La certeza de que habría una segunda vuelta en Europa estuvo presente desde el primer día en el proceso desarrollado en el Supremo contra los doce líderes independentistas. Eran conscientes de ello las defensas, que se esforzaron en todo momento en poner sobre la mesa las supuestas vulneraciones de derechos sufridas por sus clientes. Pero también el Alto Tribunal, que en la sentencia del pasado mes de octubre dedicó más de un centenar de páginas a intentar desmontar todas las denuncias planteadas por los letrados de los dirigentes independentistas. Unos líderes políticos que, según los magistrados, vivieron el juicio como un “tedioso y prescindible trámite” para llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y que ya han registrado los incidentes de nulidad de la sentencia como paso previo al Constitucional y a la posterior batalla fuera del territorio nacional. Una guerra que se prevé larga y en la que ya se han sucedido las primeras escaramuzas. A día de hoy están pendientes de resolución en el TEDH, con sede en Estrasburgo, y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuatro procedimientos diferentes relacionados con el procésprocés.
El primero en resolverse será el que afecta a la inmunidad del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, un asunto sobre el que tendrán que pronunciarse los magistrados del TJUE el próximo 19 de diciembre. El procedimiento parte de la cuestión prejudicial planteada el pasado mes de julio por el Supremo al tribunal que se encarga de interpretar la legislación de la Unión Europea. En ella, el órgano judicial español ponía sobre la mesa tres preguntas a fin de determinar la interpretación del artículo 9 del denominado Protocolo 7 sobre privilegios e inmunidades de la UE en lo referente a los eurodiputados mientras el Parlamento Europeo está “en periodo de sesiones”. Así, cuestionaba si esta inmunidad rige “antes del inicio del ‘periodo de sesiones’ para un acusado por delitos graves en prisión provisional”. Y en caso de una “interpretación extensiva” de este privilegio, si habría que “levantar la situación de prisión en términos absolutos, de modo automático” o si se tienen que ponderar “otros intereses en juego como serían los derechos e intereses derivados del interés de la justicia y del debido proceso”.
El Supremo solicitó que se tramitara por procedimiento acelerado. Cinco meses después, Luxemburgo está listo para pronunciarse. Y lo tendrá que hacer teniendo muy presentes las conclusiones presentadas en noviembre por el abogado general del TJUE Maciej Szpunar. Un dictamen en el que el letrado apuntaba que la decisión expresada en el voto “no está sujeta a validación o confirmación alguna”: “Una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo por la autoridad competente del Estado miembro en el que tuvo lugar esa elección adquiere, únicamente por ese hecho y desde ese momento, la condición de miembro del Parlamento, independientemente de cualquier formalidad ulterior que esté obligada a cumplimentar”. Sobre la inmunidad, Szpunar aseguraba que se aplica en cuanto se inicia el primer periodo de sesiones –2 de julio en este caso–. Sin embargo, el letrado mostraba serias dudas de que la Justicia europea sea competente para responder a la cuestión tras la inhabilitación de Junqueras recogida en la sentencia del procés.
Junqueras, Puigdemont y Comín contra la Eurocámara
Pero este no es el único procedimiento pendiente de resolución en Luxemburgo que afecta al exvicepresidente de la Generalitat. El Tribunal General, órgano que junto al Tribunal de Justicia conforma el TJUE, tiene también sobre la mesa una demanda de Junqueras contra el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, por haberse declarado “incompetente” para garantizar de manera urgente la inmunidad del político independentista tras su elección como eurodiputado en los comicios del 26M. En respuesta al líder independentista, que entonces se encontraba en prisión preventiva a la espera de la sentencia, el socialdemócrata italiano señaló que esa decisión excedía a sus responsabilidades y se remitió a la Junta Electoral Central española, quien no había declarado a Junqueras como diputado ante el Parlamento Europeo. Un argumento que para el abogado del político es insuficiente porque hasta el Supremo mostró sus dudas planteando una cuestión prejudicial. Por eso, la demanda solicita que se declare nula la comunicación de Sassoli y se le condene a pagar las costas.
Además de estos, fuentes del Tribunal de Justicia de la UE ponen sobre la mesa otro procedimiento pendiente de resolución que afecta al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al exconseller y número dos de la lista de JxCat a la Eurocámara, Toni Comín. Ambos dirigentes independentistas interpusieron el 28 de junio un recurso ante el TJUE contra la decisión del Parlamento Europeo de impedirles ejercer como diputados. Además, y teniendo en cuenta que faltaban un par de días para la sesión constitutiva, el abogado de los dos políticos interpuso también una demanda de medidas provisionales en la que se solicitaba que, hasta que se resolviera el fondo de la cuestión principal, se suspendiera la ejecución de varias decisiones de la Eurocámara y se ordenara al Parlamento adoptar todas las medidas necesarias para permitir que Puigdemont y Comín pudieran tomar posesión de sus escaños. La petición de medidas cautelares fue admitida a trámite. Y el expresident de la Generalitat no tardó en pronunciarse: “Ya dijimos que este partido se jugaría en Europa, en terreno y árbitro independiente”.
Pero pocas horas después recibieron el primer varapalo de Luxemburgo. El presidente del Tribunal General, Marc Jaegers, rechazó las provisionales solicitadas. “Dado que es indiscutible que los nombres de los demandantes no estaban incluidos en la lista remitida por las autoridades españolas al Parlamento el 17 de junio de 2019, debe estimarse que, a primera vista, los demandantes no habían sido declarados oficialmente electos”, aseveró el magistrado, quien afirmó que “a falta de una declaración oficial de las autoridades españolas” no había “ninguna base sobre la cual el Parlamento pudiese verificar las credenciales de los demandantes”. La defensa de Puigdemont y Comín, liderada por el abogado Gonzalo Boye, interpuso entonces un recurso contra el auto de Jaegers ante el Tribunal de Justicia. Por tanto, los dos líderes independentistas fugados se encuentran actualmente a la espera de que la institución con sede en Luxemburgo resuelva tanto ese recurso como el fondo del asunto principal.
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Dieciocho magistrados en Estrasburgo
También consta un procedimiento pendiente de resolución relacionado con el procés en Estrasburgo. En concreto, fuentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) señalan que es el denominado “M. D. y otros contra España”. Los hechos de este caso se remontan a 2014, cuando una treintena de jueces firmaron un manifiesto en el que se posicionaban a favor del derecho a decidir en Cataluña. El texto, que se hizo público a pocos meses de la consulta organizada durante la última legislatura de Artur Mas al frente de la Generalitat –el referéndum del 9-N–, partía de la idea de Cataluña como nación y defendía la “legitimidad y la legalidad del derecho a decidir” en el actual marco constitucional “desde una perspectiva dinámica y viva, no sacramental, de la Constitución”. “La negación del derecho a decidir sólo se puede defender y sostener por un criterio estrictamente ideológico y político de negar la realidad nacional”, aseveraba el manifiesto, suscrito por magistrados de las cuatro Audiencias Provinciales de Cataluña o diferentes jueces de instrucción.
Pocos días después, el diario La Razón publicó bajo el titular La conspiración de los 33 jueces soberanistas un perfil de cada uno de los togados acompañado de una imagen. En la gran mayoría de los casos, esa fotografía pertenecía al documento nacional de identidad de los jueces, una información personal y custodiada por el Ministerio del Interior. Por ello, 22 de estos magistrados decidieron acudir a los tribunales. La causa, en la que llegó a estar imputado el director del periódico y en la que varios policías llegaron a reconocer haber consultado las bases de datos del DNI en relación con los jueces, fue archivada primero por el Juzgado de Instrucción y después por la Audiencia Provincial de Madrid. En 2017, dieciocho de los magistrados decidieron acudir a Estrasburgo invocando cuatro artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos: los relativos a un juicio justo, al respeto a la vida privada y familiar, a un recurso efectivo y a la libertad de expresión. El caso se encuentra, por el momento, pendiente de que las partes respondan a las preguntas que les hizo el tribunal el pasado mes de junio.
La certeza de que habría una segunda vuelta en Europa estuvo presente desde el primer día en el proceso desarrollado en el Supremo contra los doce líderes independentistas. Eran conscientes de ello las defensas, que se esforzaron en todo momento en poner sobre la mesa las supuestas vulneraciones de derechos sufridas por sus clientes. Pero también el Alto Tribunal, que en la sentencia del pasado mes de octubre dedicó más de un centenar de páginas a intentar desmontar todas las denuncias planteadas por los letrados de los dirigentes independentistas. Unos líderes políticos que, según los magistrados, vivieron el juicio como un “tedioso y prescindible trámite” para llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y que ya han registrado los incidentes de nulidad de la sentencia como paso previo al Constitucional y a la posterior batalla fuera del territorio nacional. Una guerra que se prevé larga y en la que ya se han sucedido las primeras escaramuzas. A día de hoy están pendientes de resolución en el TEDH, con sede en Estrasburgo, y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuatro procedimientos diferentes relacionados con el procésprocés.