El Tribunal de Cuentas fiscaliza por primera vez la financiación pública de las confesiones islámica, evangélica y judía

El histórico entrañamiento entre el Estado español y la Iglesia católica, articulado a través de múltiples mecanismos entre los que destacan los acuerdos bilaterales de 1976-1979, ha eclipsado la relación de colaboración de los sucesivos gobiernos democráticos con el resto de confesiones religiosas. Pero tales relaciones existen. Son constantes. Y tienen implicaciones económicas, que además ahora están siendo auditadas por primera vez por el Tribunal de Cuentas. La Fundación Pluralismo y Convivencia, perteneciente al sector público y objeto de atención de dicha fiscalización, ha dedicado desde su constitución en 2005 más de 35 millones de euros en subvenciones a las organizaciones representantes en España de islámicos, evangélicos y judíos. El promedio es superior a 2,3 millones al año.

El Tribunal de Cuentas, que actualmente está elaborando una auditoría de las relaciones económicas del Estado con las confesiones religiosas, también ha puesto en el punto de mira esta fundación. Es cierto que la auditoría se centra en la Iglesia católica. No en vano, esta institución consume anualmente 250 millones de euros de dinero público a través del IRPF, montante al que se suman exenciones fiscales, conciertos, ayudas y sueldos públicos. Se trata de una relación económica de miles de millones de euros al año, repartida en un amplio abanico de conceptos que cuestionan seriamente la aconfesionalidad del Estado. Es normal que una relación así deje en un segundo plano la existente con el resto de confesiones. Pero estas también reciben dinero público. La Fundación Pluralismo y Convivencia se encarga de ello. Ese es, de hecho, su objetivo fundamental.

“La labor de la fundación va dirigida a la normalización y acomodo del hecho religioso como elementos clave en la construcción de una convivencia adecuada e inclusiva. Por ello, además de la relación con las confesiones trabajamos activamente por una mejor gestión publica de la diversidad religiosa de forma que se avance en la garantía de un derecho fundamental”, señala Pluralismo y Convivencia en un escrito dirigido a este periódico.

Esta fundación nació en 2005, impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero. Europa Laica atribuye al que fuera presidente entre 2004 y 2011 un gran impulso a una política de "café para todos" en el terreno religioso que ha ido configurado una suerte de multiconfesionalismo asimétricomulticonfesionalismo. La cursiva es obligada porque España es, constitucionalmente, un Estado aconfesional, sin religión oficial. No obstante, la referencia existente en el texto del 78 a la religión católica, sumada a la traducción del Concordato de 1953 al lenguaje y los estándares democráticos que supusieron los acuerdos de 1976-1979, con toda su carta de privilegios, ha mantenido a la Iglesia de Roma en una situación de privilegio en los terreno fiscal, simbólico y educativo. No hay que olvidar que, en virtud de aquellos acuerdos, en el BOE sigue incrustada una frase que dice: "La mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica". Al pie, las firmas del cardenal Villot y el ministro Marcelino Oreja.

El cariz de oficialidad de la Iglesia católica, que no ha perdido e incluso se ha acrecentado en las aulas pese al avance de la secularización, ha motivado desde los años 80 las protestas del resto de confesiones. Ni islámicos, ni evangélicos, ni judíos han pretendido negar que en España, por razones históricas, es difícil discutir al catolicismo un papel más destacado e incluso una interlocución mayor con los poderes públicos. Pero sí han intentado limitar los privilegios de la Iglesia. Y recoger también, aunque en una escala inferior, beneficios públicos.

De los acuerdos del 92 a la fundación de 2005

No todas sus exigencias se han visto colmadas. Un ejemplo: los evangélicos también quieren su propia casilla en la declaración de la renta, que de momento no han conseguido. Pero los representantes reconocidos de estas tres confesiones sí que lograron, en 1992, sendos acuerdos de cooperación con el Estado en calidad de confesiones de "notorio arraigo". En dichos acuerdos –a los que con una licencia podríamos llamar miniconcordatos, porque reproducen a pequeña escala la lógica de colaboración Iglesia-Estado de los acuerdos con la Iglesia–, se establece el derecho de los padres a que sus hijos reciban enseñanza religiosa en el sistema público. Esa fue la lógica seguida: ¿Que había quejas por el privilegio que suponía la asignatura de Religión Católica? En vez de quitarla, se abrió a otros credos. Ese mismo año, 1992, estas confesiones minoritarias se anotaron otro gran logro, al apuntarse el mismo régimen fiscal que la Iglesia católica y las ONG con la Ley de Mecenazgo. No obstante, este fue sobre todo un éxito para la Iglesia, ya que no sólo blindaba su estatus tributario –un régimen que en su caso, dado su inmenso patrimonio, tiene mucho mayor impacto que en el resto de confesiones o que en las ONG–, sino que le permitía enarbolar un discurso según el cual ya no tiene privilegios. Es lo que llamábamos multiconfesionalismo asimétrico.

El siguiente logro de las tres confesiones de "notorio arraigo" llegó en 2005, con la Fundación Pluralismo y Convivencia. Aprobada en octubre de 2004 por decisión del Consejo de Ministros y a propuesta del que era ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, su constitución formal se produjo el 25 de enero de 2015, con lo que está a punto de cumplir 15 años, si bien a lo largo de este año ya viene celebrando el aniversario.

Adscrita al Ministerio de Justicia, nace para dar una cobertura, esencialmente económica, a los acuerdos de 1992 con la Comisión Islámica de España (CIE), la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede) y la Federación de Comunidades Israelitas de España (FCJE) [ver aquí los acuerdos con las comunidades islámica, evangélica y judía].

Dos líneas de subvención

La fundación viene publicando memorias desde el cierre de su primer ejercicio. infoLibre ha recabado información de Pluralismo y Convivencia y ha hecho un repaso de las memorias económicas, abarcando el periodo 2005-2018, e integrando en el análisis el presupuesto de 2019 y las últimas subvenciones ya concedidas, aunque todavía sin memoria. A pesar de que hay variaciones metodológicas a la hora de exponer los datos a lo largo de la serie, es posible obtener una imagen expresiva de la evolución de fundación desde sus orígenes hasta el día de hoy.

Los ingresos de Pluralismo y Convivencia, provenientes casi en su totalidad de subvenciones recogidas en los propios Presupuestos Generales del Estado, superan los 42 millones de euros, según las memorias de 2005 a 2018 y el presupuesto de 2019. Actualmente está abierta la convocatoria de ayudas de 2020. El grueso del dinero, más de 35 millones de euros, va dedicado a dos líneas de subvenciones, la 1 y la 2. La línea 1 es una ayuda directa a las federaciones que agrupan a las organizaciones de cada una de las confesiones. La línea 2 es para proyectos finalistas "culturales", "educativos", de "integración social".

Los destinatarios de los más de 35 millones repartidos son siempre los mismos: las organizaciones representativas de las confesiones minoritarias. CIE (islámicos) y Ferede (evangélicos) suman más del 42% cada una y FCJE (judíos) ronda el 15%, según el análisis realizado sobre las memorias.

Del presupuesto a la confesión

El gasto en subvenciones es algo superior a 2,3 millones de euros al año. Esto significa que las confesiones minoritarias reciben una centésima parte de lo que de media se lleva la Iglesia católica vía IRPF desde la reforma de 2007 impulsada por Zapatero, que elevaba hasta el 0,7% el porcentaje de asignación por cada equis.

Hay otras líneas de gasto de la fundación, especialmente vinculadas a estudios e investigaciones, pero no han llegado a consumir 3 millones de euros, según el análisis de las memorias. La actividad de la fundación se centra en derivar a las confesiones fondos que le han llegado previamente mediante una subvención nominativa recogida en el presupuesto del Estado. 

El golpe de la crisis

La fundación ha conocido tiempos mejores. Entre 2006 y 2011 tuvo unos ingresos anuales superiores a los 4 millones de euros. En 2009 y 2010 incluso superó los 5 millones. El año que más subvenciones concedió a las tres organizaciones de las confesiones de "notorio arraigo" fue 2010, con 4,61 millones. La crisis castigó con fuerza a la asociación, que en 2012 bajó drásticamente sus ingresos al filo de los 2 millones. Entre 2014 y 2017 la fundación no alcanzó los 1,4 millones. En la propia memoria de 2014, José Luis Andavert, en calidad de presidente de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, señalaba: "Lamentablemente, los severos recortes presupuestarios atribuidos a la crisis, iniciados durante la última legislatura del gobierno socialista y acusados por el gobierno siguiente del Partido Popular, han afectado considerablemente a todos estos proyectos, interrumpiendo en buena medida su desarrollo más fecundo".

La imagen de la institución dedicada al café para todos en el terreno religioso sale desfavorecida al observar la evolución del ratio "recursos de personal-subvenciones concedidas". En 2010, cuando las subvenciones ascendieron a 4,61 millones de euros, el gasto en personal ascendió a 447.384,56 euros (9,5% del gasto en subvenciones). El gasto en subvenciones fue bajando después. En 2015 tocó suelo: 895.967,66 euros, cuando el gasto en personal fue de 373.225,23 (41,57%). El último año con memoria publicada 2018, el gasto en subvenciones fue de 1,17 millones, por 429.958,46 euros en personal (35,89%).

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Análisis de tesorería, ayudas y justificación

A lo largo de sus tres lustros de historia, la fundación ha pasado casi inadvertida en el bosque del sector público español. Tiene escaso relieve político. La han presidido seis ministros de Justicia: cuatro del PSOE –López Aguilar, Mariano Fernández Bermejo, Francisco Caamaño y Dolores Delgado, actual presidenta– y dos del PP –Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá–.

Ahora la auditoría del Tribunal de Cuentas sobre la relación del Estado con las distintas confesiones religiosas, pensada especialmente para fiscalizar la financiación del Estado a la Iglesia católica, también le pone el foco por primera vez a esta fundación. La fiscalización, actualmente en curso, analizará las convocatorias de ayudas, la tesorería, los movimientos financieros, los acreedores beneficiarios de ayudas y la justificación y liquidación de subvenciones.