Una espada de Damocles pende sobre la "utopía" de Marinaleda, como la llaman los propios cooperativistas. El municipio sevillano, de menos de 3.000 habitantes y gobernado desde 1979 por el alcalde jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha basado su singularidad social en el trabajo cooperativo en la finca de El Humoso, símbolo de los logros en la lucha de los braceros del sur. Tras años de movilización y reivindicación, la finca fue expropiada por la Junta de Andalucía a un latifundista, el duque del Infantado, y cedida a los jornaleros a principios de los 90. En sus casi 1.200 hectáreas se emplean ocho cooperativas, agrupadas en la Cooperativa Humar-Marinaleda, que produce aceite, alcachofas, habas, pimientos... Ahora este modelo, que ha convertido a Marinaleda y a Sánchez Gordillo en iconos de la izquierda rural andaluza, está en riesgo. La Junta ha advertido a los cooperativistas y al Ayuntamiento que la cesión ha caducado y que, o adquieren las tierras, o a partir de que comience 2017 estarán en situación de "alegalidad", apuntan desde la Consejería de Agricultura.
La cesión inicial de las tierras por parte de la Junta fue por 12 años. No obstante, los términos de la misma nunca estuvieron demasiado claros, coinciden ambas partes. "Siempre se le ha ido dando cobertura legal y la actividad ha continuado allí", apuntan desde Agricultura. Pero ahora el Gobierno andaluz reclama a los cooperativistas un canon atrasado que, según fuentes de la Junta, supera los 5 millones de euros.
Desde el entorno del alcalde Sánchez Gordillo se lamenta que la Junta jamás haya reclamado ese canon y ahora lo exija de sopetón al tiempo que reclama la compra de los terrenos. Los cooperativistas creen incluso que, de haber deuda, podría estar prescrita. El propio alcalde afirma: "Nosotros hemos invertido mucho más de 5 millones allí. No nos pueden pedir eso". Por su parte, la Consejería defiende la necesidad de formalizar la relación entre las partes y sentar las bases de un acuerdo estable y claro. Desde Agricultura insisten en que tanto el Ayuntamiento como las cooperativas llevan más de un año recibiendo alertas y llamamientos de la Consejería, indicándoles la necesidad de regularizar su situación para acceder a la propiedad de la tierra.
"Nos cedieron la tierra por 12 años. Pasaron los 12 años y no dijeron nada. Y ahora les entran todas las prisas. Se quieren quitar las tierras de encima. Sólo les interesa el dinero", señala Juan Antonio Prieto, presidente de las cooperativas. "Marinaleda vive de las cooperativas. Si la gente que está aquí va a la calle, es gente que queda en desempleo, pero eso no lo tienen en cuenta", añade. Este modelo cooperativista está en la base del bajo índice de paro del pueblo, cuyo alcalde presume de alcanzar el "pleno empleo". El índice de desempleo suele estar por debajo del 8%, unos 20 puntos por debajo de la media de Andalucía. En las cooperativas trabajan, dependiendo de la época, desde 60 trabajadores a 400, durante las recolecciones. Pero este modelo necesita de la colaboración o, al menos, de la complicidad de la Junta. El conflicto ha puesto de relieve que el modelo de Marinaleda tiene problemas de autosuficiencia.
Una reunión del alcalde y la consejera
El 14 de diciembre el alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo (Candidatura Unitaria de Trabajadores, CUT, una de las organizaciones fundadoras de IU en Andalucía), se reunió con la consejera de Agricultura, la socialista Carmen Ortiz. El mensaje de la Junta fue claro: la cesión sin compromiso ni contraprestación de la tierra tiene como fecha tope el 31 de diciembre; si los cooperativistas quieren seguir en ella con tranquilidad legal, deben adquirirla; la cesión gratuita no es una opción. "Nosotros no queremos la propiedad. La tierra no tiene dueño. Queremos el uso. Sólo el uso", señala Sánchez Gordillo, que reivindica el historial de lucha que llevó a la conquista de aquella tierra, así como la modernización en la producción y comercialización de los productos que han introducido las cooperativas.
No obstante, vista la postura de la Junta, Gordillo se abre a la posibilidad de que la titularidad la ostente "una fundación", que contaría entre sus participantes con los propios jornaleros, desempleados y jubilados. Agricultura se opone a esta fórmula. Gordillo aseguró este miércoles a INFOLIBRE que el Defensor del Pueblo Andaluz podría implicarse en la búsqueda de una solución.
Las partes aún no han abordado cuál sería el coste de la finca, según afirman. "A esa parte llegaríamos si finalmente comprásemos, que está por ver", responde el cooperativista Prieto. ¿Pero se plantean comprar? "Yo no quiero. Sólo si nos obligan", concede Prieto, que niega tajantemente que existan diferencias sustanciales entre la posición del regidor –radicalmente contrario a la posesión de la tierra– y la de algunos cooperativistas, en principio más abiertos a estudiar fórmulas para dar mayor estabilidad a la situación.
La cooperativa, que desde el principio introdujo entre los criterios para seleccionar su producción que fueran cultivos que reclamasen abundante mano de obra, ha sobrevivido con estragos a los precios bajos que fijan las grandes compañías. Ahora, afirma Sánchez Gordillo, el panorama es esperanzador tras una difícil tarea de modernización productiva. Pero el 1 de enero está ahí, como una sombra amenazante.
Una nueva fase de la negociación
El Gobierno andaluz insiste en una línea de firmeza. A partir del 1 de enero, advierte, los jornaleros estarán en la finca sin cobertura legal. ¿Significa eso que se verá un desalojo de El Humoso, como en el pasado se ha visto de fincas ocupadas por el SAT y líderes jornaleros como el hoy diputado Diego Cañamero? No es en absoluto previsible un desalojo, admiten fuentes conocedoras de la situación. Pero sí se entrará en una nueva fase de negociación, más agónica.
La Junta recuerda que los cooperativistas, a partir de que se cruce la línea del ultimátum, no podrán acceder a ayudas europeas. Según el presidente de la cooperativa, Juan Antonio Prieto, la posibilidad de que el Ayuntamiento asumiese la titularidad de la finca no está sobre la mesa porque ésta se encuentra en el término municipal de Écija.
¿Y la posibilidad de que la Junta venda las tierras a un tercero? Las partes no lo consideran concebible. Todos coinciden en que lo que se avecina es una compleja negociación en la que entrarán en juego variables como las condiciones en que se quedan los cooperativistas, la deuda acumulada... En paralelo, está previsto que en 2017 llegue al Parlamento la nueva Ley de Agricultura, largamente esperada. Uno de los puntos en los que discrepan PSOE y Podemos-IU es en el papel que dar a las tierras públicas.
Sánchez Gordillo, impenitente en Marinaleda
Un pueblo simbólico
Gordillo siempre se ha mostrado dispuesto a dar la batalla por el modelo al que ha dedicado su vida, y esto incluye la carta de unas movilizaciones que podrían ser sonadas. Marinaleda es un símbolo para Izquierda Unida y para sectores de Podemos.
La web de la cooperativa dice: "La Cooperativa Humar-Marinaleda, nacida de las luchas jornaleras, es un proyecto colectivo cuyo objetivo no es el beneficio privado, sino la creación de empleo [...]". Y bajo el epígrafe "Utopía" añade: "Las tierras de Los Humosos, situadas en la Vega del Genil, no son propiedad de nadie, sino de toda la comunidad y de un pueblo que lleva años luchando por la utopía de una sociedad y un mundo mejor [...]". La Junta cree que esa "utopía" se asienta sobre una cesión insostenible. Y pretende pasar las factura. Al otro lado de la mesa hay jornaleros difíciles de doblegar. "No creo que nadie rompa la baraja", dice el presidente de la cooperativa.
Una espada de Damocles pende sobre la "utopía" de Marinaleda, como la llaman los propios cooperativistas. El municipio sevillano, de menos de 3.000 habitantes y gobernado desde 1979 por el alcalde jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha basado su singularidad social en el trabajo cooperativo en la finca de El Humoso, símbolo de los logros en la lucha de los braceros del sur. Tras años de movilización y reivindicación, la finca fue expropiada por la Junta de Andalucía a un latifundista, el duque del Infantado, y cedida a los jornaleros a principios de los 90. En sus casi 1.200 hectáreas se emplean ocho cooperativas, agrupadas en la Cooperativa Humar-Marinaleda, que produce aceite, alcachofas, habas, pimientos... Ahora este modelo, que ha convertido a Marinaleda y a Sánchez Gordillo en iconos de la izquierda rural andaluza, está en riesgo. La Junta ha advertido a los cooperativistas y al Ayuntamiento que la cesión ha caducado y que, o adquieren las tierras, o a partir de que comience 2017 estarán en situación de "alegalidad", apuntan desde la Consejería de Agricultura.