Al desastre humanitario que se vive en las carreteras de Grecia, Macedonia, Serbia o Hungría con miles de personas intentando llegar a Alemania o en los campamentos en la costa francesa esperando para poder llegar a Reino Unido, se une la postura de algunos Gobiernos de países del este de Europa que, en las diferentes reuniones mantenidas hasta la fecha, están intentando boicotear la llegada de refugiados a sus países. Y que mientras, de puertas para adentro, mantienen actitudes y hacen declaraciones discriminatorias o, directamente, xenófobas.
Eslovaquia, por ejemplo, ha mostrado su disposición a aceptar sólo a cristianos bajo el argumento de que los musulmanes "no se sentirían en casa". "Podríamos acoger a 800 musulmanes, pero no hay mezquitas en Eslovaquia. ¿Cómo se van a integrar los musulmanes si no les va a gustar estar aquí?", se preguntó el pasado agosto el portavoz del Ministerio del Interior eslovaco, Ivan Metik, en una entrevista en la BBC. Polonia, por su parte, está dispuesta a aceptar sólo demandantes de asilo que sean cristianos.
El primer ministro húngaro, el ultraconservador Viktor Orbán, también ha esgrimido motivos religiosos para bloquear un reparto de refugiados del que, sin embargo, su país quedaría fuera porque la UE considera que ya ha soportado suficiente presión en los últimos meses.
En un artículo en el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung del que se hizo eco The Guardian, Orbán dijo que es "importante" tener en cuenta que "aquellos que llegan fueron educados en otra religión y representan a una cultura radicalmente diferente" porque "Europa y la identidad europea tienen sus raíces en el cristianismo". "¿No es ya preocupante que el cristianismo europeo apenas pueda conseguir que Europa siga siendo cristiana? Si perdemos eso de vista, la idea de Europa podría ser sólo de interés para una minoría en su propio continente", escribió.
Entre los países que se han opuesto al reparto obligatorio de refugiados están también Letonia, Rumanía y la República Checa, aunque sus mandatarios han esgrimido principalmente motivos económicos y divergencias con la Alemania de Angela Merkel para aceptar las cuotas que les pretendía imponer Bruselas.
Fuentes de la Comisión Europea confirman a infoLibre que esta institución no va a permitir un reparto "a la carta". Admiten que puede haber refugiados con perfiles más adaptados a determinados países, pero niegan tajantemente que la religión vaya a ser un factor único a tener en cuenta. "Las personas que van a estar registrando los dosieres en los hotspots –los puntos de llegada en los que se identificará a las personas y registrará su origen y su situación para determinar si tienen derecho o no a asilo– no pueden facilitar esa información a los países. Discriminar no va a ser posible", sentencian.
No obstante, el foco del problema sigue estando en las dificultades que está encontrando la Comisión Europea para adoptar el mecanismo que permita dar una salida a esta crisis, especialmente por las reticencias de los países del este a aceptar unas cuotas de reparto obligatorias. En la Comisión dicen ser conscientes de que el problema político y humanitario es "grave", aunque se muestran confiados en que no será irresoluble. La normativa europea establece que una mayoría cualificada de países puede imponer la decisión y obligar al resto a aceptar los términos de un reglamento contra su voluntad. Pero este sería el peor escenario tanto para la UE, por una cuestión de imagen, como para los refugiados que eventualmente recalaran en esos países. En cualquier caso, los Tratados no recogen sanciones para los países que no acaten lo que dicte un reglamento.
¿Cómo está actuando la UE?
Además del caos en las fronteras, la incapacidad de los Estados miembros y de las autoridades comunitarias para controlar la situación está creando en parte de la ciudadanía la sensación de que la UE no está actuando o lo está haciendo de forma muy lenta. "El tema de las percepciones juega en nuestra contra", admite a este periódico una fuente comunitaria.
La realidad es que tampoco ayuda el hecho de que este miércoles todavía no hubiera habido un pronunciamiento oficial por parte de la Comisión sobre la nueva ley húngara de inmigración, que establece penas de tres años de cárcel por entrar de forma ilegal en el país y hasta cinco por el agravante de dañar la alambrada. "Nuestra legitimidad es más jurídica que política, por eso no nos podemos pronunciar hasta que hayamos analizado a fondo la ley", añade esta misma fuente. Y recuerda que hace tres años la Comisión Europea obligó a Hungría a cambiar su Constitución al considerarla "incompatible con el derecho comunitario".
En este contexto, expertos y ONG temen que la incapacidad de Bruselas para controlar la situación acabe por alentar un estallido xenófobo. El último informe de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea, de 2014, determinó que los miembros de grupos étnicos minoritarios, entre ellos migrantes y refugiados, siguen teniéndose que enfrentar, en los países de la UE, a discriminaciones en asuntos clave en la vida de las personas como el empleo, la educación, la salud y la vivienda. Asimismo, este mismo informe subraya que una "victimización continua" de los miembros de grupos étnicos minoritarios puede contribuir a generar en estas personas sentimientos de exclusión y llevarlos a la radicalización.
Esteban Ibarra, presidente de la ONG Movimiento contra la Intolerancia, califica de "barbaridad" las actuaciones y declaraciones que están haciendo los líderes europeos que se han mostrado más contrarios a la postura de la Comisión Europea ante esta crisis. "Lo que hay que hacer ahora mismo es poner por encima de todo el principio humanitario. Estos países que está impidiendo su aplicación están contraviniendo el espíritu fundacional y la naturaleza de la UE", subraya.
ONG como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) también reclaman a la Unión una respuesta más contundente en este ámbito. "Los refugiados no pueden esperar más retrasos ni más prórrogas. Y los Estados a los que llegan necesitan ahora la responsabilidad y cumplimiento de acuerdos internacionales del resto de la UE. Bruselas ha vuelto a decepcionar y a traicionar sus valores, anteponiendo el control de sus fronteras a sus obligaciones internacionales en materia de asilo y a la solidaridad entre Estados miembro", señala Estrella Galán, secretaria general de esta organización.
También desde Oxfam denuncian que haya países que estén llevando a cabo medidas que "van en contra de los derechos humanos" como el cierre de fronteras o la construcción de vallas. En palabras de su director de Campañas y Estudios, Jaime Atienza, la UE sigue demostrando su incapacidad para dar una respuesta a la crisis de migración que se está viviendo en las puertas de Europa. Asegura que el hecho de que algunos países no asuman las decisiones acordadas por el resto cuestiona la responsabilidad de la UE ante esta crisis.
La politóloga de la Universidad de Granada Belén Fernández García, que ha analizado en algunos trabajos las actitudes hacia la inmigración en Europa, considera que la situación socio-económica y la alarma que se ha generado con la crisis de los refugiados son condiciones muy desfavorables para controlar los estallidos xenófobos. "La incapacidad de las autoridades europeas para controlar la situación tampoco ayuda", añade.
No obstante, ¿no cabría esperar más empatía por parte de la ciudadanía europea con los refugiados, que son personas que huyen de sus países porque corren un riesgo inminente? Fernández García se muestra poco optimista. "Aquellos ciudadanos que han mostrado oposición hacia la presencia de inmigrantes difícilmente tendrán una actitud diferente hacia los solicitantes de asilo (...). La protección internacional supone un coste el país receptor que no todo el mundo está dispuesto a soportar, aunque se encuentre justificado por una situación de riesgo extremo", señala.
Además, la procedencia siria de muchos de los solicitantes de asilo puede, a juicio de Fernández García, introducir un elemento que favorece la manipulación de los ciudadanos poniendo sobre la mesa la posibilidad, "aunque sea remota", de que se infiltren terroristas del Estado Islámico. Aunque después se retractó, el el vicesecretario de Política Sectorial del PP, Javier Maroto, dijo que entre los refugiados sirios que llegan a Europa "hay muchos yihadistas" que cualquier día "ponen una bomba en nuestras ciudades".
¿Caldo de cultivo para la extrema derecha?
En el centro del debate también está la pregunta de si la llegada de solicitantes de asilo puede ser utilizada por los partidos de la extrema derecha europea para potenciar sus discursos. Fernández-García cree que sí, aunque considera que es la "incapacidad" de los Estados miembros y de las autoridades comunitarias para controlar la situación lo que puede acabar por favorecer electoralmente a esas formaciones. "No hay mejor campaña electoral para la derecha radical que una situación de alarma social relacionada con cuestiones migratorias y que evidencia la división e incapacidad de la UE", subraya.
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De hecho, esta crisis ya ha contribuido a asentar demandas tradicionales de este tipo de formaciones como los controles fronterizos o las devoluciones en caliente de los inmigrantes económicos irregulares. A juicio de Fernández-García, asumir estas demandas supone "legitimar el radicalismo excluyente" de estas formaciones. No obstante, Esteban Ibarra, de Movimiento contra la Intolerancia, advierte de que los "laboratorios de la xenofobia" no han empezado con la actual crisis de los refugiados. "Llevan trabajando decenas de años pero aprovechan las circunstancias de crisis económicas, políticas o bélicas de manera oportunista para desinformar y manipular a la opinión pública. Lo que hacen es introducir miedo y contradicciones que no deberían existir con las políticas adecuadas para alentar unos discursos que empiezan en la xenofobia y culminan en el cuestionamiento de la propia existencia de la UE", subraya.
La investigadora Fernández García también cree que existe el riesgo de un aumento de actitudes euroescépticas, e incluso eurófobas, motivado entre otras causas porque los países geográficamente más expuestos a la recepción de inmigrantes económicos y de solicitantes de asilo son precisamente aquellos que están haciendo más esfuerzos económicos para adaptarse a las exigencias presupuestarias que impone la UE.
¿Qué hacer, por tanto, ante tal desafío? Esteban Ibarra lo tiene claro. Cree que las instituciones tienen que lanzar mensajes informados y no manipulados y presentar esta crisis como una oportunidad para mejorar el desarrollo de los propios países y la convivencia, en lugar de como un problema social. "Eso es algo que, con independencia de las ideologías, hay que agradecer a la canciller alemana Angela Merkel, que ha dicho que si se hace bien, la acogida de demandantes de asilo entraña más oportunidades que riesgos", sentencia.
Al desastre humanitario que se vive en las carreteras de Grecia, Macedonia, Serbia o Hungría con miles de personas intentando llegar a Alemania o en los campamentos en la costa francesa esperando para poder llegar a Reino Unido, se une la postura de algunos Gobiernos de países del este de Europa que, en las diferentes reuniones mantenidas hasta la fecha, están intentando boicotear la llegada de refugiados a sus países. Y que mientras, de puertas para adentro, mantienen actitudes y hacen declaraciones discriminatorias o, directamente, xenófobas.