Lanzada en pleno huracán de Cataluña, la citación de la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, como investigada (imputada) por la presunta financiación ilegal de las campañas del grupo municipal valenciano bajo el mandato de Rita Barberá ha pasado casi por completo inadvertida.
Máxima responsable de las finanzas del PP desde mayo de 2012, pero antes que eso gerente desde julio de 2010 y administradora de la campaña para las municipales de 2011, Navarro ya figuraba como investigada en el guadianesco caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, abierto en 2013, torpedeado por el PP con recusaciones a la juez instructora y aún hoy pendiente de que la Audiencia de Madrid resuelva el recurso de la Fiscalía y del partido contra su procesamiento como persona jurídica –el primero de la historia– así como el de su tesorera y otros militantes como personas físicas. Ahora, el juez que investiga la denominada Operación Taula, famosa por el pitufeo en el grupo municipal del PP valenciano, la ha llamado a declarar para el 16 de octubre.
Así, la mujer que el 13 de julio de este año le dijo al Congreso que nunca iba a investigar el pasado afronta ahora una investigación que podría afectar a su futuro. Pero, de momento, su normalidad como tesorera del PP doblemente investigada en sendos casos de presunta corrupción continúa intacta.
Con la imputación de Navarro en la Operación Taula, una más de las que giran en torno al ramillete de cajas B descubierto por distintos jueces en distintos casos de presunta corrupción y con distintos informes elaborados bien por la UCO de la Guardia Civil o por la UDEF de la Policía, el PP supera su propio récord: de los seis tesoreros que se han sucedido en el control de las cuentas durante los últimos siete lustros –desde 1982, en tiempos de Alianza Popular, hasta ahora– solo uno, José Manuel Romay, jamás se ha visto envuelto en ninguna investigación judicial por supuestos ingresos y gastos opacos. Navarro se suma ahora a esa lista de reyes de la contabilidad conservadora bajo sospecha a la que ya pertenecían Ángel Sanchís, Rosendo Naseiro, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Naseiro se libró hace ya 25 años gracias a que el Supremo anuló las escuchas que los observadores del momento consideraban una prueba de cargo irrefutable.
Lejos de alterar su normalidad, la nueva imputación que convierte a Navarro en investigada por partida doble ha sido recibida por el PP con el aviso –o la amenaza– de potenciales acciones legales. El jueves, los portavoces oficiales del partido subrayaron dos cosas: su "extrañeza" por el hecho de que el auto de juez se limite a fijar fecha para la comparecencia de Navarro –y en efecto, así es–; y que el caso se refiere al ámbito municipal, con lo que el PP nacional –es la tesis interna– se sitúa al margen.
En realidad, las elecciones autonómicas se organizan con administradores electorales que deben estricta obediencia a la federación de cada territorio. Para las elecciones generales y las municipales los partidos disponen en cambio de un administrador oficial para todo el país. De hecho, es la dirección estatal de cada formación la que entrega los informes y los números de esos comicios al Tribunal de Cuentas.
Y aunque es cierto que la resolución del instructor de Taula, el juez Víctor Gómez, no aporta detalles sobre el porqué de la imputación de Navarro, también lo es que el PP sabía desde hace un año que en la práctica ya estaba bajo la lupa de los investigadores. En mayo de 2016, trascendió que la Fiscalía pediría el interrogatorio de la tesorera como administradora de las campañas de 2011 y 2015.
Los episodios por los que el juez investiga a los ahora imputados guardan relación principalmente con la campaña electoral municipal de 2007, en la que el PP gastó casi tres millones de euros cuando oficialmente declaró que había invertido 150.000. Pero la línea argumental del auto se sustenta en una premisa básica: el presunto delito electoral no habría tenido un carácter aislado sino que lo sucedido entonces "podría entroncar con los hechos ya imputados de 2011", y por eso cita también a declarar a quien ese año era gerente del PP en Valencia.
Del anuncio de Cospedal al desmentido de la tesorera
En su comparecencia del pasado 13 de julio ante la comisión de investigación del Congreso, la tesorera enfatizó la que se perfila como su principal línea de defensa en esta especie de spin off de la (presunta) financiación ilegal del PP valenciano que es el caso Taula: los grupos municipales –dijo aquel día ante la Cámara Baja– "son autónomos". Es decir, que la dirección del partido nunca nunca supo nada de los hipotéticos manejos con empresas financiadoras por los que el histórico vicealcalde de la ya fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau, ha sido imputado en el mismo auto.
Carmen Navarro, tesorera del PP: "Vengo a gestionar el presente, no a investigar el pasado. No lo voy a hacer nunca"
Durante aquella comparecencia, Navarro sorprendió a todos cuando el diputado de Ciudadanos Toni Cantó le preguntó por los resultados de la "investigación" sobre las cuentas internas desarrollada por ella misma en 2013 a petición del partido. Cantó no se había sacado aquella investigación de la manga. Su información procedía del anuncio formulado el 21 de enero de 2013 por María Dolores de Cospedal, entonces solo secretaria general del PP: "El presidente Rajoy – dijo ese día Cospedal en rueda de prensa– ha anunciado una profunda investigación interna, que va a dirigir la actual tesorera del partido, Carmen Navarro''.
Pero la destinataria del encargo ofreció una respuesta fuera de guion que anticipa también qué puede contarle al juez de Taula: "Yo –proclamó ante los diputados– hice una auditoría interna, que no es una investigación, sobre las cuentas del partido. Yo no he investigado nada. A mí se me nombra en el Partido Popular para gestionar el presente, no para investigar el pasado".
Instantes después, se reiteró en aquella idea, guía y máxima de sus postulados: "Yo he venido a gestionar el presente, no a investigar el pasado, y no lo voy a investigar nunca".
Lanzada en pleno huracán de Cataluña, la citación de la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, como investigada (imputada) por la presunta financiación ilegal de las campañas del grupo municipal valenciano bajo el mandato de Rita Barberá ha pasado casi por completo inadvertida.