2008 puede sonar lejano. Pero es el último año del que el Tribunal de Cuentas tiene totalmente fiscalizadas las cuentas de los partidos políticos. Este martes, de hecho, el presidente de la institución, Ramón Álvarez de Miranda, acudió al Congreso para explicar a esos mismos partidos cómo cumplieron (o no) en aquel año con la ley. La enorme demora tiene un efecto práctico directo: la prescripción. Según la ley de 2007 (vigente en el ejercicio 2008), las infracciones sancionables caducan a los seis meses. El propio Álvarez de Miranda reconoció a diputados y senadores que iniciar expedientes sancionadores "que van a ser declarados prescritos precisamente por estas deficiencias que se encuentran en la ley", no era "una labor adecuada ni propia del tribunal" y se abrirían unas "expectativas que no se corresponden con la actual legislación aplicable", cosa que no ocurriría con los ejercicios posteriores a 2012, porque la legislación se endureció el año pasado, ampliando el plazo de prescripción a los cuatro años.
El presidente del órgano fiscalizador comenzó su exposición en el Congreso reiterando que el compromiso de la institución que dirige es acortar los tiempos, trabajar más rápido. Así, está ya "muy avanzada" la tramitación de la fiscalización ordinaria de los ejercicios de 2009, 2010 y 2011, y se pretende que se apruebe en octubre el informe, todo con el fin de que "la fiscalización de la contabilidad de los partidos se sitúe en el próximo ejercicio dentro de los plazos previstos en la normativa". Álvarez de Miranda señaló que se "han reforzado los recursos personales asignados a la unidad de partidos políticos significativamente con el fin de acelerar los trabajos de fiscalización".
Los grupos no fueron especialmente agresivos con la enorme demora acumulada. Ricardo Sixto, de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), calificó el informe de "antiguo", y recordó que en aquel año la financiación de los partidos no estaba "bajo el objetivo de los medios y la opinión pública", cosa que hoy no ocurre "por otros acontecimientos", señaló, en implícita referencia al caso Bárcenas. El socialista Ciprià Císcar admitió que ya es "recurrente" la queja por la dilación del TCU, pero "es cierto, y sería injusto no reconocerlo, que el tribunal ha realizado un esfuerzo considerable para ir poniendo al día lo que estaba pendiente" y por acoplarse a la "exigencia" ciudadana de "mayor prontitud y rapidez". Eloy Suárez, del PP, agradeció igualmente el "esfuerzo" del órgano por agilizar sus labores.
Por lo demás, Álvarez de Miranda resumió, en su intervención inicial ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, el contenido del informe (consúltalo aquí) aprobado por el pleno del TCU en junio de 2013 y que hace referencia al primer ejercicio, el de 2008, en el que estaba ya en vigor la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos aprobada por el Gobierno socialista en 2007. Algunos asuntos detectados: ninguna de las 32 formaciones analizadas envió una auditoría interna; existen donaciones "no identificadas" por un total de 293.451 euros –y el artículo 5 de la ley veta taxativamente las donaciones anónimas– que afectan a IU Andalucía (52.055 euros), UPyD (28.476 euros) y Partido Aragonés (212.920 euros); nueve fuerzas políticas que recibieron donaciones privadas que no identificaron a sus donantes como marca la ley (entre ellas, el PP, ERC y Convergència Democràtica); 15 formaciones con patrimonio neto negativo (seis de ellas con más de dos millones de agujero); deuda con los bancos de 223,9 millones de euros, de la que 136,2 millones correspondían a deuda con garantía hipotecaria... En total, la financiación pública recibida por los partidos en 2008 fue de 299,5 millones de euros (y 4,7 millones en gastos de seguridad).
Las 36 fundaciones asociadas a los partidos recibieron 9,1 millones de euros. De ellos, 1,7 millones las captaron las vinculadas al PP (FAES, por sí sola, casi 1,6 millones), el doble de las que percibieron las del PSOE (870.000 euros).
Que vuelva el tope máximo de donaciones a fundaciones
Al referirse a las prescripciones, Álvarez de Miranda no hacía sino reproducir una conclusión que el propio informe hace: la ley de 2007 estableció un régimen sancionador, sí, pero "omitió la tipificación de las infracciones susceptibles de sanción, así como la posible prescripción de las infracciones y sanciones, lo que hace sumamente difícil e insegura tanto la incoación de los procedimientos sancionadores como su propia tramitación" por parte del TCU. Es más, esa omisión hace, explicó, que el plazo de prescripción que debería contar sería "el más corto, el aplicable a las infracciones leves", de seis meses, razón por la que no tenía sentido abrir expedientes sancionadores.
La reforma de 2012, ya con el PP en el poder, sí estipuló una prescripción de cuatro años, pero sólo será aplicable para el ejercicio de 2013 y siguientes. Pero la modificación de Mariano Rajoy fue regresiva en algún aspecto, como dijo también el presidente. Este pidió recuperar el tope de 150.000 euros anuales para las donaciones particulares a fundaciones vinculadas a los partidos que figuraba en la disposición adicional séptima de la norma socialista. Ese máximo legal quedó totalmente suprimido hace un año.
El presidente se quejó de que el tribunal repetido "de forma continuada" que sería "necesario" que los expedientes sancionadores quedaran interrumpidos por el inicio de los procedimientos fiscalizadores, no por el inicio del expediente sancionador, como sucede en la actualidad". O sea, que "la propia realización de fiscalización fuera elemento suficiente para que quedaran paralizadas las prescripciones asociadas a esos ejercicios".
Durante el debate, sobrevoló el caso Bárcenas, sin que se mentase expresamente el nombre del extesorero del PP. Hasta el punto de que el portavoz de los conservadores, Eloy Suárez, acusó a los socialistas de presunta "financiación irregular" por haber logrado la condonación de "36 millones de euros" de su deuda con los bancos. El presidente del TCU le corrigió: nunca la institución llegó a calificar las condonaciones de "financiación irregular". "No teníamos claro si podíamos establecer ese criterio. Lo que decíamos es que era una financiación no contemplada en la ley, y lo estuvimos diciendo muchísimos años". Respecto a la cifra dada por el diputado, simplemente indicó que efectivamente existieron "condonaciones importantes" a los partidos. "Pero la cuenta debería hacerse para todos los partidos", enmendó.
Reproches cruzados de UPyD, IU y PP
Irene Lozano, diputada de UPyD, se quejó de la politización del tribunal, razón por la que no ha sido tan "cariñoso" con su formación. La parlamentaria se quejó de cómo el PP ha hecho sangre por los 28.476 euros de donaciones no identificadas. Los números son ciertos, asumió, pero se debe a que en muchas ocasiones los donantes no se identifican y el personal de los bancos no lo requiere, pero constatada la cifra, el partido dio órdenes de no disponer de ese dinero. A su vez, Sixto, de IU, también juzgó "innegable" que su organización "ha tenido problemas en algunas federaciones para presentar cuentas", pero hay "propósito de enmienda" y esas disfunciones se van corrigiendo. Igual que la deuda de más de nueve millones, que se contrajo en los tiempos de Julio Anguita, por los malos resultados electorales, y que explica el patrimonio negativo. Esta también se está reconduciendo, dijo.
El portavoz del PP fustigó a ambos portavoces. A la primera, por "cuestionar y poner en tela de juicio" la labor del TCU. Y al segundo, por pedir cuentas a Mariano Rajoy por el caso Bárcenas. "Cuando uno oye a Cayo Laya diciendo esas cosas a Rajoy, es evidente que hay un doble discurso. IU no está en condiciones de hablar de transparencia por su persistencia contumaz en no rendir cuentas". Álvarez de Miranda, por su parte, defendió la imparcialidad de la institución y calificó de "profundamente injusto" que se la acuse de "lavar la cara al bipartidismo", protesta dirigida por Lozano.
Císcar, por su parte, subrayó que las cuentas de los partidos requieren "veracidad y transparencia", que todo euro que entre en una fuerza política "debe aparecer en sus cuentas" oficiales, las entregadas al TCU. "Gran parte de la ciudadanía puede pensar que lo que analizamos no se corresponde con la realidad", sostuvo, refiriéndose, sin nombrarla, a la presunta contabilidad B del PP que aparece en los papeles de Bárcenas y que, lógicamente, escapó al control del órgano fiscalizador. Ello llevó a la acusación de Suárez de "financiación irregular" del PSOE por el perdón bancario. Císcar devolvió el tiro y recordó que a una "formación que se refundó" –o sea, cuando Alianza Popular pasó a ser el PP– se le "condonaron todas las deudas y créditos pendientes".
2008 puede sonar lejano. Pero es el último año del que el Tribunal de Cuentas tiene totalmente fiscalizadas las cuentas de los partidos políticos. Este martes, de hecho, el presidente de la institución, Ramón Álvarez de Miranda, acudió al Congreso para explicar a esos mismos partidos cómo cumplieron (o no) en aquel año con la ley. La enorme demora tiene un efecto práctico directo: la prescripción. Según la ley de 2007 (vigente en el ejercicio 2008), las infracciones sancionables caducan a los seis meses. El propio Álvarez de Miranda reconoció a diputados y senadores que iniciar expedientes sancionadores "que van a ser declarados prescritos precisamente por estas deficiencias que se encuentran en la ley", no era "una labor adecuada ni propia del tribunal" y se abrirían unas "expectativas que no se corresponden con la actual legislación aplicable", cosa que no ocurriría con los ejercicios posteriores a 2012, porque la legislación se endureció el año pasado, ampliando el plazo de prescripción a los cuatro años.