El Tribunal de Cuentas mantiene guardado en un cajón desde hace 11 meses el escrito donde en julio de 2020 la Fiscalía de Valencia le solicitó que analizase una denuncia contra Vox por si los hechos en ella descritos "fueran constitutivos de alguna de las infracciones administrativas" detalladas en la Ley de Financiación de Partidos Políticos (LOFPP)". Ni ha hecho nada desde entonces ni, a tenor de sus respuestas a las preguntas de infoLibre, resulta previsible que lo haga.
De carácter penal, aquella denuncia había sido dirigida el 7 de julio a la "Fiscalía Anticorrupción Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana" (sic) por una militante de Vox que aseguraba ser testigo de la existencia de una caja b y de cantidades que se fraccionaban para pasar inadvertidas. Apenas 13 días después, la fiscal encargada de las diligencias concluyó que no había indicios de delito. Propuso cerrar la investigación y así se hizo. Pero, pese a su rapidez en dar carpetazo al caso, la Fiscalía valenciana se curó en salud con un decreto donde el jefe del ministerio público en esa provincia, José Francisco Ortiz, impartía la siguiente orden: "De conformidad con la propuesta de archivo remítase copia de la Propuesta de Archivo y del presente decreto así como copia de la denuncia al Tribunal de Cuentas para que analice los hechos descritos en la misma, por si fueran constitutivos de alguna de las infracciones administrativas contempladas en el art. 17 de la L.O. 8/2007". Es decir, en el artículo de la Ley de Financiación de Partidos (LOFPP) que enumera qué conductas quebrantan lo preceptuado sobre puntos clave como las donaciones y aportaciones de dinero o los límites en cuanto a gasto electoral. Esas transgresiones legales no necesariamente entrañan la comisión de un delito de financiación ilegal –muy constreñido como desde hace años avisan los expertos y en la práctica convertido en papel mojado– aunque acarrean sanciones si se demuestra que se infringió la ley. Y lo cierto es que si se demuestran aunque solo sea desde el punto de vista administrativo, tales infracciones afianzan también las sospechas sobre cómo alimenta sus finanzas la organización sancionada.
Ahora, y tras conocer la denuncia de la antigua militante de Vox, infoLibre solicitó el jueves al Tribunal de Cuentas información sobre el resultado del escrito remitido hace un año por la Fiscalía valenciana. Y su respuesta definitiva llegó este lunes. Aunque el texto es largo, resulta inequívoco: porque lo que el máximo organismo fiscalizador del país argumenta es que la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas "señala que la iniciativa para pedir el inicio de actuaciones fiscalizadoras" corresponde al propio tribunal. Lo que ha venido a confirmar el tribunal es que entre sus paredes solo se investiga algo por iniciativa propia o por solicitud de las Cortes o Parlamentos autonómicos. Presidido por María José de la Fuente y bajo una clara mayoría conservadora desde 2012, el actual mandato del tribunal expira en julio. En este momento, el PP cuenta con siete consejeros y el PSOE, con cuatro, uno de ellos consensuado con IU antes del nacimiento de Unidas Podemos.
Ante la respuesta del tribunal y para evitar un remoto pero posible error de interpretación, infoLibre volvió a plantear a los portavoces del Tribunal de Cuentas la misma pregunta 13que ya les había hecho llegar el jueves por la mañana: la de qué ha ocurrido con el escrito enviado en julio de 2020 por la Fiscalía de Valencia. No hubo respuesta oficial aunque fuentes consultadas confirmaron que el escrito del fiscal de Valencia no ha surtido ningún efecto.
La primera negativa ya se produjo en 2016
Cuando ese escrito de la Fiscalía llegó al Tribunal de Cuentas, hacía ya año y medio que el diario El País había publicado cómo Vox se fundó con un millón de euros del exilio iraní. Es más, el organismo fiscalizador ya había rehusado en 2016 fiscalizar a Vox. En aquel primer caso, su negativa se produjo después de que el entonces todavía vicepresidente de la formación, Juan Jara, enviase un escrito al tribunal donde expresamente le solicitaba que auditase las cuentas del partido. Convertido luego en uno de los grandes enemigos del equipo que preside Santiago Abascal, Jara comunicó al tribunal que se estaba negando a los militantes información sobre donaciones en metálico que, según su escrito, habían superado los 460.000 euros en 2015.
En su respuesta a infoLibre, el organismo fiscalizador aduce que, en lo tocante a 2016, se extendió la fiscalización "a las formaciones que, de una u otra manera, habían percibido subvenciones públicas". Vox no estaba entre ellas.
Sí se encontraba ya en el pelotón de subvencionados cuando la denuncia valenciana llegó a la Fiscalía en 2020. En las municipales del año anterior, el partido de extrema derecha había logrado 530 concejales. Y en las segundas elecciones generales de 2019 obtuvo los 52 diputados que conforman su actual grupo parlamentario.
El escrito que en 2016 elevó al Tribunal de Cuentas el entonces vicepresidente de Vox, Juan Jara
Pero aunque la situación de Vox en 2020 era distinta de la de 2016, el tribunal no considera que deba modificar su posición. Es al tribunal –señala su respuesta oficial a este medio– al que le corresponde decidir qué investiga o no. "En el caso de que se trate de solicitudes de inicio de un procedimiento fiscalizador, hay que estar a lo que dice la normativa del Tribunal de Cuentas". Y esa normativa, prosigue el comunicado remitido a este periódico, señala que la iniciativa para pedir el inicio de actuaciones fiscalizadoras "corresponde al Tribunal de Cuentas, de oficio y atendiendo a las prioridades que se recojan en el programa anual de fiscalizaciones". O a las Cortes Generales. O, "en su ámbito, las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas". Por si no quedase claro qué significa lo anterior, a renglón seguido viene esto: "El artículo 32.2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, dispone que no se dará curso a ninguna petición que no proceda de estas instancias".
Pero hay más, dado que el párrafo siguiente del texto enviado a este periódico disipa cualquier resquicio de duda que pudiera resistirse a desaparecer. Y lo hace al afirmar lo siguiente: "Así se ha procedido en relación con el escrito enviado al Tribunal de Cuentas por parte de la Fiscalía de Valencia en 2020". Al decir "así se ha procedido", el tribunal se refiere a que para abrir un procedimiento de investigación contable se requiere el cumplimiento de alguno de los tres requisitos antes enunciados: o que el tribunal actúe de oficio, es decir, por iniciativa propia; o que lo haga a instancias del Congreso, el Senado o un Parlamento autonómico. Y la Fiscalía, ni la valenciana ni ninguna otra, se cuenta en alguna de esas categorías.
El tribunal enfatiza sus argumentos del siguiente modo: "Debe tenerse en cuenta que nosotros no podemos actuar si no es en el marco de nuestras competencias, dentro de las que no entra, en ningún caso, resolver sobre responsabilidades penales, que son responsabilidad de los tribunales penales". Pero lo que pedía la Fiscalía era justamente la averiguación de potenciales infracciones de índole administrativa, no penal.
La versión del Tribunal de Cuentas pone en entredicho los conocimientos jurídicos del fiscal jefe de una provincia como Valencia dado que fue él quien en su decreto anunciaba la remisión de la denuncia. Y ese escrito incluía la petición expresa de que analizase lo sucedido en Vox el órgano encargado de velar por la legalidad de las cuentas públicas y de las entidades que viven de subvenciones: los partidos pertenecen a esa categoría. Sobre el asunto planean dos preguntas: ¿tenía en su mano el Tribunal de Cuentas, tras haber recibido el decreto del fiscal valenciano, la opción de abrir de oficio una investigación contable sobre una denuncia cuya autora relataba que Vox poseía una caja b en Valencia para "el pago de comidas, salidas y eventos del partido"? ¿Podía haber incorporado esos elementos al examen de la contabilidad electoral de Vox en 2019, año en que se celebraron elecciones municipales y también generales, estas por partida doble? Juristas consultados por infoLibre contestan con un sí a ambos interrogantes.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas envía a la de Madrid una nueva denuncia a gran escala sobre la financiación de Vox
La autora de la denuncia de Valencia aseguraba que la supuesta caja b –así se lee en la propuesta de archivo de la fiscal que condujo la breve investigación penal– se iba nutriendo "de las aportaciones que entregan los responsables de Valencia en unos sobres". Esa misma denunciante, que se presenta en su texto como administrativa de Vox entre octubre de 2018 y enero de 2020, aseguraba asimismo que ciertos afiliados "se percataron de que figuraban a su nombre imposiciones por valor de 4.000 euros, ingresos que no fueron realizados por ellos": así lo resumió la propia Fiscalía.
Tanto la denuncia de la antigua afiliada de Vox en Valencia o la presentada ya en 2016 por el entonces vicepresidente de Vox figuran mencionadas en una nueva denuncia. Esta, la tercera ante el Tribunal de Cuentas, surge por iniciativa de un nuevo partido, Alianza Cívica. La presentó el pasado 13 de mayo ante la Fiscalía del organismo fiscalizador. Todavía no hay respuesta sobre si la denuncia será o no admitida a trámite.
El Tribunal de Cuentas mantiene guardado en un cajón desde hace 11 meses el escrito donde en julio de 2020 la Fiscalía de Valencia le solicitó que analizase una denuncia contra Vox por si los hechos en ella descritos "fueran constitutivos de alguna de las infracciones administrativas" detalladas en la Ley de Financiación de Partidos Políticos (LOFPP)". Ni ha hecho nada desde entonces ni, a tenor de sus respuestas a las preguntas de infoLibre, resulta previsible que lo haga.
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