Otro tipo de decisiones políticas y de gestión habrían contribuido a reducir la "sobremortalidad" en las residencias madrileñas. Porque eso fue lo que pasó. Y así lo dicen los datos. 9.468 personas mayores que vivían en geriátricos fallecieron entre marzo y abril de 2020. En proporción, el 21,5% de los que entonces ocupaban una plaza. Pero es que hay más. De ellos, el 77%, 7.291, lo hizo sin poder ser trasladado a un hospital. Se vulneraron, así, sus derechos fundamentales. Y se hizo, además, por unas "decisiones perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo". Y que cuatro años después ni siquiera se han investigado.
Así lo ha sentenciado la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de la región, que este viernes, tras un año de trabajo, ha presentado un demoledor informe con sus conclusiones en un acto celebrado en el Ateneo de Madrid. Para redactarlo, se han basado en datos oficiales del propio Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, de los informes más relevantes elaborados por organizaciones públicas y de la sociedad civil, de artículos académicos, de más de 25 testimonios, de artículos periodísticos y de los pocos avances que pudo tener la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, suspendida tras la convocatoria electoral del 4 de mayo de 2021 y cerrada a cal y canto tras la victoria de PP.
El trabajo ha consistido en una especie de tribunal ciudadano, presidido por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, y conformado por otras seis personas de reconocido prestigio profesional: María Victoria Zunzunegui, doctora en epidemiología por la Universidad de California; Fernando Lamata, médico y experto en Gestión y Administración Sanitaria; Anna Freixas, escritora y profesora jubilada de la Universidad de Córdoba; Fernando Flores, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y profesor de Derecho Constitucional; Cristina Monge, socióloga, politóloga y columnista de infoLibre; y Eduardo Ranz, abogado especialista en memoria histórica. Todos ellos han estado presentes en el acto celebrado este viernes en Madrid. Y durante el cual han expresado que, a falta de una investigación judicial ordinaria, no hay demasiadas dudas sobre lo que ocurrió en aquellos meses de crisis sanitaria.
Es cierto que la situación era "excepcional" en Madrid, pero también lo era en el resto de España, de Europa y del mundo, ha comenzado su intervención Martín Pallín. La diferencia es que las decisiones que se tomaron en la región presidida por Ayuso no fueron las mismas que en otros sitios. Y que eso fue lo que provocó la "sobremortalidad".
Primero: el antes
En primer lugar, denuncia el informe, no se dio una respuesta adecuada al inicio de la pandemia. Entre enero y febrero de 2020, señalan los expertos que han elaborado el documento, de 148 páginas, la Comunidad de Madrid debió haber adoptado medidas de prevención y control en las residencias. Pero ni hicieron esto ni, previamente, se activó la vigilancia epidemiológica, como ha confirmado Zunzunegui durante la presentación del documento.
"Se ignoró la evidencia sanitaria, no se hizo lo que se debía de hacer", ha lamentado Zunzunegui, que además ha coordinado estudios también clarificadores sobre de qué manera los datos de Madrid destacan, en el peor sentido de la palabra, por encima del resto de comunidades españolas. Así, por ejemplo, reveló que la mortalidad de mayores con covid que no fueron derivados a un hospital fue mucho más alta en Madrid que en el resto de España. Lo hizo en una investigación publicada en la revista Epidemiología (disponible en este enlace), en la que se detalla que en Madrid más del 40% de los ancianos que permanecieron en las residencias con la infección por SARS-CoV-2 falleció, mientras que en el resto de autonomías ese porcentaje osciló entre el 8% y el 26%.
Al estallar la crisis, no había medios de protección. Ni equipos de protección, ni oxígeno ni, ni siquiera, personal. "Algunos testimonios explicaron que además, durante las primeras semanas, algunas residencias indicaron a las trabajadoras que no usaran las mascarillas para no alarmar a los mayores", ha lamentado Flores en el acto.
Segundo: el durante
A esto siguieron, señala el informe, una serie de "decisiones políticas y de gestión discriminatorias" que contribuyeron a que 9.468 personas mayores que vivían en residencias fallecieran.
Y aquí hubo varios elementos determinantes. En primer lugar, no se medicalizaron las residencias, aunque así lo ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Al "hospital milagro de Ifema" fueron enviados varios profesionales sanitarios que, según los cálculos de la Comisión, podrían sin embargo haber contribuido a medicalizar hasta 1.000 camas en residencias.
Se intentó bajo el nombre de Operación Bicho, pero fue "caótico", confesó Encarnación Burgueño, hija de Antonio y que estaba al frente de un operativo que duró doce días y que, como concluye el informe, ni siquiera tenía contrato.
En segundo lugar, cuando una persona mayor necesitaba asistencia sanitaria no era trasladado al hospital por la existencia de, literalmente, "criterios de exclusión" que se lo impedían. Fueron establecidos por la propia Comunidad de Madrid en el Protocolo de la Vergüenza desvelado por infoLibre. El triaje que se estableció entonces, según ha confirmado el tribunal, se basó en criterios de dependencia, nunca clínicos. En concreto, esos "criterios de exclusión" firmados por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso impedían el traslado a los hospitales a los residentes más débiles, es decir, aquellos que tenían un alto nivel de deterioro cognitivo o un importante nivel de dependencia física. Y esto ocurría con independencia de tener o no covid.
Los datos oficiales, otra vez, lo confirman. En los ocho días del 27 de marzo al 3 de abril, en plena aplicación del veto a los traslados hospitalarios, se contabilizaron 2.397 fallecidos, lo que supone una media de 300 al día. De ellos, 2.101 murieron en la residencia (263 de media al día) y 296 en el hospital (37 de media al día). Mientas que en los ochos días del 23 al 30 de abril, cuando ya casi se recuperaron por completo los traslados de enfermos de las residencias a los hospitales, hubo 566 fallecidos, lo que supone una media de 70 al día. De ellos, 284 en la residencia (35 de media al día) y 282 en el hospital (35 de media al día).
Esto supuso "una discriminación en el derecho a la atención sanitaria y una vulneración del derecho a la vida, que con seguridad aceleró el deterioro de la salud de muchos residentes y su desenlace fatal", señala el informe. "La denegación del deber de socorro que se deduce de este comportamiento es un delito tipificado en el Código Penal", añade.
Pero hubo otras dos decisiones trascendentales que terminaron de redondear la catástrofe:
- Al tan cacareado "hospital milagro" de Ifema tan sólo fueron trasladados 23 mayores procedentes de residencias, según los propios datos oficiales de la Comunidad de Madrid.
- A pesar de existir un "mando único" por el cual todos los hospitales de la región, 34 públicos y 68 privados, estaban a las órdenes de la Comunidad, sólo fueron derivados a los privados aquellos que tenían un seguro. Es decir, los hospitales privados no recibieron ninguna derivación directa desde ninguna residencia. Ni tampoco lo hicieron los 14 hoteles medicalizados que habilitaron hasta 1.036 camas, de las cuales, como máximo, sólo se llegaron a ocupar a la vez 837.
Según ha especificado Lamata durante la presentación del informe, haber tomado otras decisiones políticas y de gestión habrían conseguido salvar la vida de más de 4.000 personas. Porque cuando eran atendidos, el desenlace era otro. Según los propios datos oficiales de la Comunidad de Madrid, entre marzo y abril de 2020 se salvó el 65% de los 6.308 —2.305 en marzo y 4.003 en abril– que sí fueron trasladados al hospital.
Tercero: el después
A esto se suma, además, que no se ha investigado lo ocurrido. Según ha explicado Martín Pallín, este tribunal ciudadano no lo pretendía. "Ni mucho menos", aclaró. Pero sí ha intentado arrojar la luz que los tribunales ordinarios y la "postura conformista" de la Fiscalía han impedido. "En nuestro sistema procesal es el Ministerio Fiscal el que maneja la iniciativa, pero no se ha hecho, y eso me duele doblemente", ha señalado Pallín. "Ha habido procesos, pero no una investigación. El informe no devuelve a los familiares que fallecieron pero habiendo unos testimonios se puede obtener algo de reparación, aunque es fundamental una resolución judicial. Muchas familias todavía no saben los detalles", ha añadido Ranz. Hay procedimientos en marcha, pero la mayoría de ellos han sido archivados.
La Audiencia decidirá si el Protocolo de Ayuso y la inacción de Sanidad obligan a indemnizar por una muerte
"Si el Estado no cumple su obligación positiva de actuar de forma diligente en un caso como el de las muertes en residencias de Madrid, además de vulnerar el derecho a la tutela judicial de las víctimas, les arrebata la posibilidad de una reparación y, en definitiva, reduce la confianza general de la ciudadanía en las instituciones. El desamparo institucional a personas en situación de vulnerabilidad produce daños en todas las direcciones", sentencia el documento.
En el terreno político tampoco se han depurado responsabilidades. Como señala la Comisión, la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid constituida el 6 de junio de 2020 tan sólo realizó ocho sesiones, porque quedó en suspenso por la convocatoria de elecciones anticipadas. Pero luego, y pese a los intentos de PSOE y Más Madrid, PP y Vox se han negado a reiniciarla.
Por eso ahora será este informe el que, como ha confirmado Martín Pallín, se enviará a todas las instituciones del Estado, incluyendo la Fiscalía, la Comunidad de Madrid y el Defensor del Pueblo. Pero también a algunas de fuera de nuestras fronteras, como la Comisión Europea.
Otro tipo de decisiones políticas y de gestión habrían contribuido a reducir la "sobremortalidad" en las residencias madrileñas. Porque eso fue lo que pasó. Y así lo dicen los datos. 9.468 personas mayores que vivían en geriátricos fallecieron entre marzo y abril de 2020. En proporción, el 21,5% de los que entonces ocupaban una plaza. Pero es que hay más. De ellos, el 77%, 7.291, lo hizo sin poder ser trasladado a un hospital. Se vulneraron, así, sus derechos fundamentales. Y se hizo, además, por unas "decisiones perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo". Y que cuatro años después ni siquiera se han investigado.