La Guardia Civil trasladó hace un año a la Fiscalía Anticorrupción sus sospechas de que en el viaje a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias durante el que Ignacio González fue espiado en 2008 "pudo despacharse algún asunto relacionado con el blanqueo del soborno" que supuestamente habría pagado en Suiza la empresa OHL al político para hacerse con la concesión del tren a la localidad madrileña de Navalcarnero. El entrecomillado procede de uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporados al sumario de la Operación Lezo, por la que el expresidente madrileño y antiguo delfín de Esperanza Aguirre permanece en prisión incondicional desde abril. Este martes, el máximo responsable de OHL, Juan Miguel Villar Mir, ha negado durante su declaración como investigado en la Audiencia Nacional cualquier soborno a González.
Fechado el 7 de julio de 2016, el informe, al que ha tenido acceso infoLibre, también revela que el 31 de mayo y el 7 de junio de ese año González se había visto respectivamente en un restaurante y en una cafetería del barrio de Salamanca con dos hombres "sin identificar" –almorzó con uno así como con la mujer que acompañaba a este y desayunó con el otro– que luego se marcharon a bordo de sendos vehículos, cada una de cuyas matrículas "consta en la DGT como reservada y titulada por Secretaría de Estado de Seguridad" pero ninguna de las cuales "está asignada al Cuerpo de la Guardia Civil".
En las fechas a las que alude el informe, el secretario de Estado de Seguridad era Francisco Martínez . Su sucesor en el cargo desde noviembre del mismo año es José Antonio Nieto, que este último mes de junio fue reprobado por el Congreso después de que hubiese trascendido que el 8 de marzo se reunió con el hermano de Ignacio González, Pablo, ahora en libertad bajo fianza. Nieto ha remachado siempre que en aquel encuentro, muy breve según su relato, Pablo González, entonces todavía directivo de Mercasa, se limitó a felicitarle por su nombramiento.
El informe contiene sendos primeros planos de los dos hombres aparentemente ligados a Interior y que compartieron mesa con González. El hecho de que los dos coches, un Volvo azul oscuro y otro verde, estén a nombre de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior lleva a la UCO a inferir que podría tratarse de dos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado "o de dicha Secretaría".
Horas después de aquel enigmático desayuno del 7 de junio con alguien autorizado a utilizar un coche matriculado a nombre de la Secretaría de Estado de Seguridad, Ignacio González se vio por la tarde, durante hora y media y esta vez en un local del distrito de Aravaca, con Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Como el antiguo dirigente del PP, Cerezo se encuentra imputado por la juez de Estepona que ya entonces investigaba la adquisición de un ático de lujo en el municipio malagueño por parte de Ignacio González y su mujer.
Un mes antes de aquel desayuno y la posterior cita vespertina con Cerezo, la juez de Estepona había dictado una providencia por la que ampliaba las comisiones rogatorias ya enviadas a Estados Unidos y a Panamá. El objetivo, tratar de averiguar quién es el auténtico propietario de la sociedad pantalla Coast Investors LLC, constituida en Delaware (EEUU) y propietaria original del dúplex de lujo. Entre las hipótesis que maneja la acusación popular que el abogado Javier Carnerero ejerce en nombre de los antiguos trabajadores de Telemadrid figura la de que el ático pudo ser un regalo de Cerezo.
Lauryn, el bufete Igra y la fundación Sinequanon
En relación al viaje efectuado por González a Cartagena de Indias entre agosto y septiembre de 2008, el informe recuerda cómo el vídeo que grabaron unos detectives muestra a Ignacio González y sus acompañantes mientras sostienen una conversación en la que introducen comentarios sobre tres entidades que podrían estar vinculadas al hipotético pago que OHL niega de forma tajante: el Angloirish Bank, la compañía panameña Lauryn Group y el bufete Igra, igualmente localizado en el istmo centroamericano.
El informe de la UCO hace constar lo siguiente: "La sociedad Lauryn Group Inc y la Fundación Sinequanon –utilizada por Luis Bárcenas para ocultar dinero en Suiza– fueron creadas por el bufete panameño Igra, que entre sus servicios ofrece la creación de sociedades en paraísos fiscales". "El nombre de Harmodio Herrera –prosigue el texto– figura vinculado a ambas mercantiles, pudiendo tratarse de un testaferro profesional que simplemente figuraría al frente de empresas pantalla o vehículos corporativos".
Los investigadores continúan el relato sobre Lauryn y Sinequanon detallando cómo ambas sociedades fueron creadas durante 2005 "en fechas muy próximas" a la entrada en vigor de un acuerdo de cooperación entre la UE y Suiza, la llamada directiva del ahorro. "La coincidencia entre las fechas de creación de ambas sociedades podría tener su explicación en que mediante la interposición de estructuras societarias se podía sortear esta directiva y además mantener el anonimato de las personas que realmente controlan las cuentas en Suiza".
La UCO repasa en su informe uno de los momentos más controvertidos del vídeo sobre el viaje del expresidente madrileño –entonces, vicepresidente con Esperanza Aguirre– a Cartagena de Indias, difundido en 2009 por la Cadena SER: aquel en que González y sus compañeros de viaje "acuden a un determinado domicilio (...) portando unas bolsas de un contenido indeterminado". "Algunos medios de comunicación –agrega la UCO– publicaron que el contenido de dichas bolsas podría ser dinero en efectivo, si bien este dato no ha podido ser verificado hasta el momento". Entre quienes acompañaron a Ignacio González a Cartagena de Indias figuran Edmundo Rodríguez Sobrino e Ildefonso de Miguel, entonces directivos del grupo Canal de Isabel II, feudo histórico del expresidente madrileño, y ahora igualmente investigados en Lezo.
El juez pide a OHL la lista de consejeros de la empresa cuando se adjudicó el tren de Navalcarnero en 2007
"Se debe tener en cuenta –dice el informe de la UCO– que el Canal de Isabel II mantenía en esas fechas [2008] un extenso entramado societario y financiero en gran número de jurisdicciones latinoamericanas en el que ocupó una posición de gran influencia Edmundo Rodríguez Sobrino".
Entre las operativas que investiga la Audiencia Nacional en el seno de Lezo ocupa un papel central la compra de la empresa brasileña Emissao por parte de la principal filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica, la colombiana Inassa. El primer instructor de Lezo, el juez Eloy Velasco, ya recalcó en el auto por el que envió a prisión a Ignacio González que aquella compra, rodeada de puntos oscuros y cuyas presuntas irregularidades denunció el propio Gobierno de Cristina Cifuentes, había infligido un daño multimillonario al Canal de Isabel II.
La Guardia Civil trasladó hace un año a la Fiscalía Anticorrupción sus sospechas de que en el viaje a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias durante el que Ignacio González fue espiado en 2008 "pudo despacharse algún asunto relacionado con el blanqueo del soborno" que supuestamente habría pagado en Suiza la empresa OHL al político para hacerse con la concesión del tren a la localidad madrileña de Navalcarnero. El entrecomillado procede de uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporados al sumario de la Operación Lezo, por la que el expresidente madrileño y antiguo delfín de Esperanza Aguirre permanece en prisión incondicional desde abril. Este martes, el máximo responsable de OHL, Juan Miguel Villar Mir, ha negado durante su declaración como investigado en la Audiencia Nacional cualquier soborno a González.