Al fin hay señales de vida de Carlos Fernández Gámez, que este mismo viernes se ha entregado en Argentina, poniendo fin al más largo capítulo, el de los once años de huida, de su rocambolesca peripecia. Lo último que sabían los investigadores sobre el más afamado prófugo del caso Malaya es que había pasado por el aeropuerto argentino de Ezeiza en 2008. El 27 de junio de 2006 la Policía, por orden del juez Miguel Ángel Torres, que estaba levantando las alfombras de la corrupción marbellí, había registrado su vivienda. Habían encontrado 3.500 euros en billetes de 500, anotaciones sobre las andanzas y el entorno societario de Juan Antonio Roca y una pequeña recopilación de información de la base de datos Axesor con reseñas de personas y empresas vinculadas a los negocios en Marbella. Pero el concejal no estaba, ni se le esperaba. ¿Dónde estaba Fernández, el entusiasta de Jesús Gil –éste lo fichó después de recibir una arrebatada carta de admiración suya– que acabó convertido en líder del Partido Andalucista en Marbella en los años en que las prácticas mafiosas se convirtieron en ley? Según comunicó a las autoridades, se encontraba haciendo el Camino de Santiago. Enseguida se personaría ante la justicia, afirmaba. Aún lo están esperando.
Su detención se había ordenado en la segunda tanda de arrestos de la operación Malaya, que tenía conmocionado al país, y Fernández ya había visto cómo antes que él otros detenidos en situación parecida iban directamente a prisión provisional. Desapareció. La Policía cree que cruzó hasta Portugal, de allí voló a Brasil... Y ahí se perdió su rastro, entre rumores nunca confirmados que lo situaban en Marruecos o incluso en la propia Marbella, cuyo mar de chalés ofrece un refugio tan discreto como cualquier paraje recóndito. Esta semana Fernández ha dado la cara. A su estilo novelesco, por supuesto. Primero se ha interesado a través de su representante legal en España por la posible prescripción de los delitos de los que se le acusa, diez años después de su procesamiento –ya huido– por parte del juez Torres. Y después, este mismo viernes, se ha entregado en Argentina. Once años después de su huida, Fernández persigue la prescripción de sus delitos, su extradición y su regreso a España limpio de polvo y paja. ¿Puede salirle la jugada? Ni las fuentes judiciales ni los expertos en derecho penal y procesal consultados se atreven a decirlo con una certeza absoluta.
El juzgado de instrucción 5 de Marbella (Málaga), que investigó el caso Malaya, recibió este viernes una comunicación formal de la Interpol: Fernández había sido detenido en Argentina. Ahora el juzgado deberá analizar si los delitos por los que está procesado han prescrito para iniciar o no el proceso de extradición. Torres atribuyó en 2007 a Fernández los delitos de cohecho, prevaricación, malversación y fraude. El juez estableció que el político andalucista había recibido 150.000 euros de Roca, el cerebro de la trama corrupta, que había creado una mecánica de compra de voluntades para contentar a los concejales y seguir recaudando dinero de constructores a cambio de favores urbanísticos.
A esos 150.000 euros se sumarían, según Torres, las famosas "cantidades innominadas", únicamente reseñadas con la palabra "sobres" en la contabilidad de Roca. El juez dedujo que el destinatario de sobres "CF" era Carlos Fernández. Sus operaciones bancarias también movieron al instructor a la sospecha. El auto de procesamiento reseñaba que Fernández estaba imputado en diez procesos penales. Pesaban sobre él tres órdenes de busca y captura cuando dictó la resolución. Pese a la contundencia del auto contra él, a Fernández siempre lo ha acompañado la fama de ser un garganta profunda del caso, un colaborador de la Policía, al menos en la fase final de su etapa política. Así lo insinuó incluso en 2012 la ex alcaldesa Marisol Yagüe.
El tiempo a favor
La entrega del ex concejal es la segunda parte de su última maniobra, que en medios judiciales ha sido interpretada como un intento de sortear definitivamente la acción de la justicia usando sus propias reglas. La representación legal de Fernández en España ha solicitado al juzgado de instrucción 5 que se pronuncie sobre la prescripción de los delitos, si bien dicha solicitud se ha encontrado con obstáculos formales, según fuentes judiciales. Sin realizar pronóstico alguno, Victor Manuel Macías, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, sí recuerda que sustraerse a la acción de la justicia "no está contemplado como causa de interrupción de los plazos de prescripción". Es decir, el reloj ha estado todos estos años corriendo a favor de Fernández. Macías señala que, con el Código Penal en vigor en el momento de su huida, los delitos atribuidos a Fernández podrían haber prescrito a los diez años. Si es así, le habría salido redondo. Una prescripción no es una absolución, pero a efectos prácticos se le parece.
La única posibilidad para volver a imputar delitos a Fernández sería la atribución de un delito "más grave" que los teóricamente prescritos y que estuviera conexo con alguno de aquellos. "De esa manera, no habría prescrito ninguno de los dos", señala. La otra hipótesis, la alegación de que alguno de los posibles delitos tengan carácter "permanente", es "muy difícil de sostener". Esa es una consideración que se puede dar a una desaparición forzada, pero difícilmente –en derecho pocas cosas son imposibles– a una malversación.
Joaquín Mármol, abogado especialista en derecho penal, cree que indiscutiblemente han prescrito todos los delitos salvo el de malversación. A su juicio, este sigue vigente si el tribunal entiende que se corresponde con un tipo agravado. Para ello ha de entenderse, como establece el artículo 432 del Código Penal, que se ha causado "un grave daño o entorpecimiento al servicio público", o que "el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excede de 50.000 euros". Si es así, la pena de cárcel no alcanza los diez años –mínimo para que la prescripción se sitúe en 15 años–, pero la de inhabilitación se sitúa entre diez y veinte años. Con esta inhabilitación, la caducidad de los delitos sí se prolonga durante tres lustros, lo que haría que una hipotética malversación de Fernández no hubiera caducado. Este es el peor pronóstico para Fernández.
"Duda interpretativa"
El escenario que se abre es incierto. Si hay "duda interpretativa", explica Macías, podría llegar a celebrarse un juicio, en el que en teoría podrían establecerse unos hechos delictivos probados, al mismo tiempo que éstos son declarados prescritos. El culebrón de Fernández no ha hecho más que empezar. "Me han archivado y eso es tanto como la absolución, porque no me van a poder juzgar de nada", dijo Carlos Fabra, entonces presidente de la Diputación de Castellón, en 2012, tras beneficiarse de una prescripción.
La pretensión de Fernández de ver prescritos los delitos supondría aprovechar posibilidades legales que no fueron diseñadas para prófugos. Las prescripciones están pensadas para aportar "seguridad jurídica", principio consagrado en la Constitución, incluso a los presuntos autores de delitos, de forma que no puedan ser perseguidos transcurrido un tiempo excesivo desde la comisión de los hechos, explica Macías. ¿Un ejemplo? Alguien comete un robo durante una fase delincuencial de su vida y, transcurridos 25 años y plenamente superada esa fase, nadie puede perseguirlo por aquel delito. El Estado no puede perseguir perpetuamente a un ciudadano. Su derecho a perseguir a una persona no es ilimitado en el tiempo, salvo en casos en genocidio, crímenes de lesa humanidad y asesinato terrorista. Tampoco prescriben nunca los delitos cometidos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
"Implícitamente", añade Macías, la prescripción también actúa como un acicate para la Fiscalía, "incentivándola a investigar y acusar". El Ministerio Público no puede dormirse. Sabe que tiene plazos. Repasadas las motivaciones y excepciones de la figura de la prescripción, queda claro que su vocación no es dar cobertura a maniobras como la de Fernández. Pero, aun así, el ex concejal tendrá una oportunidad de cerrar con éxito su aventura. No obstante, subrayan fuentes judiciales, también habrá que comprobar si Fernández está en paz con la justicia en Argentina. Es frecuente que la necesidad de vivir a resguardo de la justicia lleve a la comisión de ilícitos, recuerdan. El caso puede recordar al de José Pérez, conocido como "Pepe el del Popular", detenido en 2009 en México pero cuyo fraude millonario, que comenzó en 1991, había prescrito. Pérez había huido de Santander poco antes de que la sucursal del Banco Popular que dirigía fuera inspeccionada.
La Fiscalía no ve prescritos los delitos del prófugo del 'caso Malaya'
La insinuación de Yagüe
Políticamente el momento de mayor relieve de Carlos Fernández fue su papel fundamental en la moción de censura que descabalgó de la alcaldía a Julián Muñoz y aupó a Marisol Yagüe, con el Ayuntamiento roto ya por luchas intestinas de poder y carcomido por la corrupción, con Roca haciendo y deshaciendo en la sombra.
Eso fue en 2003. En 2012, nueve años después, sentada ante el tribunal que juzgó en primera instancia el caso Malaya, la propia Yagüe insinuó lo que todo el mundo decía en voz baja: que Fernández –que ya había sido condenado en 2005 por apropiación indebida– vivía cómoda y holgadamente como prófugo de la justicia, sin que la Policía lo quisiera molestar, porque él había contribuido a alertar de la mafia montada en el Ayuntamiento de Marbella. "Que lo busquen en Argentina", dejó caer Yagüe ante el tribunal. "Sabían donde estaba y nunca fueron a por él. ¿Por qué?", preguntó. Y se contestó ella misma: “Carlos Fernández tenía mucho que ver en todo esto, él no perdonó que lo echáramos del equipo de gobierno”. En ese "no perdonó" estaba la acusación. Yagüe también aseguró que el empresario Ismael Pérez había estado con Fernández en Argentina. Y es en Argentina donde ha aparecido, por voluntad propia, más de cinco años después.
Al fin hay señales de vida de Carlos Fernández Gámez, que este mismo viernes se ha entregado en Argentina, poniendo fin al más largo capítulo, el de los once años de huida, de su rocambolesca peripecia. Lo último que sabían los investigadores sobre el más afamado prófugo del caso Malaya es que había pasado por el aeropuerto argentino de Ezeiza en 2008. El 27 de junio de 2006 la Policía, por orden del juez Miguel Ángel Torres, que estaba levantando las alfombras de la corrupción marbellí, había registrado su vivienda. Habían encontrado 3.500 euros en billetes de 500, anotaciones sobre las andanzas y el entorno societario de Juan Antonio Roca y una pequeña recopilación de información de la base de datos Axesor con reseñas de personas y empresas vinculadas a los negocios en Marbella. Pero el concejal no estaba, ni se le esperaba. ¿Dónde estaba Fernández, el entusiasta de Jesús Gil –éste lo fichó después de recibir una arrebatada carta de admiración suya– que acabó convertido en líder del Partido Andalucista en Marbella en los años en que las prácticas mafiosas se convirtieron en ley? Según comunicó a las autoridades, se encontraba haciendo el Camino de Santiago. Enseguida se personaría ante la justicia, afirmaba. Aún lo están esperando.