Los documentos desclasificados por el Ministerio del Interior sobre el espionaje a Luis Bárcenas y su mujer confirman no solo que los datos que aportó el operativo no llegaron a manos del juez que investigaba el caso Gürtel y la caja B del PP sino que las fechas jugaron a favor de la trama Kitchen. Durante dos años la cúpula policial no reveló ni siquiera a efectos internos la existencia del dispositivo de espionaje desplegado en 2013: los seguimientos comenzaron en julio de ese año con el pretexto de buscar patrimonio oculto del extesorero pero, según los investigadores, todo indica que el verdadero objetivo era localizar documentos que pudiesen incriminar a altos dirigentes del PP. Y hacerse con ellos sin mandamiento judicial.
Tras esos dos años de secreto absoluto, y siempre de acuerdo con la documentación desclasificada, el único "parte informativo investiga" del que quedó rastro en Interior no fue emitido hasta el 13 de mayo de 2015. Y no fue hasta el 18 de agosto de ese año cuando la Dirección Adjunta Operativa (DAO) "acordó ceder" a la unidad policial que trabajaba a las órdenes del juez de Gürtel, la UDEF, lo que la Anticorrupción define como "información secreta" sobre Bárcenas. Pero en agosto de 2015 el auto de apertura de juicio ya había cerrado de manera irreversible la investigación sobre la caja B: porque contra ese tipo de resolución no cabe recurso, aunque Bárcenas intentó sin éxito anularlo. Solo la inesperada confesión de Correa en el primer gran juicio a la red corrupta de Francisco Correa, el de la llamada Época 1, permitió reabrir parcialmente el caso dos años más tarde. Otra parte, referida a la reforma de la sede del PP con supuestos pagos en dinero negro, siguió -y sigue- en espera de un juicio señalado para el próximo 8 de febrero.
La clave que desvela la maniobra descrita en los dos párrafos anteriores tiene su origen en un código alfanumérico: NIV UN000029/15. Ese es el nombre oficial con el que el operativo policial y parapolicial contra Bárcenas, su mujer y su entorno quedó registrado en la base de datos interna conocida como GATI. A preguntas de infoLibre, distintas fuentes confirmaron este lunes que las dos cifras finales se corresponden siempre con el año en que la operación queda oficialmente abierta. Una tercera fuente matiza no obstante que en ciertos casos quien investiga pospone la entrada del código en el GATI precisamente para ahuyentar toda intervención de otras unidades policiales susceptibles de entrar en competencia. Pero, en cualquier caso, la inclusión en GATI (Grupo de Análisis y Tratamiento de la Información) tiene siempre un doble objetivo y ahí coinciden todas las fuentes: evitar que dos unidades distintas investiguen los mismos hechos y conjurar el riesgo de que cuando las pesquisas estén ya en marcha pueda hacerse con ellas un departamento policial distinto al que las abrió. Y, desde luego, cuando en julio de 2013 comenzaron los seguimientos a Bárcenas y su esposa por parte de la llamada policía patriótica, era del dominio público que la UDEF ya investigaba los fondos ocultos de Bárcenas. También la contabilidad secreta del PP.
Y en lo que afectaba a Luis Bárcenas así como a todo lo vinculado al caso Gürtel, la UDEF (Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal), especializada en corrupción, ya llevaba investigando desde 2007, como indica su propio código alfanumérico. Uno de los correos electrónicos desclasificados por Interior deja constancia de ello: "Desde la DAO han decidido proceder a la cesión de la información secreta UN00029/15 sobre la coincidente C/01766/07". Ese es el email fechado el 18 de agosto de 2015, cuando la instrucción judicial sobre la caja B ya se había cerrado.
Y que la investigación "coincidente" estaba ya a cargo de la UDEF lo hace constar la Fiscalía Anticorrupción en el informe donde pide al juez que investiga Kitchen dentro del caso Villarejo que llame como imputados al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la antigua secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El código C/01766/07, escriben los fiscales anticorrupción Miguel Serrano e Ignacio Stampa "en realidad era la investigación policial judicializada conocida como Operación Gürtel"Operación Gürtel.
El de agosto no es el único email desclasificado por el Ministerio del Interior. Otro anterior confirma que el primer y único "Parte informativo investiga" que detallaba las acciones oficialmente desarrolladas en relación a lleva fecha de 13 de mayo de 2015. Un informe emitido por la Udef en diciembre de 2019 corrobora que la mayoría de los nuevos datos incluidos en ese parte no constan en la causa sobre los papeles de Bárcenas. Ni aparecen en las "actas de seguimiento" adjuntadas al parte informativo.
El parte va firmado por Andres Gómez Gordo, el policía fichado en 2011 por María Dolores de Cospedal como director general de "Documentación y Análisis" de Castilla-La Mancha y a quien los investigadores señalan como quien captó al chófer Sergio Ríos para espiar a los Bárcenas y hacerse con los archivos relativos a la caja B que hubiesen conservado en su poder. En el documento no hay ni una palabra sobre el fichaje del chófer-espía supuestamente captado por el propio Gómez Gordo para averiguar dónde guardaban papeles el extesorero y su esposa. El chófer cobró de los fondos reservados 2.000 euros por mes entre julio de 2013 y septiembre de 2015.
Villarejo guardaba en su casa dosieres sobre dos supuestos donantes del PP y la UDEF los reclama para investigar la caja B
Datado el 20 de mayo de aquel año, aquel correo electrónico que hablaba del parte de Gómez Gordo fue enviado por la Dirección Adjunta Operativa (DAO) a un cargo policial. El correo decía lo siguiente: "En relación con la información facilitada relativa a LB y otros, se significa que la misma ha sido dada de alta con el con el NIV UN000029/15". Lo anterior indica que hasta entonces no había sido "dada de alta" pese a que el operativo había arrancado en 2013. Fuentes jurídicas que siguen de cerca el caso creen que ese código es tan solo una tapadera destinada a ocultar el auténtico operativo, en el que participó un elevado número de agentes –la unidad de seguimientos disponía de 71 miembros– y en el que, como mínimo, el Ministerio invirtió 53.000 euros de los fondos reservados.
Cuando Andrés Gómez Gordo firmó su "parte informativo investiga" el 13 de mayo de 2015, ya se sabía que estaba a la vuelta de la esquina la salida del juez Pablo Ruz, tercer instructor del caso Gürtel y que en 2013 había abierto una pieza específica sobre la contabilidad secreta del PP manuscrita por Bárcenas. Ruz había agotado sus cinco años en comisión de servicios en la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya había convocado su plaza en diciembre de 2014.
De hecho, fue su sucesor, el juez José de la Mata, quien recién llegado a la causa siguió la estela dejada por Ruz y dictó el auto de apertura de juicio sobre la pieza de los llamados papeles de Bárcenas. Emitió esa resolución el 28 de mayo de 2015. Es decir, casi tres meses antes de que la DAO acordara "ceder" información a la UDEF.
Los documentos desclasificados por el Ministerio del Interior sobre el espionaje a Luis Bárcenas y su mujer confirman no solo que los datos que aportó el operativo no llegaron a manos del juez que investigaba el caso Gürtel y la caja B del PP sino que las fechas jugaron a favor de la trama Kitchen. Durante dos años la cúpula policial no reveló ni siquiera a efectos internos la existencia del dispositivo de espionaje desplegado en 2013: los seguimientos comenzaron en julio de ese año con el pretexto de buscar patrimonio oculto del extesorero pero, según los investigadores, todo indica que el verdadero objetivo era localizar documentos que pudiesen incriminar a altos dirigentes del PP. Y hacerse con ellos sin mandamiento judicial.