El caso contra la mujer del presidente del Gobierno comienza a desinflarse en los tribunales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acaba de asestar un nuevo golpe a la ofensiva ultra con un informe en el que rechaza la existencia de indicios de un delito de tráfico de influencias en las actuaciones de Begoña Gómez. El documento está ya sobre la mesa del titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que a mediados de abril abrió una investigación tras una denuncia apoyada en una serie de informaciones aparecidas en medios derechistas. Una nueva piedra para la continuidad de un procedimiento que, además, se encuentra en estos momentos a la espera de que se resuelva un recurso de la Fiscalía, que tampoco aprecia delito en las actuaciones de la mujer del presidente.
El caso Begoña Gómez, utilizado sin piedad por la oposición en la contienda política y que provocó los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, arrancó a raíz de una denuncia interpuesta por el sindicato ultra Manos Limpias en base a una serie de noticias cuya veracidad ni siquiera defendía el colectivo liderado por Miguel Bernard, admirador del dictador Francisco Franco y militante de la violenta y ya extinta Fuerza Nueva de Blas Piñar. A pesar de ello, y en contra de la doctrina del Supremo que prohíbe abrir causas basadas exclusivamente en recortes de prensa, el juez Peinado, padre de una edil del PP, decidió abrir diligencias de investigación. Y encargó a la Unidad Central Operativa estudiar las dos operaciones en las que supuestamente habría influido la mujer del presidente del Gobierno: el rescate de Air Europa y las ayudas a la empresa Innova Next.
Pero los agentes del Instituto Armado no han apreciado indicio alguno del delito de tráfico de influencias denunciado por Manos Limpias en la actuación de Begoña Gómez. Sobre el rescate de la compañía aérea –475 millones acordados en Consejo de Ministros en plena pandemia–, el Instituto Armado sostiene en su informe, adelantado este martes por el diario El País, que "no se tiene constancia" de que el hecho de que la mujer del presidente coincidiera con uno de los directivos de Globalia, grupo propietario de la aerolínea, en dos eventos pueda estar vinculado "a la decisión ministerial del rescate".
Por otra parte, la Unidad Central Operativa examina dos lotes adjudicados por Red.es a Innova Next, propiedad de Juan Carlos Berrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía la mujer del presidente y que incluyó en su oferta una carta de recomendación de Gómez. La Guardia Civil, que recuerda que las empresas de Barrabés han conseguido hasta 28 contratos públicos en los últimos años –uno de ellos del Ayuntamiento de Madrid–, ha investigado la composición de la mesa de contratación que adjudicó ambos lotes y la participación de dos de sus integrantes en las valoraciones subjetivas de las ofertas. Pero no ha encontrado vinculación alguna con la mujer del presidente del Ejecutivo ni tampoco elementos diferenciadores con otros expedientes.
El informe, conocido pocos días después de que el juez tomase declaración a varios periodistas cuyas informaciones sugerían para Manos Limpias un delito de tráfico de influencias, desinfla un poco más una investigación que el PP ha convertido en su principal arma contra el Gobierno de coalición y que la propia Fiscalía rechaza. Pocas horas después de que el juez Peinado decidiese incoar diligencias, el Ministerio Público, que se enteró de la apertura de la causa por los propios medios, presentó un recurso de apelación directa ante la Audiencia Provincial de Madrid –en lugar del habitual recurso de reforma ante el propio juez– reclamando el archivo de la causa al entender que no hay indicios suficientes. Un tribunal provincial que aún debe resolver sobre este asunto.
En el Gobierno consideran que el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil viene a confirmar una vez más que alrededor de la mujer del líder del Ejecutivo "no hay caso". La Oficina de Conflictos de Intereses archivó a mediados de marzo la denuncia del PP contra Sánchez por la supuesta relación entre el rescate de Air Europa y los "vínculos de naturaleza económica y profesional" de su esposa. Y el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del llamado caso Koldo, ya se ha negado en dos ocasiones a que Begoña Gómez sea llamada a declarar como testigo en el procedimiento por su supuesta vinculación con uno de los investigados en la causa.
La última, poco después de que arrancase la investigación secreta del juez Peinado. "Los datos que se ofrecen son meras informaciones periodísticas no contrastadas, que de las investigaciones realizadas por la Unidad Policial actuante y de la documentación obrante en la causa no aparece ningún dato o elemento que revele la existencia de conocimiento o intervención de la señora Gómez Fernández con los hechos objeto de investigación", afirmaba el magistrado en un auto. Una posición que iba en línea con la expuesta por la propia Fiscalía Anticorrupción: "Lo único que existe son meras informaciones periodísticas no contrastadas, de las que se desprende que doña Begoña Gómez ha podido tener relación con uno de los investigados, lo cual tampoco es revelador de nada más".
El caso contra la mujer del presidente del Gobierno comienza a desinflarse en los tribunales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acaba de asestar un nuevo golpe a la ofensiva ultra con un informe en el que rechaza la existencia de indicios de un delito de tráfico de influencias en las actuaciones de Begoña Gómez. El documento está ya sobre la mesa del titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que a mediados de abril abrió una investigación tras una denuncia apoyada en una serie de informaciones aparecidas en medios derechistas. Una nueva piedra para la continuidad de un procedimiento que, además, se encuentra en estos momentos a la espera de que se resuelva un recurso de la Fiscalía, que tampoco aprecia delito en las actuaciones de la mujer del presidente.