Artur Mas y dos miembros de su Govern serán investigados por el 9-N, pero, por ahora, por presunta desobediencia y por los hechos que estén "de manera directa o indirecta", relacionados con ella. Es la decisión tomada este lunes por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La Fiscalía veía más delitos detrás de la actitud de la Generalitat en el proceso participativo. En concreto, los de prevaricación, usurpación de funciones y malversación. Estos podrían ser finalmente examinados según avance la instrucción.
El TSJC informó de su acuerdo, adoptado por mayoría, después de una reunión extraordinaria de más de cuatro horas del pleno de la Sala Civil y Penal. Así, el alto tribunal admite a trámite "todas las denuncias y querellas vinculadas a los hechos relativos a la presunta desobediencia de la resolución del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre de 2014, así como a todos aquellos hechos que, de manera directa o indirecta, estén relacionados". La resolución del TC fue la que declaró suspendida la consulta alternativa. Queda descartado, pues, investigar los hechos anteriores a esta fecha.
Las querellas y denuncias admitidas se dirigen contra el president de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau. El TSJC aclara en su nota que no se admiten en cambio los escritos dirigidos contra la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y los miembros de la Mesa de CiU, ERC e ICV-EUiA (Anna Simó, Lluís Corominas, Josep Rull y David Companyon); el conseller de Interior, Ramon Espadaler; el portavoz del Govern, Francesc Homs, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras.
El tribunal decidió que todos los procedimientos se acumulen en la querella más antigua (la número 16/2014) recibida por la Sala Civil y Penal, que es la presentada por Manos Limpias. Todas las resoluciones se notificarán a partir del próximo 8 de enero. Después, se podrá interponer un recurso de súplica ante la misma sala.
Para evitar decisiones "contradictorias"
La reunión del pleno comenzó hacia las 10 de la mañana. Los cinco magistrados titulares de la Sala Civil y Penal –Maria Eugènia Alegret, Carlos Ramos, Enric Anglada, Joan Manel Abril y José Francisco Valls–, además de su presidente, Miguel Àngel Gimeno, tenían sobre la mesa las 7 querellas y 25 denuncias interpuestas contra Mas y otros miembros de la Generalitat y del Parlament por posibles responsabilidades cometidas en la celebración de la consulta alternativa. Gimeno avocó el pasado 12 de diciembre al pleno la decisión por tres razones: por la "elevada cifra de procedimientos, la relevancia social de los hechos" y para "evitar decisiones que podrían ser contradictorias". El pleno consta habitualmente de seis jueces más el presidente, pero uno de sus miembros, Núria Bassols, abandonó su plaza para ser la directora general del Programa de Políticas de Transparencia de la Generalitat, y su plaza, vacante, aún no ha salido a concurso.
Los seis magistrados de la Sala estaban directamente implicados por este asunto, pues en su mesa tenían alguno de los escritos registrados por el 9-N. José Francisco Valls, de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), fue designado como ponente de la querella de mayor peso, la presentada por la Fiscalía contra Mas, Ortega y Rigau, por cuatro delitos: desobediencia grave, malversación, prevaricación y usurpación de atribuciones judiciales. Abril, designado por el Parlament, era el ponente del escrito interpuesto por Manos Limpias y será quien dirija ahora la instrucción de la causa.
Mas: "Me someto al criterio de los tribunales"
El TSJC decidió centrar la investigación, por ahora, en la presunta desobediencia contra la resolución del TC, pero deja abierta la puerta abierta a añadir a la causa otros delitos, como los otros tres que mantenía la Fiscalía Superior de Cataluña (a instancias del anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce). Se irá viendo según vaya avanzando la instrucción, según precisaron a infoLibre fuentes del alto tribunal.
Mas se pronunció ante los medios antes de conocerse la noticia, en la reapertura del Cau Ferrat y el Museu Maricel de Sitges, en un acto al que acudió la ministra de Fomento, Ana Pastor. En él, reiteró que no comparte la querella por la organización del 9-N, aunque acataría lo dictado por el TSJ: "Las decisiones de los tribunales son, como no puede ser de otro modo, libres, y yo me someto a su criterio", señaló, informa Europa Press.
Su antecesor en el cargo, el expresident José Montilla, portavoz de la Entesa pel Progrés de Catalunya en el Senado, se ofreció a ser testigo en la defensa de Mas. Montilla, en una entrevista con EP, tachó de "error político y jurídico" la querella. "No hay razones ni políticas ni jurídicas para esto. Lo digo yo, que no participé en la consulta, que soy contrario a cómo estaba planteada y que no comparto los objetivos ni la hoja de ruta de los convocantes", sostuvo. El exjefe del Govern entiende que el procedimiento "da argumentos al independentismo" y facilita "la campaña de Mas" y que no se celebró un referéndum conforme a la Ley de Consultas –suspendida también por el TC–. "La prueba es que la interposición de la querella no fue nada pacífica, los fiscales se resistieron, poco sospechosos ellos de ser independentistas", añadió.
Artur Mas y dos miembros de su Govern serán investigados por el 9-N, pero, por ahora, por presunta desobediencia y por los hechos que estén "de manera directa o indirecta", relacionados con ella. Es la decisión tomada este lunes por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La Fiscalía veía más delitos detrás de la actitud de la Generalitat en el proceso participativo. En concreto, los de prevaricación, usurpación de funciones y malversación. Estos podrían ser finalmente examinados según avance la instrucción.