Zaplana ocupó un "plano de jerarquía superior" en la trama de las ITV y el Plan Eólico y fue uno de los beneficiarios económicos

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP Eduardo Zaplana ocupó un "plano de jerarquía superior" en la trama de las ITV y del Plan Eólico, que obtuvo 11.209.028 euros en comisiones ilegales, y fue uno de los "beneficiarios económicos de los activos". Tuvo una participación "velada" en el fraude y "a través de terceros", informa Europa Press.

Así se desprende del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que obra en el Juzgado de Instrucción número 8 de València, órgano que investiga presuntos sobornos a cambio de adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico Valenciano y por el que el expresidente de la Generalitat está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Junto a él, también figuran como investigados, el exconseller y expresidente de Les Corts Juan Cotino; y sus sobrinos, los empresarios Vicente y José Cotino, entre otros.

En la causa, sobre la que acaba de levantarse el secreto parcial del sumario, se investigan una serie de comisiones aparentemente desembolsadas en atención a las adjudicaciones del servicio de ITV —realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana en la Generalitat— y del Plan Eólico de la Comunitat, puesto en marcha en 2003, "todas ellas adjudicadas y pagadas por parte de sociedades del grupo empresarial Sedesa", de la familia Cotino. El dinero se enviaba a una sociedad en el extranjero, se ocultaba en cuentas y posteriormente regresaba a España.

En concreto, este nuevo informe de la UCO, al que ha tenido acceso Europa Press, se centra en la sociedad Imision International, radicada en Luxemburgo, y constituida en 2001 como una sociedad pantalla sin aparente actividad mercantil. También describe el papel que desempeñó Zaplana en el entramado: "La investigación lo sitúa en un plano de jerarquía superior, tanto en la relación a las adjudicaciones cuando ostentaba el cargo de president, como en relación a la gestión del patrimonio ilícito aparentemente obtenido fruto de las mismas".

El informe expone que los indicios "evidencian" que Zaplana tenía conocimiento y participación en las operativas fraudulentas —según sus encuentros y reuniones con otros implicados que constan en su agenda— y, además, "habría sido uno de los beneficiarios económicos de los activos". Y lo hizo de manera "velada y a través de terceros".

Los investigadores vinculan a Zaplana "con determinadas personas en momentos concretos y trascendentales en la operativa general". Así, considerando un marco temporal que abarca más de 20 años —desde 1997—, el análisis sitúa al expresidente del Consell "en una gran cantidad de reuniones" que se producen con las personas que, de manera directa y coetánea, "estarían participando en la operativa": Juan Cotino, Joaquín Miguel Barceló —considerado su presunto testaferro—, Francisco Grau —asesor— o Washington Fernando Belhot —fiduciario en Uruguay—.

Los indicios, así mismo, —continúa la UCO— sitúan a Zaplana como uno de los beneficios económicos de los activos. Expone que tres mercantiles —Medlevante, Gesdesarrollos Integrales y Costera del Glorio— fueron destinatarias de los fondos que Sedesa hizo llegar a Imision International, y Zaplana era titular —o uno de ellos— de los bienes titulados por estas empresas.

La trama con Imision

La sociedad Imision International, utilizada como "vehículo corporativo", habría desempeñado un papel esencial en la trama como "elemento nuclear" por dos motivos: habría sido instrumentalizada para materializar el pago de presuntas comisiones pactadas en atención a adjudicaciones públicas —abonos que provenían de Sedesa—; y sirvió para canalizar fondos de origen opacos —transferencias recibidas desde Andorra—.

A juicio de la Policía, también se pretendía con esta sociedad ocultar la identidad de los verdaderos "titulares" utilizando fórmulas de compraventa de participaciones de sociedades, así como la figura fiduciaria.

La persona que administraba la mercantil era Beatriz García Paesa, abogada de origen español y sobrina del espía Francisco Paesa. Se constituyó con un capital de 607.000 euros que fue abonado en metálico por parte de Juan Cotino a García, según ella declaró, y se liquidó en 2011. Se conformó "de forma velada" dentro de la estructura de Sedesa, "otorgándole participación indirecta en las sociedades que gestionaban los servicios relacionados con la ITV y Proyectos Eólicos Valencianos SA". Así, adquirió participaciones de Inversiones Imision.

La suma de fondos que se abonaron en productos bancarios radicados en Luxemburgo y titulados por Imision International asciende a 11.209.028 euros, "los cuales se abonan mediante transacciones ordenadas desde España y el Principado de Andorra durante los años 2005-2009".

Las ordenadas desde España las realizó el grupo Sedesa, ascendiendo a un importe de 6,4 millones; y las de Adnorra se hicieron por parte de dos sociedades panameñas: Puncak Services (1,5 millones) y Merceron Investments (3,3), ambas vinculadas a Joaquín Miguel Barceló.

En fechas próximas a la constitución de Imision International, se produjo una reunión entre Zaplana y alguna persona perteneciente a la familia Cotino, "posiblemente Juan Cotino". Concretamente se localizó la anotación manuscrita "22 h. Cotino" en una de las agendas personales de Zaplana.

Zaplana, "titular real de activos"

La UCO incorpora en su informe un documento localizado en el registro efectuado en el domicilio particular de Zaplana, relato de MEDLEVANTE, que describe parte del proceso de retorno de los fondos de Imision —ampliaciones de capital en Medlevante— y las inversiones que se acometieron o se proyectaron. Según la Policía, el hecho de que este documento se hallara en el interior del maletín personal de Zaplana "da cuenta y permite entender el conjunto integral de evidencias que señalan a Zaplana como titular real de los activos de Imision y, por extensión, de Medlevante".

También a Zaplana se le relaciona con una serie de transacciones económicas e inversiones inmobiliarias en un documento que, "si bien no le nombra, las pesquisas efectuadas han permitido determinar la existencia de indicios de los que se evidencia que su identidad estaría velada a través del papel jugado por Joaquín Barceló y Fernando Belhot, este último como agente fiduciario".

Es Belhot en su manifestación judicial quien atribuyó la titularidad de parte de las inversiones —una serie de parcelas en Villajoyosa, dos apartamentos en el puerto de Altea o la inversión en el puerto deportivo— a Zaplana.

"Quien tenía un rol protagónico en la toma de decisiones era el señor Zaplana. Con el tiempo le consulté si él tenía algo que ver con esos activos y él me reconoce que sí, que tenía, que mayoritariamente o en forma contundente le pertenecían. Por su exactividad política, su función pública, Zaplana me manifiesta que no quería comparecer o aparecer como titular de esos activos financieros y de los inmuebles porque él había sido una persona que había tenido en el paso una actividad pública muy importante como presidente de la Comunidad entre el año 95 y el 2000".

Belhot también manifestó sobre entregas de dinero: "A Zaplana en estos 7-8 años se entregaron 770.000 euros de una cuenta, 615.000 euros de la otra y 1.040.000 dólares de una cuenta. En total, sería alrededor de 2,3 millones de euros que se le entregaron a lo largo de estos siete años".

Antifraude cuestiona la legalidad del Plan Eólico y las ITV 

La Agencia Valenciana Antifraude ha realizado dos informes, a petición del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que investiga el Caso Erial, en el que está imputadoZaplana, en relación con las licitaciones de la Inspección Técnica de Vehículos en 1997 y el Plan Eólico en 2003, adjudicaciones que la entidad cuestiona al considerar acreditado que se realizó con "inusual rapidez" en el primer caso y que era de "dudoso encaje" con la legalidad en el segundo, informa Europa Press.

Según la UCO, las adjudicaciones recayeron en el grupo Sedesa y las comisiones superaron los 11,2 millones de euros. La petición del juzgado se dirigió a la Agencia para auxiliar a la UCO y poder establecer si se cumplieron los requisitos establecidos en las leyes para ambas licitaciones.

En el caso del Plan Eólico, la Agencia dirigida por Joan Antoni Llinares, concluye que la fórmula jurídica empleada para la licitación —la convocatoria pública para la adjudicación de unas zonas que han sido delimitadas y predeterminadas para la construcción de parques eólicos—, es "de dudoso encaje legal en la normativa vigente" y alude tanto a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana como al hecho de que el Consell ya ha tomado la iniciativa para ajustar a la legalidad ese régimen que fue establecido en 2001 por el gobierno de Zaplana.

La Agencia constata que los trámites para la ejecución del Plan Eólico se iniciaron por acuerdo del Consell de julio de 2001, en el que se aprobó tanto el Plan como las Normas de desarrollo y Planos. Según la Oficina, no existen indicios de que el criterio de la experiencia en el sector, ni los pactos de estabilidad accionarial suscritos, ni el volumen y calidad de las instalaciones ya instaladas, ni criterios de carácter ambiental se haya valorado entre los criterios que determinaron la selección de las propuestas idóneas, según el documento consultado por Europa Press.

Además, señala que las bases de la convocatoria "alteran" los trámites del procedimiento establecidos en las normas puesto que, por ejemplo, no hacen referencia alguna a los criterios de selección de proyectos, lo que vulnera la legalidad e impide que esté regido, como cualquier otro de concurrencia competitiva, por los principios de igualdad, objetividad e imparcialidad. Asimismo, subraya que esas bases se publicaron en el Diari Oficial el 2 de agosto de 2001, una fecha que "dificulta" a los interesados por el periodo vacacional y la práctica administrativa aconseja no hacerlo en ese mes.

Otro de los puntos cuestionados es que determinadas condiciones límite se establecieron con posterioridad a la presentación de la documentación por los promotores, sin ponerlo en su conocimiento y siendo conocido el contenido únicamente por los redactores del informe, lo que vulnera los principios de publicidad e igualdad de trato u objetividad. Esas condiciones se aplican "directamente a determinadas empresas promotoras", la mayoría se formulan con "justificación escasa" y otros favorecen directamente a Proyectos Eólicos Valencianos, en la que participaba la familia Cotino.

En una comparación con otras autonomías, el informe concluye que los regímenes jurídicos analizados difieren del contenido del Plan Eólico Valenciano en el hecho de que no existe una convocatoria pública que inicie "en bloque y de manera conjunta el procedimiento de libre concurrencia" para las diferentes zonas con aprovechamiento eólico y, además, se elimina el trámite de información pública, con pérdida de garantía del derecho a la defensa.

Sobre el procedimiento de las ITV, señala que se aprobó por decreto en julio de 1996 la creación de una Comisión Interdepartamental para la racionalización del Sector público, que supuso un punto de partida en el cambio en el régimen de prestación del servicio, y que no consta, atendiendo a las propias exigencias que figuran en esa norma, que se realizan estudios en esa comisión sobre las diferentes alternativas en la prestación del servicio aportando costes de oportunidad.

"Asombrosa inmediatez"

Asimismo, constata que en el procedimiento de contratación se contravino la legislación al no elevar la propuesta al Consell y tampoco hubo acuerdo de la comisión creada, incumpliendo sus funciones. Del mismo modo, Antifraude hace nota de la "inmediatez y celeridad" en el procedimiento de adjudicación porque en un periodo de cuatro meses y 22 días se resolvió todo íntegro, desde el inicio y hasta la adjudicación.

De hecho, este órgano califica de "asombrosa" esa inmediatez ante la necesidad de realizar unos trámites que exigen un análisis "pormenorizado" de cada actuación, en especial, teniendo en cuenta el volumen de documentación, detalle y datos de las ofertas de cada uno de los licitadores.

En esta línea, califica de "peculiar" que en un mismo día se realizaran simultáneamente varios trámites administrativos "complejos" como el análisis por la Comisión de Estudio de las propuestas, la ponderación por los miembros de la Mesa de Contratación, la emisión de la propuesta de adjudicación y la resolución final.

"Todo ello en un arduo expediente que implicaba la ponderación razonada de un gran número de ofertas presentadas para cada uno de los cinco lotes (o zonas) y de criterios de valoración, siendo ello una muestra inusual de celeridad difícilmente compatible con los lógicos temposque una prolija tarea administrativa y técnica de esa magnitud, lógicamente, debía suponer", añade.

Otro de los puntos cuestionados es que no hay constancia de que el Gobierno valenciano, con carácter previo, realizara un estudio de costes que justificara la elección del procedimiento seguido ni figura un previo análisis que, en base a las posibles rentabilidades o beneficios a obtener, justificara la decisión adoptada ni se detalla con claridad la obtención del montante del canon a exigir en cada lote.

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Asimismo, cuestiona la figura de un "vicepresidente" en la mesa de contratación, que cree que sirve para aumentar el control político de este órgano, y apunta vulneración de la ley al no estar en el acta la firma del presidente. La Agencia hace notar que en el criterio económico, se limitaba el incremento al precio base de la licitación del canon a abonar a la administración en un 30%, de forma que la mejora de ese aumento no podría ser valorada en más de 15 puntos, y constata que tres de las empresas licitadoras presentaron valores superiores aunque ninguna fue adjudicataria de ningún lote.

Así, añade que no encuentra justificación para asignar menor puntuación a una oferta "considerada correcta, adecuada y de calidad" que a otras que presentan "incorrecciones, poca calidad o deficiencias".

La Oficina realiza una comparativa con el servicio de Aragón, con extrapolación de datos, que revela que los importes abonados a ese gobierno por la concesionarias fueron superiores a los pagados a la Generalitat y considera que el ejecutivo valenciano habría percibido por la actividad de las ITV en 1999 y 2000 un importe superior en todas sus zonas, siendo además que el parque automovilístico valenciano era cuatro veces superior al aragonés.