El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez no se estrenará hasta la semana que viene pero las expectativas que ha levantado en Cataluña el acuerdo con Esquerra que hizo posible su investidura el pasado martes siguen creciendo. Pese a sus reticencias iniciales, el president de la Generalitat, Quim Torra, todavía pendiente de aplazar la inhabilitación que la Junta Electoral quiere aplicarle, no sólo abraza ya la mesa de diálogo entre gobiernos sobre el conflicto político pactada con el PSOE sino que ahora se propone apoyarse en el conjunto del movimiento político independentista para endurecer tanto las condiciones como las garantías que los socialistas se comprometieron a cumplir.
De hecho, este mismo miércoles el gabinete de Torra se puso en contacto con el equipo de Sánchez en la Moncloa. Fuentes del Gobierno confirmaron las gestiones y aseguraron que ambos presidentes conversarían este jueves por teléfono. El objetivo del jefe del Govern es cerrar una fecha para la reunión que ambos acordaron durante la conversación que mantuvieron cuando Sánchez llamó, uno a uno, a los presidentes autonómicos en el marco de los contactos institucionales previos a la investidura y que, en realidad, era una condición impuesta por Esquerra Republicana para avanzar en el acuerdo que finalmente hizo posible la reelección del líder del PSOE.
“La voluntad es que las negociaciones entre los dos gobiernos puedan comenzar tan pronto como lo acuerden el presidente Torra y el presidente Sánchez”, reveló este miércoles en rueda de prensa la portavoz del Govern, Meritxell Budó. De hecho, el acuerdo entre ERC y el PSOE establece que la primera reunión deberá celebrarse en los primeros quince días después de la constitución del nuevo Gobierno, que si nada se tuerce tendrá lugar la semana que viene. Eso significa que la primera cita entre las delegaciones de la Generalitat y del Gobierno de España tendrá lugar antes de que termine el mes de enero.
A lo que el PSOE se comprometió con Esquerra es a crear “una mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre Gobiernos, que partirá del reconocimiento y legitimidad de todas las partes y propuestas y que actuará sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”. Una mesa que estará formada por dos delegaciones paritarias y “con los miembros que ambas partes decidan”, en la que tendrá lugar un “diálogo abierto sobre todas las propuestas presentadas. Todas las partes aportarán con libertad de contenidos sus propuestas detalladas sobre el futuro de Cataluña". Y, tal y como reclamaba ERC, “se valorarán, debatirán y argumentarán las posiciones al respecto de cada propuesta”.
El punto de partida es que se trata de un “conflicto político” que “sólo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo”. El objetivo es “alcanzar un acuerdo que permita superar la situación actual”. “Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”.
Torra no se siente concernido por este acuerdo. Su formación, Junts per Catalunya, puso como condición para sentarse en esa mesa que el Gobierno de España anulase las penas impuestas a los presos del procés y que pusiese fecha a un referéndum de autodeterminación.
Reunión del soberanismo
Por eso, para reescribir el diseño de la mesa pactada por Esquerra con el PSOE, el president va a convocar a una reunión a todas las formaciones políticas independentistas —Junts, Esquerra, CUP, y Demócrates— y a las dos grandes organizaciones sociales soberanistas —la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural—. En ese encuentro, Torra quiere “establecer” no sólo “los contenidos” de la negociación sino también “las condiciones y las garantías para el diálogo con el Gobienro del Estado” que ya habían fijado los republicanos con los socialistas. Nuevas condiciones entre las que no descarta, por ejemplo, exigir la presencia de un relator, una condición que el Gobierno de Sánchez estuvo dispuesto a aceptar hace un año, antes dar por rotas las negociaciones que siguieron al acuerdo de Pedralbes.
Los plazos de las conversaciones entre Torra y Sánchez no son inocentes. El president está pendiente de que el Tribunal Supremo decida sobre su inhabilitación, ordenada por la Junta Electoral Central, lo que le invalidaría como interlocutor en la mesa de diálogo pero también podría desencadenar la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña.
Al mismo tiempo, el Alto Tribunal debe tomar una decisión sobre el líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado por sedición y malversación pero a quien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han reconocido el derecho a tomar posesión como eurodiputado. De hecho, el expresidente Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, huidos de la justicia española, ya han asumido esa condición y el lunes acudirán a su primer pleno en Estrasburgo, en el que tiene previsto presentarse arropados por una marcha ciudadana en la que participarán el propio Torra y una representación del Govern de la Generalitat.
El vicepresident Pere Aragonès apoyó en una entrevista en Catalunya Ràdio la idea de Torra de consensuar las demandas independentistas pero obvió el deseo de su jefe en el Govern de modificar las condiciones y las garantías de las reuniones que Esquerra pactó con el PSOE. Los republicanos tienen intención de llevar a la mesa de diálogo su demanda de un referéndum de autodeterminación, así como la aprobación de una ley de amnistía para que Junqueras y los demás presos puedan salir de prisión.
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Aragonès, que lleva el peso de la relación con el PSOE en ausencia del propio Junqueras, recordó que la Generalitat y el Gobierno tienen, en virtud del acuerdo firmado, libertad para designar a los miembros de las delegaciones que se sentarán a la mesa de diálogo, pero aseguró que “sería positivo” que participase algún representante de Unidas Podemos en el nuevo gobierno.
ERC, explicó el vicepresident en la misma entrevista, considera a Unidas Podemos un aliado en este asunto, toda vez que sus líderes consideran “presos políticos” a los condenados en el juicio del procés.
Aragonès subrayó también que Esquerra será muy exigente durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que situó en un “camino paralelo” al diálogo sobre el conflicto político catalán. La posibilidad de apoyar las cuentas de Sánchez para 2020, sin las cuales su Gobierno no tendrá apenas recorrido, o la disposición a participar en órganos sectoriales como la Comisión de Política Fiscal y Financiera, dependerá también de cómo vaya la mesa de diálogo, admitió.
El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez no se estrenará hasta la semana que viene pero las expectativas que ha levantado en Cataluña el acuerdo con Esquerra que hizo posible su investidura el pasado martes siguen creciendo. Pese a sus reticencias iniciales, el president de la Generalitat, Quim Torra, todavía pendiente de aplazar la inhabilitación que la Junta Electoral quiere aplicarle, no sólo abraza ya la mesa de diálogo entre gobiernos sobre el conflicto político pactada con el PSOE sino que ahora se propone apoyarse en el conjunto del movimiento político independentista para endurecer tanto las condiciones como las garantías que los socialistas se comprometieron a cumplir.