La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela en un informe al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia sobre el caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, que se desconoce el destino de parte de los fondos provenientes del presunto amaño de la venta de activos de las ITV y el Plan Eólico Valenciano –3,5 millones–, pero apunta a la posibilidad de que este capital hubiera sido transferido de Luxemburgo a dos sociedades de Uruguay, relacionadas con tres supuestos testaferros, informa Europa Press.
Uno de ellos, Fernando Belhot, participó junto con el expresidente valenciano y el de la Comunidad de Madrid Ignacio González, –investigado en el caso Lezo– en un negocio de comercialización de un producto de desinfección de aguas que intentaban efectuar. Belhot también está relacionado con estructuras de blanqueo de capitales de un caso de corrupción política en Sudamérica, el caso Ciccone.
Así consta en un informe de fecha 16 de febrero de 2018 de la UCO que explica, en primer lugar, la "operativa de compraventa de participaciones" entre empresas radicadas en Luxemburgo y España a través de la cual "se podría haber efectuado de forma velada el pago de comisiones relacionadas con las adjudicaciones de servicio de ITV y el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana". En síntesis, el grupo Sedesa –vinculado a la familia Cotino– habría comprado participaciones a las mercantiles Imison Internacional y Fenix Investments, ambas radicadas en Luxemburgo.
Para justificar la salida de fondos con destino a una sociedad "con cierto perfil offshoreoffshore", se compraban primero participaciones de una mercantil establecida en València, Inversiones Imison, vinculada igualmente a Sedesa y la familia Cotino. "Resulta que se compran las mismas participaciones que cuatro años antes había vendido la propia Sedesa a Imison Internacional, pero abonándose por ellas una cuantía extraordinaria", señala.
Según la Guardia Civil, la sociedad luxemburguesa se utilizó como "vehículo corporativo" para "canalizar fondos que presuntamente tuvieron por objeto el pago de comisiones pactadas con ocasión de determinadas adjudicaciones públicas". En total, los investigadores señalan que entre los años 2005 y 2006 el grupo Sedesa transfirió 6,4 millones a la sociedad Imison Internacional. La misma operativa se siguió, supuestamente, con las comisiones ilícitas que fueron a parar a manos del que fuera director de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García.
Los investigadores indican en el informe que García estaba relacionado con una serie de entradas de divisas en territorio nacional en 2012 y 2013, procedentes de la sociedad Luxemburguesa Fenix Investments SA por 2.239.107 euros y, vinculadas con estas entradas de divisas, aparece una declaración tributaria especial, por lo que "parece ser que esta persona se acogió a la amnistía fiscal que se desarrolló en España durante el año 2012".
"No se ha detectado retorno"
En relación al resto del dinero expatriado a Luxemburgo y que se acumulaba en la sociedad Imison Internacional, de la que detrás estaría el expresidente Zaplana, la UCO asegura que "no se han detectado por el momento operaciones de retorno e integración en bienes del territorio nacional" y cifra esta cantidad en 3,5 millones de euros.
Cabe la posibilidad, destaca el informe, "de que el resto de fondos investigados hubiesen tenido el mismo destino y hubiesen pasado a la esfera de estas dos nuevas sociedades –radicadas en Uruguay– Disfey SA y Misnely SA", constituidas en noviembre de 2009 y que declaraban poseer un porcentaje paritario de la española Medlevante, cuyo administrador único era el ex alto cargo de Zaplana y presunto testaferro Joaquín Barceló, que a su vez había declarado poseer la luxemburguesa Imison Internacional.
Zaplana, Barceló y el exsecretario del consejo de administración de la CAM, Francisco Grau, quedaron la pasada semana en libertad después de que la magistrada bloqueara 6.330.000 euros que considera que tenían en dos cuentas en Suiza, hecho que para la instructora "minimiza" el riesgo de fuga.
Estas sociedades aparecen relacionadas a los uruguayos Juan Francisco Mutio Cerdeiras y Daniel García Belhot, y estos, a su vez, a Washington Fernando Belhot Fierro, del que se conocen relaciones con Eduardo Zaplana. Ambos figuran en un mismo vuelo procedente de Londres y comparten el negocio de comercialización de un producto de desinfección de aguas que intentaban efectuar junto al expresidente madrileño Ignacio González.
La UCO subraya que el perfil profesional de Fernando Belhot "podría asemejarse al de Beatriz García Paesa, abogada de servicios de decomiso y estructuras societarias en Luxemburgo". "Indiciariamente cabe la posibilidad de que estas personas podrían obtener empresas pantalla opacas y trasladar fondos ocultos en favor de los investigados", añaden.
Además, Fernando Belhot, vinculado con la firma BGL Asesores Legales y Fiscales SRL, es poseedor de relaciones societarias en países como Uruguay, Brasil, Panamá, Honduras e Irak; mientras que Daniel García Belhot, al parecer asalariado y sobrino del anterior, en lugares como Uruguay, Panamá y Argentina. Asimismo, BGL habría actuado de intermediaria en una supuesta operación de blanqueo de capitales junto con el despacho Mossack Fonseca, conocida firma panameña relacionada con múltiples sociedades offshore, detallan los investigadores.
Los documentos del 'yonki del dinero' en un piso de Zaplana: una "hoja de ruta" con los pasos dados
El Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia sobre el caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, avanzó a raíz de la intervención en un despacho de abogados, en el marco de la operación Taula, de unos documentos llamados "hoja de ruta" que estaban en poder de Marcos Benavent, el exgerente de Imelsa, la que fuera empresa pública de la Diputación provincial y autodenominado 'yonki del dinero', y que habrían sido localizados en un piso que fue propiedad del propio Zaplana.
En un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de fecha 7 de abril de 2017 al juzgado, se reflejan los indicios que relacionarían a Zaplana con el contenido de los documentos y que fueron intervenidos en una entrada y registro de la otra operación. Los escritos los guardaba Benavent –al que la Guardia Civil no encuentra "ningún vínculo" con las personas y hechos investigados– junto con otros que fue "acopiando" a lo largo de su actividad profesional. Para analizar estos documentos, la Guardia Civil tomó en cuenta la declaración como testigo de Benavent, quien afirmó que se los había dado un miembro destacado de la Mezquita de València y "muy conocido" en la comunidad árabe.
Esta persona afirmó haber encontrado esos papeles en una vivienda en la que estuvo residiendo en alquiler durante seis o siete años, que pertenecía a un notario y que estaba situada en la plaza Legión Española de Valencia. Imad dijo que esos documentos --a los que se refería como "basura", que habían quedado abandonados en la vivienda que alquiló y que estaban dentro de un sobre-- "no" eran del notario y dejó entrever que pertenecían a una persona "distinta".
A raíz de esta entrevista, los investigadores rastrearon el padrón municipal, que permitió comprobar que este ciudadano sirio residía en esa vivienda de la Plaza Legión Española; y el catastro, que reflejó tres titulares de la propiedad: entre 1998 y 2006 Zaplana y su mujer; y en años posteriores dos notarios.
Zaplana ocupó un "plano de jerarquía superior" en la trama de las ITV y el Plan Eólico y fue uno de los beneficiarios económicos
El expresident de la Generalitat y su esposa vendieron en 2006 la vivienda a un notario y en el informe la UCO destaca que Imad explicó que encontró los documentos sobre 2007, fecha que coincide con la época "inmediatamente posterior a la transmisión" del piso. Por ello, la Guardia Civil cree que existen indicios que relacionarían a Zaplana con ellos, tanto por el lugar donde fueron hallados como por su propio contenido.
En relación con las cantidades recibidas por Imison Internacional, "se ha podido averiguar que en uno de los casos, inmediatamente tras recibir un primer pago por importe de 4,4 millones de euros, se ordena el retorno de 2,9 millones a través de varias ampliaciones de capital suscribe como socio de la mercantil Medlevante", sociedad constituida por Joaquín Barceló, ex director general de Turismo con Zaplana, que aparece como representante de la empresa luxemburguesa en España y considerado uno de sus presuntos testaferros.
Además, entre esos documentos hallados en la vivienda, figura una hoja de la sociedad Poinds Net, relacionada con la asistencia sanitaria y explotación de geriátricos, con anotaciones manuscritas y el nombre de su administrador únicos sobre el que la UCO recaba informaciones periodísticas en las que se denuncia un presunto trato de favor hacia él y a quien se considera amigo del expresidente.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela en un informe al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia sobre el caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, que se desconoce el destino de parte de los fondos provenientes del presunto amaño de la venta de activos de las ITV y el Plan Eólico Valenciano –3,5 millones–, pero apunta a la posibilidad de que este capital hubiera sido transferido de Luxemburgo a dos sociedades de Uruguay, relacionadas con tres supuestos testaferros, informa Europa Press.