas a manos de sus parejas”. “Creo en el centro reformista”, añadió, “y ahí es donde me encontrarán”. 

Del lado de Vox captaron inmediatamente el mensaje. En línea con el esfuerzo que están haciendo para desbloquear obstáculos a los acuerdos de gobiernos con el PP —esa es la prioridad de Abascal, deseoso de que los electores visualicen la alternativa a Pedro Sánchez como un combo formado por las dos derechas— elaboraron y difundieron un documento de doce puntos en el que tratan de justificar su posición en materia de violencia contra las mujeres. Un texto que, según declaró el líder de Vox en una entrevista en Telecinco, pretende “servir de guía para las negociaciones de los gobiernos” de coalición con el PP. 

Para suavizar su posición, Vox habla por primera vez de “violencia contra las mujeres” y se compromete a “extirpar de nuestra sociedad los mensajes y discursos, civiles o religiosos, que promuevan o simplemente justifiquen la violencia contra la mujer”, al tiempo que proponen estudiar “el aumento de las agresiones sexuales, en especial los aberrantes casos de violaciones grupales, para determinar sus causas y elaborar los perfiles repetidos de los agresores para poder combatirlos con más eficacia”. Agresiones que Vox siempre ha relacionado con la llegada de inmigrantes a nuestro país.

No obstante, los de Abascal sigue creyendo que se trata de un fenómeno subsumible en la violencia doméstica. Su forma de afrontar el problema es, sobre todo, punitiva: prometen garantizar asistencia y ayuda a las mujeres que sufran violencia, proponen poner bajo sospecha a los violadores y pederastas que salgan de la cárcel después de cumplir sus penas, anuncian más años de cárcel para todos los violadores, incluyendo la prisión permanente, y apuestan por castigar penalmente y con más dureza a los menores que cometan este tipo de delitos.

Las personas trans

Y no sólo eso. El documento de Vox trata de poner el foco del problema de la violencia contra las mujeres en el actual Gobierno y, sobre todo, en las personas trans, a las que presentan como privilegiadas legalmente en el caso de que agredan a mujeres.

La nueva posición de la extrema derecha, sin embargo, apenas se sostiene. Mientras Abascal hacía equilibrios en televisión para tratar de convencer a los telespectadores de que su partido reconoce la existencia de una violencia específica contra las mujeres que se niega a llamar “de género”, el portavoz del partido, Jorge Buxadé, prometía en rueda de prensa derogar la vigente ley contra la violencia de género, la misma que Feijóo defendió esta mañana, y sustituirla por las propuestas punitivas de Vox.

En Génova saben que la asociación con el negacionismo de los ultras les hace daño y no quieren verse salpicados por el acuerdo valenciano, pero no lo retiran ni desautorizan a su líder en la Comunitat, Carlos Mazón, por haberlo firmado.

Feijóo no quiere que parezca que ha asumido el discurso de la extrema derecha en esta materia, pero tampoco quiere poner en peligro los pactos con un partido con el que comparte responsabilidades de gobierno en dos comunidades y en 120 municipios y con el que, según todas las encuestas, se verá obligado a pactar si quiere llegar a la Moncloa después del 23J.

El líder del PP, sin embargo, acabó la jornada aceptando la nueva doctrina de Vox en esta materia al dar or bueno uno de los puntos del acuerdo suscrito por ambos partidos en Balears en el que se comprometen “extirpar de nuestra sociedad los mensajes y discursos machistas, civiles o religiosos, que promuevan o simplemente justifiquen la violencia contra la mujer”. Esta promesa se corresponde casi textualmente con el documento hecho público por Abascal precisamente para servir de guía a los pactos con el PP.

En su afán por defender el pacto valenciano, Feijóo pidió, en una entrevista en la Cadena SER, que se ponga en valor que el PP pusiese como condición que no entrase en el Govern el líder ¡autonómico de Vox, Carlos Flores, que Abascal decidió finalmente enviar al Congreso. Lo hizo, eso sí, minimizando su pasado de violencia machista, al destacar que se trata de un catedrático de Constitucional, que los hechos ocurrieron “hace 20 años” y que la condena fue por “abuso verbal contra su exmujer” en el transcurso de “un duro divorcio”.

No hay "una sola coma del acuerdo" que han cerrado el PP y Vox en la Comunitat Valenciana que "cuestione la violencia machista", defendió después de que Abascal publicase su documento. La violencia machista "es una obviedad" y, por lo tanto, "lo obvio" no debe llamar la atención que "no esté en los textos", alegó para justificar el acuerdo hable de violencia intrafamiliar y no de violencia machista.

Extremadura y Balears

A la vista de lo ocurrido en València, la dirección del PP se ha apresurado a dejar entrever su malestar y su deseo de que los acuerdos que se negocian en otras comunidades, especialmente en Balears y Extremadura, que este martes constituyen sus parlamentos, no cometan el mismo error. Lo último que quiere Feijóo es aparecer subordinado o cediendo ante Abascal. Su campaña electoral trata de trasladar la idea de que su único proyecto es gobernar en solitario, aunque de momento ninguna encuesta le acerca siquiera a esa posibilidad, y aparecer en la foto con Vox acordando políticas reaccionarias no le ayuda a conseguir ese objetivo.

En el PP abundan las voces que creen que Mazón cedió más allá de los debido y demasiado deprisa, comprometiendo así la campaña de Feijóo. De ahí que Génova esté siguiendo con más detalle las negociaciones en las demás comunidades.

En Extremadura, donde la lista más votada fue el PSOE, es donde el PP está más presionado para llegar a acuerdos con Vox. Su líder local, María Guardiola, ha ofrecido a los ultras la presidencia de la Cámara a cambio de un acuerdo de legislatura, pero los de Abascal lo han rechazado. No están interesados en presidir el Parlamento autonómico sino en formar parte del Gobierno de la Junta con tantas consejerías como peso han conseguido en las elecciones. Si no llegan a un entendimiento, será el PSOE quien se haga con la presidencia de la Cámara. Y si no acuerdan una investidura, con Vox en el gobierno o fuera de él, la repetición electoral será inevitable y las dos formaciones juegan con ese riesgo para presionarse mutuamente.

PP y Vox imponen el negacionismo de la violencia machista en las instituciones

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En Balears, si el disenso entre PP y Vox se mantenía, los ultras se quedarían fuera de la mesa del Parlament. Tras varios días con las negociaciones entre las dos fuerzas rotas, la decisión de los ultras de remover a su líder autonómico enviándolo al Congreso de los Diputados abrió una vía para el acuerdo (es exactamente lo que sucedió en la Comunitat Valenciana, donde Vox mandó a la Cámara Baja a su cabeza de lista, condenado por maltrato, para sortear el veto del PP a un acuerdo de gobierno).

El pacto suscrito a última hora del martes entrega a Vox la presidencia del Parlament a la espera de que las negociaciones fructifiquen en un acuerdo para la investidura de Marga Prohens (PP) como presidenta del Govern De momento el consenso se reduce esencialmente a cinco punto muy genéricos, como ocurrió la semana pasada en la Comunitat Valenciana: libertad; promoción del comercio, industria, sector primario y turismo; mejora de servicios sociales y de la sanidad pública; protección de la mujer, con especial atención a las menores tuteladas; y seguridad y mafias de la inmigración.

Una vez constituidos ambos parlamentos, la negociación entrará en una fase parecida a la de Murcia, donde la solución pasa por que una de las dos formaciones ceda con la excusa de evitar nuevas elecciones.