Este sábado se cumplen dos años de la tragedia en la playa ceutí del Tarajal, donde 15 inmigrantes murieron mientras sorteaban, a nado y con la única ayuda de pequeños flotadores hinchables, las pelotas de goma y los botes de humo que agentes de la Guardia Civil lanzaban contra ellos cuando trataban de alcanzar suelo español. Después de un proceso judicial lento, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad autónoma decretó a mediados de octubre el sobreseimiento provisional de la causa. Actualmente, el proceso se encuentra paralizado a la espera de que se pronuncie la Audiencia Provincial de Cádiz sobre el auto de archivo.
Paloma Favieres, coordinadora del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), espera que el recurso de apelación interpuesto se resuelva favorablemente, aunque dice que prefiere pronunciarse "cauta" al respecto porque considera que hay que dejar trabajar a la justicia. Sin embargo, en conversación con infoLibre, asegura que es consciente de que si la Audiencia Provincial da la razón a la jueza "la vía penal quedará cerrada por completo".
PREGUNTA: Ya han pasado dos años desde la tragedia en la playa del Tarajal, en la que murieron 15 personas. Por el momento, no hay agentes condenados y ninguna Administración ha asumido responsabilidades. ¿Qué opinión le merece?
RESPUESTA: Se abrieron diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta y nosotros nos personamos como acusación popular. Se estaban juzgando dos delitos diferentes: homicidio y lesiones imprudentes y un posible delito de prevaricación. Sin embargo, en octubre del año 2015 la titular del juzgado decreta, a través de un auto, el sobreseimiento provisional por las muertes de las 15 personas y el sobreseimiento libre [archivo definitivo de la causa] por el segundo de los delitos. Respecto a la acusación de homicidio y lesiones imprudentes, la jueza considera que no existe material probatorio suficiente y no entiende que fuera desproporcionado el uso del material antidisturbios por parte de la Guardia Civil. Por lo tanto, no cree que haya relación de causalidad entre la muerte de las personas y los medios empleados por los agentes.
P. ¿Y en qué sentido se pronunció sobre las devoluciones en caliente de los que consiguieron alcanzar suelo español?
R. Entiende que los guardias civiles tenían cobertura legal para devolver y expulsar a Marruecos, a través de la valla y sin procedimiento alguno, a las personas que llegaron a la playa. La jueza entiende que era una práctica habitual encomendada por parte del Ministerio del Interior.
P. Tras esto, CEAR presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz por el archivo provisional de la causa. ¿Qué recorrido ha tenido?
R. A finales de octubre, dos de las organizaciones que nos habíamos personado recurrimos ante la Audiencia Provincial. Presentamos un recurso de apelación que todavía continúa pendiente de resolución. De esta manera se busca esclarecer si procede el auto de archivo de la causa.
P. ¿Qué pasaría si la Audiencia Provincial de Cádiz da finalmente la razón a la magistrada?
R. La vía penal quedaría definitivamente cerrada. Estamos ante un procedimiento que puede tener una trascendencia que vaya más allá de hacer por fin justicia y que se repare a las víctimas y a sus familias todo el daño cometido. Pero, sobre todo, buscamos que situaciones de este tipo no se vuelvan a repetir. Las vallas en Ceuta y Melilla todavía están instaladas y hechos como los ocurridos aquel día pueden volver a suceder en cualquier momento.
Pero además hay que recalcar que, después de los sucesos ocurridos en la playa del Tarajal, se utilizó la Ley de Seguridad Ciudadana para establecer un régimen especial en las dos ciudades autónomas con el que se pueda dar cobertura a este tipo de devoluciones [en caliente], tal y como sucedió aquel día en Ceuta, cuando varios inmigrantes que ya habían llegado a la playa fueron devueltos al lado marroquí. Sin embargo, yo creo que esto sigue sin dar cobertura legal porque estamos ante casos de expulsiones colectivas que el protocolo número 4 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales impide. No puedes restringir el acceso de posibles solicitantes de asilo al procedimiento de protección internacional… Estás negando que puedan acceder al procedimiento de asilo, un derecho que va más allá de la propia legislación.
P. Si la vía penal queda cerrada definitivamente, ¿tenéis pensado dar algún paso?
R. No nos hemos planteado esa situación. Si ocurre, ya veremos lo que podemos hacer. Personalmente, le veo poco recorrido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay más acusaciones y quizá ellas puedan valorar otra cosa. Yo, desde luego, creo que la vía penal puede ser rechazada.
P. En el recurso se señalaba la falta de elementos vitales para el esclarecimiento de los hechos, como los solicitados a Marruecos por comisión rogatoria. ¿Hay alguna novedad en ese frente?
R. Marruecos nunca ha contestado a esta comisión rogatoria, por lo que podemos decir que todavía no tenemos ninguna novedad en este sentido.
P. ¿Cree que la falta de consecuencias por lo ocurrido en El Tarajal contribuye a asentar que en España hay impunidad en relación a ciertas víctimas?
R. No me atrevo a asegurar ni a suscribir esa afirmación. Nosotros normalmente no llevamos procedimientos penales, sino que nos encargamos de aquellos que tienen que ver con la protección internacional. La última palabra la tiene la Audiencia Provincial, por lo que todavía no quiero decirte que hay impunidad. Ahora mismo esperamos que la Audiencia reconduzca el proceso.Hoy por hoy quiero creer que hay un órgano superior jerárquico que puede reconducir la situación.
P. ¿Consideráis que está justificado el uso de material antidisturbios en las fronteras españolas?
R. No. El uso de este tipo de material se encuentra regulado. Sin embargo, otra cosa es la proporcionalidad con la que se actúe. Así, y en relación con este caso, pensamos que la actuación fue completamente desproporcionada e injustificada, y así se lo hicimos saber en su momento al Ministerio del Interior.
P. ¿Cómo espera CEAR que se resuelva el recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Cádiz?
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R. Espero que bien, pero no pretendo condicionar el proceso. Hay que dejar a la justicia que actúe, que se pronuncie. Por lo tanto, nuestra posición en este sentido tiene que ser muy cauta y de respeto hacia los jueces.
P. El día de la tragedia del Tarajal la sociedad española fue consciente del drama de la inmigración. Ahora, dos años después, asistimos a una crisis de refugiados sin precedentes a la que pretende dar respuesta la Unión Europea. ¿Cómo consideras que están tratando este tema las autoridades comunitarias?
R. La actuación de la UE llega tarde y lenta. España, que dio un paso al frente este verano asumiendo una cantidad importante y dotando presupuestariamente una cantidad considerable, lo cierto es que las personas que tienen que ser reubicadas y reasentadas no están llegando. El modelo no está funcionando, hay una parálisis importante.
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