El Tribunal de Cuentas abre la vía europea sobre la amnistía. El organismo fiscalizador ha planteado este lunes varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con la causa por responsabilidad contable que sigue contra 35 líderes independentistas por los gastos relativos al referéndum del 1-O y a la denominada acción exterior del procés. Lo ha hecho al entender que la regulación contenida en la norma de olvido jurídico choca con el objetivo comunitario de prevenir la el fraude y la corrupción. Una afirmación que apoyan, entre otras cosas, sobre una enmienda a una propuesta de directiva comunitaria que fue planteada, precisamente, por el Partido Popular Europeo.
En su auto de planteamiento de cuestiones prejudiciales, el Departamento Segundo de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sostiene que "la regulación" contenida en la Ley de Amnistía "parece caminar en sentido opuesto" al objetivo del Derecho de la Unión Europea relativo a la prevención "de la impunidad del fraude y la corrupción". Y como "hecho incontrovertible" que respalda dicha "afirmación", pone el foco sobre una enmienda a la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la corrupción, una norma que todavía no está en vigor y que se refiere al ámbito específico del derecho penal.
La citada modificación al artículo 15 de la propuesta de directiva en tramitación, incorporada a instancia de la Comisión de Libertades Civiles, dice lo siguiente: "Los Estados miembro adoptarán las medidas necesarias para prohibir cualquier indulto o amnistía en beneficio de personas que hayan sido consideradas responsables de cualquiera de las infracciones penales a que se refieren los artículos 7 a 14 –cohecho, soborno, tráfico de influencias o malversación, entre otros–". "En consecuencia, si a fecha de hoy ya estuviera en vigor esta directiva, no habría sido posible que España, como Estado miembro de la UE, hubiera aprobado la ley de amnistía", señala el Departamento Segundo de Enjuiciamiento.
Aquella enmienda fue impulsada por el Partido Popular Europeo y los Conservadores y Reformistas, en el que se integra parte de la ultraderecha del Viejo Continente. Así, entre los firmantes de la misma, figuraba el presidente del grupo conservador, Manfred Weber, su vicepresidenta Dolors Montserrat o el eurodiputado Francisco Javier Zarzalejos. En el PP de Alberto Núñez Feijóo, de hecho, celebraron como una victoria la introducción de la enmienda. "Fortalece la protección de los intereses públicos y de la gestión pública, al contrario de lo que está haciendo en España en Gobierno de Pedro Sánchez", resaltaba la formación conservadora en un comunicado.
La resolución que abre por primera vez la vía europea en relación con la amnistía ha sido dictada por Elena Hernáez, la consejera que asumió el procedimiento por responsabilidad contable –un caso que afecta a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont o Artur Mas, entre otros– tras la salida del órgano fiscalizador de Margarita Mariscal de Gante, magistrada y exministra de Justicia durante el primer Gobierno de José María Aznar. Hernáez llegó al Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. Y su experiencia profesional ha estado siempre muy ligada a la Comunidad de Madrid. Ejerció como letrada jefe durante años en varios departamentos. Y durante el primer Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ejerció como secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia.
El paso dado por el Tribunal de Cuentas congela la aplicación de la amnistía hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva, algo que puede demorarse meses. Casi dos años tardó el TJUE, por ejemplo, en resolver las cuestiones prejudiciales que planteó en su momento el instructor del procés, Pablo Llarena, en relación con las euroórdenes tras el rechazo de Bélgica a entregar al exconseller Lluís Puig. La instructora, en concreto, plantea hasta ocho cuestiones prejudiciales que se centran tanto en el primer artículo de la norma –el que recoge los hechos y los delitos que se consideran amnistiables– como en el segundo, que refleja los supuestos que quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley.
La beligerancia del TS contra la amnistía contrasta con su aplicación normal para casi cien personas
La consejera recuerda que el artículo 325.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea recoge la obligación de combatir "el fraude y toda actividad ilegal" que afecte a los "intereses financieros" del Viejo Continente. Y, en este sentido, recuerda que el TJUE ha venido realizando de forma "reiterada" una "interpretación amplia" de lo que se entiende por "protección de intereses". "Las presuntas responsabilidades contables que, en su caso, se pudieran declarar por sentencia firme (...) deberían incardinarse dentro de esa 'interpretación amplia' de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea", apunta la resolución.
Hernáez, la consejera instructora, defiende esta afirmación por varios motivos. Por un lado, porque la declaración de dichas responsabilidades contables "supondría" que entre 2011 y 2017 "se habrían estado realizando actuaciones de corrupción (ilegales) con daño para el patrimonio público" de la Generalitat de Cataluña. Y, por otro, porque dichas actuaciones "habrían generado un riesgo o perjuicio potencial en el presupuesto" comunitario "por cuanto podrían haber afectado a la partida de los ingresos de dicho presupuesto, que se integra parcialmente por las aportaciones de los Estados miembro".
La sentencia del Tribunal Supremo relativa al 1-O impuso penas de prisión para los nueve principales acusados. Pero no fijó la responsabilidad civil, sino que remitió la resolución al Tribunal de Cuentas para que impusiera dichas cantidades. En el marco de este procedimiento, Sociedad Civil Catalana ha reclamado alrededor de cinco millones, una cifra que la Fiscalía ha rebajado a algo más de tres millones. Una responsabilidad contable que la ley de olvido jurídico busca eliminar: "La amnistía declarada en virtud de la presente ley produce la extinción de la responsabilidad penal, administrativa o contable". Pero por el momento habrá que esperar. Al menos, hasta que Europa se pronuncie.
El Tribunal de Cuentas abre la vía europea sobre la amnistía. El organismo fiscalizador ha planteado este lunes varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con la causa por responsabilidad contable que sigue contra 35 líderes independentistas por los gastos relativos al referéndum del 1-O y a la denominada acción exterior del procés. Lo ha hecho al entender que la regulación contenida en la norma de olvido jurídico choca con el objetivo comunitario de prevenir la el fraude y la corrupción. Una afirmación que apoyan, entre otras cosas, sobre una enmienda a una propuesta de directiva comunitaria que fue planteada, precisamente, por el Partido Popular Europeo.