Las tres leyes a las que el Gobierno levantará el veto en el TC tras la reunión entre Sánchez y Torra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo en la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, dieron este lunes un primer paso en la normalización de la vida institucional entre el Ejecutivo central y el Govern catalán tras más de dos años sin producirse encuentros de este nivel. Durante la cita, que se celebró en el Palacio de la Moncloa y se alargó durante dos horas y media, Pedro Sánchez trasladó al mandatario catalán que "no hay margen" sobre el derecho de autodeterminación porque "no existe" en la Constitución. Este último insistió en que el Govern que preside "no renuncia a ninguna de las fórmulas para llegar a la independencia". 

A pesar de sus posiciones alejadas y ya conocidas en esta cuestión central, el encuentro sí dejó algunos puntos de consenso. De hecho, el propio Torra celebró que haber podido hablar "de todo".Por ejemplo, ambos acordaron reactivar la comisión bilateral Estado-Generalitat, que está sin actividad desde 2011, justo cuando el expresidente Mariano Rajoy accedió al poder. También pactaron la creación de otros grupos de trabajo conjunto centrados en infraestructuras, especialmente sobre el proyecto ferroviario del Corredor Mediterráneo; hacienda o transferencias. De forma paralela, la idea es que Sánchez y Torra tengan una relación "fluida" entre ellos. 

Por otro lado, de esta nueva etapa destaca la voluntad del Gobierno central de acabar con la larga lista de desencuentros que arrastran ambas administraciones desde la sentencia del Estatut, en 2010, y que se ha plasmado desde entonces en la presentación de hasta 48 recursos de inconstitucionalidad contra 45 leyes y 3 decretos aprobados por el Parlament, de los que 15 están pendientes de sentencia. En rueda de prensa, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció la voluntad del Gobierno de desistir de los vetos presentados contra leyes que hacen referencia a la pobreza energética, el cambio climático y la universalización de la sanidad. 

Vivienda y pobreza energética

Hace poco más de una semana y ante la inminente reunión entre Sánchez y Torra, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la pobreza energética y el Observatorio DESC instaron por carta al president de la Generalitat a que priorizara en su encuentro con el presidente del Gobierno central el levantamiento del veto contra Ley 24/2015, una norma aprobada por el Parlament el 23 de julio de 2015 fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida precisamente por estas entidades con el objetivo de hacer frente a la emergencia habitacional y a los problemas de las personas que no pueden costearse los suministros energéticos básicos. 

La suspensión del TC, que llegó nueve meses después de su aprobación, afectó a tres artículos clave relacionados con la vivienda que afectaban directamente a entidades financieras y grandes tenedores de vivienda. Cuando presentó el recurso, el Gobierno aseguró que no tenía un trasfondo político, sino que buscaba evitar que Cataluña se hicieran cambios en los mecanismos judiciales vinculados a los desahucios y en la regulación del derecho de propiedad.

Su suspensión dejó sin efecto medidas como la cesión forzosa de pisos vacíos, la facilitación de un alquiler social antes de proceder al desahucio, la mediación obligatoria previa a cualquier desalojo o la implantación de mecanismos de segunda oportunidad para cancelar deudas hipotecarias. Para sortear este veto, el Parlament aprobó en diciembre de 2016 otra norma que también fue suspendida parcialmente por el TC en octubre de 2017, si bien según las entidades promotoras de la ILP "no era tan efectiva como la original".

Cambio climático 

Otra de las normas sobre las que el actual Ejecutivo se ha mostrado partidario de levantar el veto que la mantiene parcialmente bloqueada en el TC es la 16/2017 relativa al cambio climático. En noviembre de 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy impugnó quince artículos de esa norma al entender que invadía las competencias del Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y del régimen minero y energético, así como la legislación básica sobre protección del medio ambiente.

Con la admisión a trámite de ese recurso, que tuvo lugar en diciembre de 2017, quedó sin efecto la creación prevista para principio de 2018 de un tributo destinado a gravar determinados vehículos en función de sus emisiones nominales de CO2, que es el principal gas de efecto invernadero causante del cambio climático. También quedó paralizado un plan de transición para el cierre, no más allá de 2027, de las centrales nucleares catalanas, velando por la preservación de los puestos de trabajo directos que generan en el territorio. En la actualidad, en Cataluña hay tres reactores en funcionamiento en las centrales Nucleares de Ascó (I y II) y Vandellós (II), en Tarragona.

El pasado abril el TC levantó la suspensión sobre todos los artículos impugnados salvo el relativo la prohibición de conceder permisos de exploración para la obtención de gas y petróleo mediante fracking. No obstante, esto no implica ningún pronunciamiento definitivo del TC, que en caso de no retirarse el recurso –tal y como ha anunciado que va a hacer el Gobierno central– entraría a valorar el fondo de los asuntos impugnados en una futura sentencia.  

Sanidad universal

La tercera norma recurrida por el Gobierno de Rajoy a la que el nuevo Ejecutivo quiere levantar el veto es la ley 9/2017 de universalización de la asistencia sanitaria, que establece que todas las personas residentes en Catalunya tienen derecho a la asistencia sanitaria a cargo de los fondos públicos mediante el Servei Català de la Salut (CatSalut) y que la forma de acreditarlo es el empadronamiento. La decena de preceptos impugnados quedó suspendida en abril de 2018, cuando el TC admitió a trámite el recurso. 

Torra no pedirá el acta a los diputados suspendidos y ve "indecente" la decisión

Ver más

En abril de 2012, sólo meses después de su desembarco en la Moncloa, el Gobierno del PP aprobó una reforma sanitaria que tenía como fin último hurtar más de 6.000 millones de euros a la sanidad pública. El decreto consolidó un cambio de sistema: los ciudadanos pasaron a ser asegurados en lugar de beneficiarios y se perdió la universalidad, pues los inmigrantes sin papeles fueron expulsados de la atención normalizada, entre otras medidas. Bajo el argumento de un eventual ahorro económico que el Gobierno nunca ha concretado, la atención gratuita comenzó a estar únicamente garantizada para los inmigrantes sin papeles en urgencias, parto, postparto y menores.

Con el objetivo de evitar situaciones de desprotección, las comunidades autónomas han ido adoptando en los últimos años medidas de retorno al principio de universalidad. Algunas de ellas como Cataluña optaron por plasmar estas medidas en disposiciones de carácter normativo para blindar así la universalidad de sus sistemas. También el País Vasco o la Comunitat Valenciana optaron por esta línea encontrándose con la oposición de la mayoría conservadora del TC, que en varias sentencias ya ha determinado que las autonomías no pueden "determinar" quiénes pueden o no tener acceso al sistema porque este aspecto está regulado como "normativa básica" estatal.

En todo caso, el levantamiento de este veto puede tener un efecto práctico más limitado dado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció como una de sus primeras medidas la vuelta a la universalidad del sistema sanitario público. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ya se ha reunido para tratar este asunto con representantes de las comunidades autónomas y las entidades sociales y espera que la nueva regulación pueda estar lista después del verano.