UGT ha pedido al presidente de Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, una auditoría interna “profunda” de los contratos que ha firmado el grupo público con la empresa Cofely, filial de la empresa francesa GDF Suez y centro de la trama corrupta desmantelada en la Operación Púnica. En los últimos tres años Tragsa ha adjudicado contratos a Cofely por importe superior a tres millones de euros, según recuerda UGT en su carta a Giménez de Córdoba.
Se trata sobre todo de “obras singulares de edificación” en la Comunidad de Madrid, asegura el sindicato, que también habla de la existencia de “facturas sin licitación” con Cofely. Si el presupuesto de las obras no supera los 10.000 euros, no hace falta sacarlas a concruso. “Esperamos que todas estas licitaciones y pagos de facturas sin licitación sean absolutamente pulcras, éticas y legales”, advierte la sección sindical al presidente del grupo público.
Entre las adjudicaciones figuran cinco, por un importe conjunto que roza los dos millones de euros, para instalar los equipos eléctricos y de frío, así como adecuar el edificio común del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y Cardiovasculares (CNIO-CNIC). Son contratos que van desde 2011 hasta 2013.
Además, Tragsa encargó a Cofely parte de la labor de desmontaje de la reforma que el Ministerio de Ciencia e Innovación del Ejecutivo socialista llevó a cabo en el edificio Merrimack II, donde instaló su sede tras gastarse en las obras 5,5 millones de euros. Como el arrendador obligaba al arredantario a devolver las oficinas en el mismo estado en que se las alquiló, el Gobierno del PP tuvo que deshacer esa costosa reforma, que también había llevado a cabo Tragsa. La factura del desmontaje que hizo Cofely en 2012 ascendió a 107.467,87 euros.
La filial de GDF Suez trabajó además para el grupo público en las instalaciones eléctricas de la nueva sede de la Agencia Efe en Madrid, el edificio Génesis, por importe de 14.574 euros. E instaló la fontanería del polideportivo de Leganés por otros 42.676 euros en 2012.
Fichaje del exalcalde imputado
Tragsa también se ha situado estos días en el centro de la polémica por otro caso de corrupción: la Operación Pokémon. Todo el gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Santiago está imputado y ha tenido que dejar sus puestos como consecuencia de las investigaciones de una juez de Lugo sobre los sobornos que una empresa de servicios, Véndex, repartió entre concejales y alcaldes de toda Galicia para conseguir contratos. Al exalcalde compostelano, Ángel Curras, imputado por tráfico de influencias y prevaricación, se le ha designado como delegado de Tragsa en Galicia.
Y la noticia se ha sabido sólo unos días después de que tuviera que dimitir como gerente de la empresa pública en la Comunidad de Madrid Javier de Miguel Sánchez, exalcalde del PP de El Escorial y miembro de la comisión de control de Caja Madrid hasta 2010. Gastó 172.700 euros con su tarjeta opaca al fisco. Sin embargo, De Miguel no ha sido despedido y sigue en Tragsa, en concreto en un despacho de la séptima planta de la sede madrileña del grupo, la planta donde se ubica la presidencia.
Estos dos hechos han provocado la indignación de la plantilla, sobre la que pende un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 1.336 trabajadores, el mayor de una empresa pública. El despido colectivo fue anulado el pasado mes de abril por la Audiencia Nacional, cuando el grupo ya había puesto en la calle a 300 personas. El ERE se encuentra en suspenso desde entonces, a la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre el recurso interpuesto por la empresa.
Durante su negociación, los sindicatos denunciaron una y otra vez que Tragsa se había convertido en una especie de “cementerio de elefantes” de antiguos cargos políticos. También revelaron que unos 200 directivos del grupo tienen sueldos superiores a los del presidente del Gobierno. La dirección de la empresa se negó durante las conversaciones a rebajar ni los sueldos de los directivos ni su elevado número.
De producirse el nombramiento en Galicia, Currás sucederá en el puesto a otro exalcalde del PP, César Aja, de Viveiro (Lugo). No obstante, el escándalo levantado por el anuncio, en medio de una semana negra para el PP por los casos de corrupción, puede haber hecho mella. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en el Parlamento gallego que no cree que “se produzca ningún nombramiento en esa empresa pública”.
En cualquier caso, los antecedentes son numerosos. En abril Tragsa fichó como delegada en Canarias a Luz Reverón, exdirectora de la Administración Central del Estado en La Gomera. Y, en plena negociación del ERE, entraron en la plantilla del grupo público otras tres personas, además del ya citado exalcalde de El Escorial, con vínculos con el PP: Joaquín Miguel Gonzalo Sánchez-Arjona, yerno del histórico diputado del PP Gabino Puche; Carmen Morenés Allendesalazar, hija de un exsocio de bufete de Arias Cañete, y Adolfo Díaz-Ambroma Medrano, primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura.
El Sergas, 11 millones de euros
Pero no será Tragsa la única instancia pública que deberá revisar en los próximos días sus relaciones con la filial de GDF Suez. El gerente del Servicio Galego de Saúde (Sergas), Antonio Fernández-Campa, entregará en el juzgado que instruye la Operación Púnica el contrato de 11 millones de euros que adjudicó a Cofely en agosto de 2013, para “revisarlo o auditarlo”.
Se trata de un contrato de suministro energético prestacional y mantenimiento y conservación de edificios e instalaciones de centros sanitarios, que incluía redacción de proyectos, dirección facultativa de obras y coordinación de seguridad y salud. Fue cofinanciado por la Unión Europea a través del programa operativo Feder Galicia 2007-2013, informa Europa Press. A este concurso se presentaron tres empresas, de las cuales una fue excluida, Altair Ingeniería. Aplicaciones SA Cofely ganó el concurso con 40,4 puntos, mientras Ferroser sólo puntuó 27,51.
En Navarra Cofely gestiona la central de energía de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela. El consejero portavoz del Gobierno foral, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha afirmado que con la empresa “se ha actuado con transparencia, objetividad y cumpliendo la ley”. “No incurría en ninguna cláusula de exclusión y, por tanto, la adjudicación se realizó con toda la objetividad y fue sometida a todos los controles y fiscalizaciones, incluido el de la Cámara de Comptos”, explica. Cofely también ha patrocinado la Feria de la Biomasa en Navarra.
Del País Vasco a Alcalá de Henares
Además, EH Bildu ha pedido en el Parlamento vasco toda la documentación y el expediente completo del contrato que el Departamento de Justicia del Gobierno vasco firmó con Cofely cuando la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, dirigía esta consejería.
La coalición soberanista ha expresado su “sospecha” de que el actual Ejecutivo “podría tener la tentación de dejar esta cuestión sin investigar”, por lo que ha reclamado una indagación “a fondo”. Según EH Bildu, Justicia adjudicó a Cofely en 2010 el mantenimiento de los edificios judiciales de Vizcaya con una rebaja sustancial del precio inicial.
Más allá ha ido el alcalde de Alcalá de Henares (Madrid), Javier Bello, va a suspender de forma cautelar el contrato que firmó con Cofely. Bello, que ha convocado un pleno extraordinario para crear una comisión de investigación, avanza que, “si hay sospechas”, pondrá “luz y taquígrafos”. Así, presentará hoy toda la documentación a la Junta de Portavoces y la pondrá a disposición de “quien la requiera”.
El contrato es el que adjudicó la gestión energética y mantenimiento de las instalaciones térmicas e iluminación de las dependencias municipales. El Ayuntamiento también firmó con Cofely otro contrato para el mantenimiento de calderas en varios centros educativos, por importe de 24.000 euros, que finaliza el próximo día 31.
Las fiestas de Madrid y otros seis municipios
La principal empresa de la ‘trama Púnica’ trabajó como subcontratista en Fomento de forma irregular
Además, el Grupo Municipal Socialista ha pedido al alcalde que entregue todos los expedientes de los contratos firmados con la empresa Waiter Music SL, cuyo administrador, José Luis Huerta Valbuena, ha sido detenido también en la Operación Púnica.
A esta misma empresa adjudicó el Ayuntamiento de Madrid las fiestas de La Paloma de este año. por 58.8000 euros. Waiter Music también organizó las fiestas de Aranjuez, Leganés, Pinto, Valdemoro, Getafe y Móstoles, asegura el PSOE madrileño.
Según ha explicado el portavoz de UPyD en el Ayuntamiento madrileño, David Ortega, Cofely consiguió ocho contratos del consistorio que dirige Ana Botella, por un importe aproximado de medio millón de euros.
UGT ha pedido al presidente de Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, una auditoría interna “profunda” de los contratos que ha firmado el grupo público con la empresa Cofely, filial de la empresa francesa GDF Suez y centro de la trama corrupta desmantelada en la Operación Púnica. En los últimos tres años Tragsa ha adjudicado contratos a Cofely por importe superior a tres millones de euros, según recuerda UGT en su carta a Giménez de Córdoba.