En 1969, la organización conservacionista Adena, ahora integrada en WWF, pactó con la dictadura de Franco la creación de un parque nacional en Doñana, ecosistema santuario de la biodiversidad a caballo entre Huelva, Sevilla y Cádiz. Hoy, 50 años después, está en serio peligro, en una "situación de no retorno" por las amenazas externas e internas. Dependiente de un frágil equilibrio entre agua dulce y salada, las marismas abordan una falta de recursos hídricos que pone en jaque a la flora y a la fauna prácticamente endémica del lugar. El cambio climático y la sequía agravan una situación que tiene su principal causa en la sobreexplotación del agua. En las últimas semanas, la tensión se puede cortar con un cuchillo en las relaciones entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los ecologistas y los agricultores.
Doñana, considerada la mayor reserva ecológica del continente y que entre el parque nacional, el núcleo, y el parque natural suma más de 100.000 hectáreas, es también un oasis para la agricultura. La zona está llena de cultivos, sobre todo de arroz y frutos rojos como la fresa, que aprovechan la coyuntura favorable de un agua que, en algún momento, sobró. El problema es que algunos de esos cultivos son legales y otros, ilegales, y obtienen recursos hídricos mediante pozos, algunos legales y otros ilegales.
Según datos de WWF, más de 1.000 extracciones de agua en todo el territorio no tienen permisos y de las 11.000 hectáreas de cultivo, 2.000 no deberían estar ahí según el Plan de la Corona Forestal de 2014. "Es como un semáforo. Hay algunos en verde, otros en naranja, que les falta algún papel pero que se pueden legalizar, y otros en rojo. Ya sea por el agua o por el terreno. Simplemente estamos hablando de negocios ilegales", afirma Juan José Carmona, coordinador de los conservacionistas para Doñana. Mantiene la organización que, al igual que en otro tipo de ámbitos, si son ilegales, se tienen que cerrar. Sin negociaciones, sin amnistías, sin medias tintas.
La postura de WWF está respaldada por la ley. Al amparo de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2017, que obligaba a ello, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir selló el pasado domingo 17 de los 77 pozos ilegales ubicados en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva). El dictamen obligaba al Ayuntamiento, que no ha actuado en dos años, pero recogía que era la Confederación la encargada de recoger el guante si el Consistorio eludía su responsabilidad. Así, desde el domingo 28 han ido actuando, generalmente de madrugada para evitar encontronazos, y casi una semana después, el sábado, llegaron a los 65.
Pozo sellado en Doñana.
Son una gota de agua en un mar, dados los datos de extracciones al margen de la legalidad que manejan los ecologistas, pero han bastado para declarar la guerra. El expediente se abrió en 2013 y seis años después de la denuncia de la Guardia Civil se ha aplicado el dictamen de los magistrados, con la disconformidad y la resistencia activa de los regantes. La Asociación de Agricultores del Condado ha estado dirigiendo no solo a los propios trabajadores del campo, sino a vecinos, comerciantes y hosteleros de Lucena del Puerto para hacer guardias y evitar los cierres. Pero tras unos cuantos boicots a los técnicos de la Confederación con éxito, no han podido evitar finalmente las clausuras de los pozos.
Los ecologistas acusan a los agricultores de movilizarse para incumplir la ley y seguir explotando un recurso sobreexplotado, como es el agua subterránea en Doñana, cuyas masas están en peligro crítico. Azuzados por el PP de Huelva, cuyo vicepresidente, Alberto Fernández, dijo a los freseros, días después de que evitaran la actuación de la Confederación: "Ahí es donde tenéis que seguir peleando, partiéndoos la cara, lo estáis haciendo de puta madre y eso no os lo quita nadie".
El presidente de la Asociación de Agricultores del Condado, Vicente Ojuelos, asegura a infoLibre que no piden que no se ejecute la sentencia, sino que se ejecute cuando el agua de los cultivos esté asegurada. "Sabíamos que los pozos había que cerrarlos. El problema es que ahora mismo no hay ni una gota de agua". Reclaman un trasvase que riegue 318 hectáreas de cultivos desde el embalse del Odiel, que ya ha sido prometido y gracias a lo cual los freseros están aplicando una tregua. Ojuelos asegura que esas 318 hectáreas son perfectamente legales y dentro del Plan de Ordenación de la Corona Forestal. "Nosotros lo que pedíamos era eso. No pedíamos nada que no se pudiera hacer", remarca.
¿Pero qué pasa con todos los pozos fuera de la sentencia del TSJA, y que se cifran en centenas? ¿Qué hay de las 2.000 hectáreas que, según WWF, se encuentran al margen de la ley? Ojuelos minimiza el asunto. "Como en todos los sectores, hay una pequeña minoría que se salta la ley. Aquí el 99% de los agricultores cumplimos la ley". Preguntado por la diferencia entre sus cifras y las de los ecologistas, defiende que se cuenta como ilegal lo que no lo es. "Tenemos papeles que aseguran que trabajamos nuestra tierra desde 1950, desde que la empezaran a labrar nuestros bisabuelos", asegura. "Los que estamos en el coto de Doñana, los que vivimos y lo cuidamos, somos nosotros. No queremos que Doñana esté mal", concluye.
Tensión y violencia
Siete años para salvar Doñana o dejarla morir
Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir encargados del cierre de pozos describen un ambiente de tensión y violencia. Tienen miedo, incluso acompañados de agentes de la Guardia Civil, de posibles represalias de los agricultores. Sobre todo después del episodio de septiembre del año pasado, cuando un inspector tuvo que ser hospitalizado por el shock tras ser perseguido y acorralado en la zona. "Pretendían volcarme el coche con un tractor. No podía ni salir del coche", relató a eldiario.es. Hoy, explica el digital, sigue de baja.
Carmona, de WWF, relata que son habituales los insultos por la calle y alguna que otra pintada, pero que hasta ahora "se ha mantenido dentro de los límites lógicos". Carga, eso sí, contra el Ayuntamiento, ya que su pasividad y su inacción, a su juicio, es cómplice de estos episodios. La Confederación, por su parte, ha declinado valorar ni estos sucesos ni el tema de Doñana en general con infoLibre, remitiéndose a las notas de prensa que están sacando estos días informando de los cierres de pozos.
Para Ojuelos, además del trasvase puntual, es necesario que el Congreso cumpla su palabra y ponga en marcha un trasvase sistemático y regular desde la cuenta del Tinto-Odiel. Algo a lo que WWF se opone: primero, consideran, hay que cerrar los cultivos ilegales. En opinión del presidente de la asociación de agricultores, las administraciones tienen que trabajar "en paralelo" para que los sellados se ejecuten cuando el agua esté garantizada. La pregunta sin responder, quizá temerariamente, es qué va a pasar cuando los recursos hídricos se encuentren frente a frente con su peor enemigo: el cambio climático.
En 1969, la organización conservacionista Adena, ahora integrada en WWF, pactó con la dictadura de Franco la creación de un parque nacional en Doñana, ecosistema santuario de la biodiversidad a caballo entre Huelva, Sevilla y Cádiz. Hoy, 50 años después, está en serio peligro, en una "situación de no retorno" por las amenazas externas e internas. Dependiente de un frágil equilibrio entre agua dulce y salada, las marismas abordan una falta de recursos hídricos que pone en jaque a la flora y a la fauna prácticamente endémica del lugar. El cambio climático y la sequía agravan una situación que tiene su principal causa en la sobreexplotación del agua. En las últimas semanas, la tensión se puede cortar con un cuchillo en las relaciones entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los ecologistas y los agricultores.