Trabajo ha incorporado los apuntes técnicos del CES y acelera los contactos para la reducción de la jornada

Yolanda Díaz pisa el acelerador. El Ministerio de Trabajo y Economía Social está afanado en allanar el camino, tanto técnico como político, para una pronta aprobación en segunda vuelta en el Consejo de Ministros del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, una de las medidas estrella firmada por el PSOE y Sumar dentro del acuerdo del Gobierno de coalición.

Según fuentes gubernamentales, el departamento que dirige Yolanda Díaz está mejorando técnicamente el texto que se vio en una primera lectura por parte de la coalición con la incorporación ya de observaciones trasladadas por el Consejo Económico y Social (CES), que a finales de febrero aprobó su dictamen sobre esta norma con tan solo dos votos en contra.

En el documento aprobado por el CES se pide al Gobierno incluir un marco “más flexible” para hacer efectiva la norma, contemplar un régimen transitorio “suficiente” para la adaptación de la organización de las empresas y que se aplique de manera “imprescindible” una política de medidas de acompañamiento con el objetivo de facilitar el cumplimiento y la aplicación eficaz de la ley.

El Ministerio de Trabajo, como recalcan las fuentes, trabaja de esta manera para “encarar de manera definitiva la aprobación en el Consejo de Ministros”. El Gobierno, tras semanas de tensión entre Díaz y el titular de Economía, Carlos Cuerpo, dio la primera luz verde al texto el pasado 4 de febrero que permitirá reducir la jornada a 37 horas y media semanales.

Contactos ya con los grupos

Pero en el Ministerio de Trabajo piensan más allá de la pantalla de la aprobación final en el Consejo de Ministros y trabajan además para preparar el terreno parlamentario ante la situación de unas fragmentadísimas Cortes Generales, donde el Gobierno suda sangre cada jueves para ver en verde en la pantalla sus proyectos de ley. El Ejecutivo además tiene el mal sabor de boca estos días después de las votaciones del pasado jueves, donde cayó el proyecto de creación de la Agencia Pública de Salud al aplicar de nuevo su pinza el PP y Junts.

De manera discreta el Ministerio de Trabajo, según señalan fuentes gubernamentales, está manteniendo contactos con los grupos parlamentarios para tratar de ir armando una mayoría que permita en el Parlamento aprobar esta norma. En el Ejecutivo sostienen que hay una gran aceptación de la medida en la sociedad, pero quieren evitar sustos cuando llegue a la Cámaras porque ahora mismo los votos no están seguros.

El encargado de pivotar estos contactos con los grupos es el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, una persona de máxima confianza de la vicepresidenta segunda y un dirigente ya bregado en muchas negociaciones con los parlamentarios desde la última legislatura.

El Gobierno no ha tirado la toalla de manera definitiva sobre un apoyo del PP, aunque cada vez parece más complicado. Génova 13 no ha dado señales de respaldar el proyecto y asimismo su línea va en apoyo de los empresarios, que no dieron el visto bueno al acuerdo que sí alcanzó Trabajo con los principales sindicatos. El debate interno popular está marcado principalmente por el rechazo de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el Gobierno siempre recuerdan que los trabajadores andaluces, por número, serán los más beneficiados, pero Juanma Moreno tampoco está plantando batalla a favor de la medida.

Todas las miradas están puestas en Junts, que por el momento sigue emitiendo señales que está más cerca del ‘no’ que de la aprobación. El grupo liderado por Míriam Nogueras en el Congreso de los Diputados está recibiendo muchas presiones además por parte de organizaciones como Conpymes y Pimec, que han señalado que los posconvergentes les apoyan en su protesta de “así no”. La negociación se prevé ardua y con toda probabilidad pasará por la propia Díaz con Carles Puigdemont, con quien tiene hilo directo.

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Esta medida es la principal apuesta política de Díaz en esta segunda legislatura del Gobierno de coalición. La reducción de la jornada beneficiará a un total de 12,5 millones de trabajadores del sector privado (10,5 millones de trabajadores a tiempo completo y 2 millones de trabajadores a tiempo parcial).

Según los cálculos realizados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, más de la mitad de la beneficiarios de la reducción de la jornada (un 55%) se concentran en cuatro sectores: comercio (2,43 millones de empleados), industria manufacturera (2,07 millones), hostelería (1,4 millones) y construcción (un millón). Luego se sitúan las actividades administrativas y servicios auxiliares (852.600), las actividades científicas y técnicas (729.600), las actividades sanitarias (692.400) y los transportes (672.900). El promedio de la reducción será del 2,1%, lo que equivale a 48 minutos por semana.

En el Gobierno, frente a las críticas de sectores y de la oposición, ponen sobre la mesa que desde el año 1983 la productividad real por hora trabajada aumentó en España un 53% mientras que los salarios reales solo lo hicieron un 22% (la jornada laboral máxima se ha mantenido inalterada desde entonces). Asimismo, que el crecimiento de los márgenes en los sectores de agricultura, comercio y hostelería está muy por encima de la media. De 2009 a 2023, los márgenes sobre ventas crecen un 89%, un 39% en Comercio y un 117,3% en estos tres sectores, respectivamente.