El Gobierno en funciones ha ofrecido este martes al resto de países de la Unión Europea aplazar el reconocimiento del euskera y gallego y comenzar con la oficialidad del catalán en un intento por acelerar el proceso en el seno de la Unión Europea y en un intento por superar las reservas de algunos socios por el coste de la traducción e intervención a las tres lenguas cooficiales, ha informado Europa Press.
"Hemos propuesto iniciar el despliegue primero con el catalán y, seguidamente, con las otras dos lenguas", ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al término del debate en Bruselas sobre el reconocimiento de las tres lenguas como oficiales de la Unión Europea.
El jefe de la diplomacia española ha dicho que "en absoluto" se trata de una forma de discriminación para el gallego y el euskera y ha defendido que la propuesta de priorizar el catalán responde a las dudas de "parte de los Estados miembro" preocupados por el impacto de "tres lenguas de una sola vez".
A su llegada a la reunión a 27, numerosos ministros han pedido más tiempo para examinar la necesidad e impacto de oficializar las tres lenguas cooficiales, para conocer en detalle las consecuencias legales, prácticas y presupuestarias de tal modificación en las reglas de la UE.
Fuentes europeas consultadas por Europa Press indican que la petición de un dictamen jurídico del Consejo y de una evaluación de impacto ha sido la más escuchada en los 40 minutos de debate que han tenido los ministros a puerta cerrada, aunque ninguna delegación ha pedido expresamente en el curso de la discusión que se diferenciara entre el catalán, el euskera y el gallego.
En todo caso, Albares ha subrayado en su comparecencia ante los medios antes de viajar a Nueva York que la decisión final de seguir trabajando a nivel técnico la propuesta "no varía en absoluto" y ha recalcado que "la defensa se ha hecho de los tres idiomas".
Para superar las dudas de los Veintisiete, el Gobierno en funciones ya ofreció la semana pasada que sea España quien asuma el coste de la oficialidad de las tres lenguas en su totalidad, aunque esto también plantea dudas jurídicas porque el reglamento europeo establece que debe ser financiado por las arcas comunitarias.
En un paso más para tratar de convencer a los socios, Albares ha explicado que el planteamiento de España es prever "periodos transitorios", una "gradualidad" por la que se despliegue primero el uso oficial del catalán en la Unión Europea y "seguidamente" se tramite el de las otras dos lenguas.
El ministro español no ha querido aclarar con qué plazos trabaja el Gobierno para avanzar en los grupos de trabajo a nivel técnico de la UE ni del calendario que baraja para la implantación de las lenguas oficiales y se ha limitado a decir que esperan que sea "lo antes posible".
Más tiempo
Albares no ve oposición en los 27 para incluir el catalán, el euskera y el gallego entre las lenguas oficiales de la UE
En la sesión de ministros una veintena de delegaciones ha tomado la palabra y, tras constatar que no había disposición para tomar una decisión favorable, la presidencia española ha "tomado nota" de que los Veintisiete pedían "más tiempo" y ha anunciado que el asunto tendrá seguimiento en el Consejo sin aclarar aún cuáles serán los siguientes pasos.
Albares, que no ha respondido a si se ha encargado ya un dictamen legal a los servicios jurídicos del Consejo, ha indicado que se "seguirá trabajando" para analizar el "desarrollo e implantación" de la petición española.
El debate ha concluido sin que se sometiera a votación la propuesta española, aunque esta posibilidad estaba prevista en el orden del día de la reunión, porque las delegaciones han considerado prematuro pronunciarse sobre el fondo, según distintas fuentes consultadas. El jefe de la diplomacia española también ha destacado que "nadie ha manifestado un veto" contra la iniciativa española.
El Gobierno en funciones ha ofrecido este martes al resto de países de la Unión Europea aplazar el reconocimiento del euskera y gallego y comenzar con la oficialidad del catalán en un intento por acelerar el proceso en el seno de la Unión Europea y en un intento por superar las reservas de algunos socios por el coste de la traducción e intervención a las tres lenguas cooficiales, ha informado Europa Press.