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La tarifa regulada, también conocida como el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), está en proceso de reforma. La crisis energética ha dejado herido de muerte al actual modelo, una excepción europea en la que el coste de la energía está indexado a la subasta diaria. Esto tiene sus ventajas –un ahorro considerable frente a las tarifas no intervenidas, en tiempos de calma– y dos grandes inconvenientes: la volatilidad y la incertidumbre de estar sujeto a las dinámicas del pool, y la traslación directa de la escalada actual, sin que el mercado libre ejerza de amortiguador. El Gobierno quiere cambiarlo para eliminar los vaivenes y la "ansiedad", como definen en privado miembros del Ejecutivo, de estar pendiente cada día de los precios, con el correspondiente coste y desgaste político.
Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto un periodo de consulta pública en la que busca recabar opiniones de la sociedad civil y de las empresas. La mayoría coinciden –visto el dolorosísimo efecto de la escalada actual– en que un sistema no solo inestable, sino que no pone freno al encarecimiento en la subasta mayorista, no es el más adecuado: teniendo en cuenta que es la opción escogida por el 40% de los consumidores domésticos en el país, y que muchos de ellos están en gran situación de vulnerabilidad, dado que es necesario estar acogido a este sistema para acceder al bono social.
En el documento de la consulta, el departamento de Teresa Ribera reconoce que "es paradójico que sean los consumidores con menor consumo los que estén expuestos a una mayor volatilidad en el precio de su consumo eléctrico, aunque esta mayor volatilidad no se traduzca en mayores precios en el largo plazo". En general y quitando el episodio actual de la ecuación, el PVPC es más barato: no tiene por qué incluir en sus cálculos el beneficio que buscan las empresas privadas. Pero puede que no compense la inestabilidad ni el sufrimiento actual.
Las grandes empresas eléctricas llevan meses pidiendo una reforma del PVPC. Pero no todas las propuestas de terminar con los vaivenes son iguales, ni todas las voces tienen los mismos intereses. Antes de la última gran reforma eléctrica, de 2013, el precio de la tarifa regulada se fijaba en una subasta aparte. Ahora está bajo sospecha de manipulación por parte de Iberdrola, en un proceso que instruye la Audiencia Nacional. El por entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, y el Consejo Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) creen que la compañía apagó su potencia hidroeléctrica para encarecer el resultado. A las compañías no les interesa el PVPC actual por un sencillo motivo: cuando las renovables se imponen y el gas no logra marcar el precio de todas las tecnologías, cobran menos. De hecho, el regulador multa sistemáticamente a las comercializadoras por cambiar a los clientes del mercado regulado al libre sin su permiso.
Sin embargo, hay otra manera de estabilizar el coste de la energía en la factura regulada: indexarla no a la subasta diaria, sino a los mercados a largo plazo, cuya evolución recoge el coste real de la energía pero no es tan cambiante. Es lo que ha puesto sobre la mesa la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), es decir, Iberdrola, Endesa, EDP y Viesgo. Pero hay una cara b de la propuesta: defiende que la tarifa intervenida no debe ser de libre acceso, sino exclusiva para consumidores vulnerables. En la línea de lo que exige la Comisión Europea. También en línea con sus intereses, como no podía ser de otra manera: quitando momentos excepcionales como el actual, a todas las empresas les interesa que cuantos más consumidores mejor se adhieran al mercado libre, donde cada compañía ofrece el precio que quiere y donde se abren las puertas a los costes injustificados.
Fuentes de Transición Ecológica consultadas por infoLibre no descartan ningún escenario: ni modificar de cabo a rabo el PVPC, ni cambiar sus reglas para limitar sus efectos, ni dejarlo como está. El Gobierno está en fase de "escucha activa", aseguran estas mismas fuentes, pero insisten en que, de media, la tarifa regulada ha sido entre un 20% y un 30% más barata, y que si bien la inestabilidad es indeseable, podría ser un tiro en el pie acabar con un modelo que ofrece precios muy competitivos cuando el pool se comporta de manera normal.
Otras propuestas van mucho más allá. La Fundación Renovables, por ejemplo, ha puesto sobre la mesa una reforma estructural del recibo intervenido que se basa en una máxima muy clara: quien consuma más, que pague más. En su exposición de motivos, critican el actual modelo por ser, de facto, una transferencia de rentas de los ciudadanos de a pie hacia las grandes eléctricas. "Es necesario limpiar la tarifa y que responda al concepto de pago por uso. La tarifa eléctrica no puede parecer exclusivamente un instrumento de política industrial, territorial y de cumplimiento de los compromisos medioambientales, aunque inexcusablemente lleve implícitas directrices estratégicas, y mucho menos asumiendo partidas que van justamente en dirección contraria a lo que el precio de la electricidad debería reflejar y al objetivo de la política energética que tendría que permitir que la electricidad fuera más barata y competitiva", argumentan en el documento que han presentado en la consulta pública.
"El Gobierno tiene en sus manos que el PVPC responda al traslado de costes que ocasiona el suministro eléctrico de forma transparente y justa y no a la inclusión de partidas incontroladas que lo único que hacen es encarecer la electricidad en base a la nula capacidad de reacción del consumidor doméstico". Además de una bajada permanente de cargos, peajes e impuestos, la organización defiende tres tramos para acabar, con su juicio, con la injusticia actual mediante la cual "cuanto mayor es el consumo menor es el precio medio, lo que es ineficiente porque no incentiva el ahorro y va en contra de la consideración de la energía como bien escaso y como causante principal del cambio climático".
En el primer tramo, hasta 1.500 KWh, la Fundación Renovables defiende un "consumo mínimo vital", solo para la primera residencia, mediante el cual la electricidad adquirida es gratuita. En el segundo tramo, el "consumo normalizado", el modelo es similar al actual, con un IVA del 10%. Y en el tercer tramo, de "consumo penalizado", "debe establecerse un coeficiente de mayoración del precio de la electricidad consumida, coeficiente que puede ser progresivo o fijo en función de la complejidad del sistema". Es decir, que se pague más por la energía, con un IVA del 21%. El PVPC, según esta propuesta, debe ser de origen 100% renovable, mediante el establecimiento de contratos bilaterales con las plantas de energías limpias.
La primera cuestión que surge cuando se estudia la propuesta es evidente: ¿cómo se paga? La Fundación Renovables defiende que los gastos del primer tramo, gratuito, se sufraguen con el sobreprecio que abonarían los que consumen más. Y si no es suficiente, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Los expertos consultados, sin embargo, tienen dudas de que sea viable y de que este modelo pueda ayudar más a los consumidores más vulnerables en comparación al actual bono social (que también tiene carencias). "Complicaría mucho la gestión, en términos de coste y de efectividad. A simple vista, no lo veo", juzga el profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y especialista en el sistema eléctrico Diego Rodríguez.
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Los consumidores vulnerables, advierte, no siempre son los que consumen menos: las capas más pobres de la población suelen tener electrodomésticos viejos o ritmos de vida que les impiden ahorrar. Una medida así debe ir precedida de un estudio en profundidad sobre cómo afectaría a la población en riesgo de exclusión social, de clase baja, la más afectada por la crisis actual y por la volatilidad de precios. Rodríguez es partidario de "un cierto suavizamiento" en el PVPC, indexado a los mercados a largo plazo, como propone la Aelec, que permitiría a la tarifa regulada competir mejor contra un mercado libre que ofrece estabilidad a cambio de recibos, de media, más altos.
El catedrático de Economía Aplicada de la UCM y especialista en economía política de la energía Enrique Palazuelos no tiene en la cabeza la solución perfecta para el dilema, pero es favorable a un "mix" entre ambas opciones: que la tarifa regulada siga siendo más barata, pero sin tanta fluctuación. "Se podría buscar una combinación. Hay que paliar y evitar los dos extremos. Tampoco es bueno para el comportamiento del sistema eléctrico que los precios sean muy bajos", defiende: durante marzo y abril de 2021, el pool cayó en picado, los consumidores con PVPC pagaron muy poco y la retribución de las renovables sujetas al mercado marginalista sufrió. "Hay que buscar también convencer a los inversores a corto y medio plazo".
Sin embargo, para el especialista, coincidiendo con la visión de la Fundación Renovables, el conflicto de fondo es el diseño europeo del mercado de la energía: un modelo mediante el cual la tecnología más cara marca la retribución de las demás. La crisis de una sola materia prima pone en jaque el sistema entero. "Hay un mal de fondo y una solución de fondo que hay que dar: tenemos que tender a ir eliminando el modo en el que se determina el precio". Sin embargo, por ahora, las puertas del Parlamento, la Comisión y el Consejo europeo están cerradas a una modificación estructural de las reglas de juego.
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