La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha instado a las Cortes Generales a regular los microcréditos que utilizan algunos partidos políticos para financiarse y a precisar mejor el régimen sancionador que se aplica a las pequeñas formaciones de ámbito local, que juzga desproporcionado.
En su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado), Chicano ha explicado que a los consejeros les "cuesta la misma vida" imponer sanciones a esos pequeños partidos porque saltarse un 10% su tope de gasto supone haberse excedido en solo 150 euros, y en cambio la ley establece multas de miles de euros que les llevan a la quiebra. Y, en cambio, los partidos grandes, al presentarse en numerosas circunscripciones, tienen un tope de gasto que nunca llegan a rebasar.
El Tribunal de Cuentas ya reclamó esta regulación al poco de ser nombrados los actuales consejeros y este lunes lo ha vuelto a pedir la presidenta, abogando incluso por acometer esa reforma puntual de forma separada y urgente, sin esperar a la revisión global que está estudiando el Congreso.
La laguna legal de la microfinanciación
En cuanto a los microcréditos, ha vuelto a decir que "no hay nada regulado" y que el fiscalizador tiene que actuar sobre la marcha con unos criterios "homogéneos" que dependen de la ejecución de los partidos, todo ello derivado de esa "laguna legal" que presentan las últimas leyes de financiación de partidos políticos, que datan de 2015.
En anteriores mociones el tribunal ya se venía advirtiendo de que la ley debe distinguirse entre donaciones a fondo perdido de particulares y créditos (crowdfunding) que luego el partido devuelve, pero Chicano ha añadido otros temas pendientes como distinguir entre aportaciones de cargos públicos o donaciones de particulares ajenos, e incluso problemas tecnológicos derivados de si el dinero se ingresa en una cuenta bancaria o se hace por plataformas tipo paypal.
Chicano ha hecho este llamamiento al presentar el informe del Tribunal de Cuentas sobre partidos políticos correspondiente a 2016, el primero en el que se aplicó la ley en vigor y en el que se detectaron deficiencias generalizadas en la contabilidad que le ofrecen hasta el punto de cuestionar su representatividad.
El informe, que aún no incluía a Vox por ser anterior a su entrada en el Congreso, se aprobó en julio de 2020 bajo la Presidencia de María José de la Fuente y de la Calle, pero ha sido su sucesora, Enriqueta Chicano, quien lo ha presentado este lunes ante la Comisión Mixta de relaciones con las Cortes.
El informe de hace seis años
En total, han pasado cinco años desde que los partidos presentaron sus datos hasta que el informe se debate en el Parlamento, aunque el retraso en su presentación es atribuible a las Cortes Generales. Precisamente esta semana la institución ha aprobado el informe anual de 2017, también con un considerable retraso que el Tribunal atribuye a la celebración de elecciones cuyo examen es prioritario y obliga a parar la fiscalización anual.
En concreto, el informe de 2016 señala que la práctica totalidad de los partidos (todos salvo dos) presentaron salvedades que inciden, en mayor o menor medida, en la representatividad de sus cuentas, hasta el punto de que en diez casos, el fiscalizador ha considerado que las mismas no reflejan adecuadamente su situación financiera y patrimonial.
También se observaron limitaciones al alcance de la fiscalización en ocho formaciones que no habían integrado la contabilidad electoral de parte de su organización o de algunos partidos coaligados o federados.
En 2016, los partidos recibieron subvenciones para su funcionamiento, otorgadas tanto a las propias formaciones como a sus grupos institucionales, por un total de 236,69 millones de euros; y subvenciones para sufragar los gastos de seguridad, por un total de 2,79 millones de euros. También percibieron 67,59 millones en concepto de subvenciones electorales.
Una parte muy significativa de la financiación pública procede de las aportaciones que hicieron a los partidos sus grupos institucionales y por ello el tribunal reclama que ese dinero se integre en las cuentas anuales consolidadas para poder tener una imagen fiel de cada formación considerada "como una única realidad económico-financiera".
Financiación pública y privada
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Los recursos privados contabilizados por las formaciones políticas representaron en 2016 un total de 58,49 millones de euros, siendo la cuantía más importante la correspondiente a las cuotas y aportaciones de afiliados, con un saldo de 21,65 millones. Las aportaciones de cargos públicos supusieron 20,10 millones y las donaciones privadas 5,04 millones.
Además, el tribunal detectó incumplimientos susceptibles de constituir una irregularidad sancionable por haber recibido donaciones de personas jurídicas en cuentas bancarias de su titularidad, por no haber identificado los cargos públicos o los donantes que han realizado aportaciones, y por haber recibido ingresos que pueden constituir actividades de carácter mercantil.
También se apreciaron otros incumplimientos respecto a la legalidad de los recursos públicos y privados, que no estaban tipificados como infracciones del citado artículo, tales como la falta de apertura de cuentas bancarias específicas para el ingreso diferenciado de las cuotas, de las aportaciones y de las donaciones; el ingreso de cuotas, aportaciones y donaciones en cuentas bancarias no específicas para tal fin; así como el ingreso directo de las asignaciones concedidas a los grupos políticos en las cuentas bancarias de funcionamiento ordinario de las formaciones políticas.
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha instado a las Cortes Generales a regular los microcréditos que utilizan algunos partidos políticos para financiarse y a precisar mejor el régimen sancionador que se aplica a las pequeñas formaciones de ámbito local, que juzga desproporcionado.