Un relato cronológico elaborado por el exjefe de área de zonas verdes de la Comunidad de Madrid e incorporado al sumario de la Operación Púnica señala al actual consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, como figura clave en presiones propias del acoso laboral. A esas presiones habría sido sometido el autor de ese relato tras negarse a amañar un concurso. Según su versión, lo que le condujo al ostracismo fue su negativa tajante a alterar un informe de baremación igualmente incorporado a las actuaciones. Todo ocurrió a partir del 18 de febrero de 2008. Entonces, Taboada ocupaba el cargo de director general de Cooperación con la Administración Local en la Consejería de Presidencia. Y el titular de esa consejería era Francisco Granados, en prisión por el caso Púnica desde octubre de 2014.
Los distintos portavoces contactados por infoLibre en el Ejecutivo madrileño desde las ocho de la tarde de este miércoles aseguraron que el titular de Medio Ambiente estaba ilocalizable. Este diario les transmitió, no obstante, información pormenorizada sobre el "relato cronológico" –el texto se articula bajo ese título– del exjefe de zonas verdes.
Taboada goza de aforamiento y la Audiencia Nacional no puede por tanto investigarlo. De todos quienes entre 2006 y 2011 formaron parte de la mesa de contratación de Arpegio –sociedad pública sospechosa de haber servido a Granados y sus presuntos cómplices como vehículo para un continuo expolio de fondos públicos–, Taboada es el único sobre el que no ha recaído la etiqueta de investigado o imputado.
El nombre de Francisco Granados aparece al inicio del relato, cuando el testigo, que se declara ya jubilado, expone qué ocurrió el 18 de febrero de 2008, tras haber emitido el informe de baremación de las empresas que optaban al concurso para el mantenimiento del Parque Polvoranca de Leganés, licitado por 1,9 millones. El entonces subdirector general de Inversiones en Municipios -expone el antiguo funcionario– "me dice que, según el director general, Jaime González Taboada (que había exigido ver mi informe antes de que yo lo enviase a la mesa de contratación), el consejero Francisco Granados no admite que el concurso se adjudique a otra empresa que no sea Imesapi, del grupo ACS (Florentino Pérez) con quien, siempre según el D.G. [director general], el Partido Popular tenía una importante deuda derivada de las últimas elecciones generales".
El subdirector general aludido en el párrafo anterior habría cesado en el cargo el 31 de marzo de 2008: solicitó una excedencia "por presiones del D.G.". Aunque el texto no explicita el significado de "D.G.", el contexto indica, de manera inequívoca, que son las siglas de director general. "En una reunión de dirección –señala, por ejemplo, una anotación que el testigo data el 1 de abril de ese año–, el D.G. presenta a Miguel S. como nuevo subdirector general".
Las presiones, cuenta el exjefe de área de zonas verdes, comenzaron en el momento en que su informe otorgó la máxima puntuación a una UTE formada por dos empresas que finalmente, y ante su negativa rotunda a modificar la baremación efectuada, se alzaron con la adjudicación.
"El D.G. desconvoca 'sine die' la mesa de contratación. No explica la razón"
El concurso había sido convocado el 11 de enero. La adjudicación, otorgada por resolución del 15 de julio de ese año a la UTE Ciclo Medio Ambiente SL-Equipamientos Ambientales SL, no se publicó en el Boletín Oficial de Madrid hasta el 28 de agosto. Según el testigo, el nuevo subdirector general que reemplazó al cesante le anunció el 10 de abril, casi recién aterrizado en el cargo, que llegados a ese punto sería muy difícil "dar marcha atrás" en el informe favorable a esa UTE. Porque ya lo habían recibido "el jefe del área de contratación, la interventora, el letrado de la Consejería, etc.". "Dice -enuncia el testigo– que lo hablará con el D.G."
¿Pero qué hizo el entonces jefe de zonas verdes tras enterarse de que su informe no era el que esperaban las altas jerarquías? Pues asegura que expresó su "total oposición a modificar un informe que había sido realizado con criterios totalmente objetivos". "Durante semanas -añade a renglón seguido– se produce una situación de inactividad con presiones indirectas: táctica de desgaste".
La siguiente anotación se corresponde con un episodio supuestamente fechado el 24 de marzo de 2008. "A última hora el D.G. desconvoca sine die la mesa de contratación que había convocado para este mismo día. No explica la razón".
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Según el testigo, el hoy consejero de Medio Ambiente y entonces director general intentó trasladarle a otro departamento y llegó a participar en la elaboración de un informe "súper negativo" sobre su actividad laboral. El tiempo no mejoró la situación. "Continúo –escribe a modo de entrada de un diario personal fechada el 21 de abril de 2010– en situación de casi total inactividad durante meses: supervisión de nueve proyectos en tres años. El ir por las mañanas a la oficina para nada más que para justificar el horario empieza a resultar insoportable por la sensación de injusticia que genera", escribe el exjefe de zonas verdes. "Paso a ser -había consignado ese mismo día– el único jefe de área o incluso jefe de servicio de toda la Dirección General que no tiene despacho independiente propio".
El autor del relato se llama José Luis. Y el subdirector general que en febrero de 2008 le transmitió supuestamente qué le había dicho Taboada respecto a los deseos de Francisco Granados y que terminó pidiendo la excedencia se llama Jesús. También él ha declarado ya como testigo. infoLibre intentó localizarlos a ambos la noche de este miércoles. Nadie atendió la llamada en sus respectivos domicilios.
Un relato cronológico elaborado por el exjefe de área de zonas verdes de la Comunidad de Madrid e incorporado al sumario de la Operación Púnica señala al actual consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, como figura clave en presiones propias del acoso laboral. A esas presiones habría sido sometido el autor de ese relato tras negarse a amañar un concurso. Según su versión, lo que le condujo al ostracismo fue su negativa tajante a alterar un informe de baremación igualmente incorporado a las actuaciones. Todo ocurrió a partir del 18 de febrero de 2008. Entonces, Taboada ocupaba el cargo de director general de Cooperación con la Administración Local en la Consejería de Presidencia. Y el titular de esa consejería era Francisco Granados, en prisión por el caso Púnica desde octubre de 2014.