Una nueva oportunidad. La decisión del Gobierno de reformar la Ley de la Memoria Histórica de 2007 para exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y su tramitación como proyecto legislativo ha abierto la puerta, en opinión de Izquierda Unida, a corregir todo lo que aquella norma dejó sin resolver. La formación de Alberto Garzón ha presentado, a través del grupo parlamentario de Unidos Podemos, del que forma parte, un conjunto de enmiendas que no sólo impulsan la exhumación de las fosas comunes sino que pretende anular parcialmente la ley de Amnistía de 1977 —fundamento legal de la impunidad de los crímenes franquistas— e incluso poner fin al Concordato que la dictadura firmó con el Vaticano en 1957 —ratificado en plena Transición en 1976 y 1979— y que hoy, 43 años después de la muerte de Franco, continúa en vigor.
La primera medida trata de solucionar una anomalía del ordenamiento jurídico español: su resiste a a abrazar el Derecho Internacional, que desde la aprobación de los Principios de Nüremberg en 1946 prohíbe la amnistía de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Y que incumple la Convención sobre Genocidio de 1948, que obliga a perseguir este crimen en todos los casos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad de 1970.
Las enmiendas de IU pretenden excluir de la amnistía de 1977 los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con el argumento de que nunca debieron ser interpretados por los tribunales como “una amnistía respecto a crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio cometidos por funcionarios públicos”. De acuerdo con el Derecho Internacional, subraya IU, los llamados crímenes internacionales o contra la humanidad “son inamnistiables e imprescriptibles”.
Esta modificación, razona el grupo político de Alberto Garzón, pretende “despejar el camino a las peticiones de investigación, persecución y reparación de los crímenes del franquismo que sistemáticamente quedan frustradas en los tribunales por la aplicación de la Ley de Amnistía”.
Para hacer posible “la efectiva investigación judicial y enjuiciamiento de los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra”, una de las enmiendas presentadas trata de asegurar que las disposiciones contenidas en dicha ley no impidan que los Juzgados y Tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad y delitos de guerra”, como ocurre en la realidad.
IU también quiere aprovechar el trámite de la reforma para afrontar un asunto pendiente desde la Transición al que el PSOE en los últimos años también quiso sumarse, al menos antes de que Pedro Sánchez se hiciese con la Presidencia del Gobierno: la vigencia del Concordato que regula las relaciones entre España y la Santa Sede. “España no puede permitirse por más tiempo tener en vigor un acuerdo cuyo origen está en aquel firmado por una sanguinaria dictadura militar con el Estado del Vaticano”, razonan los autores de la enmienda, una época en la “que el poder de la dictadura franquista era casi absoluto y la población española era sometida a un yugo intolerante y excluyente con otras creencias religiosas o hacia los pensamientos agnósticos o ateos de parte de la sociedad”.
Colaboradores del fascismo
En opinión del grupo de Unidos Podemos, no “puede permitirse mantener en la actualidad unos acuerdos que suponen beneficios y privilegios para la Iglesia católica en un Estado oficialmente aconfesional”, especialmente cuando esta institución religiosa fue “eficaz colaboradora del bando que se sublevó contra la Segunda República y de la posterior dictadura franquista, en especial por parte de los estamentos eclesiásticos mejor posicionados jerárquicamente”.
Las enmiendas, además de derogar el Concordato, comprometen al Gobierno a impulsar, en el plazo de un año, “un acuerdo bilateral entre ambos Estados basado en los principios de laicidad e igualdad entre mujeres y hombres”.
Las iniciativas que buscan borrar la huella franquista 43 años después de la muerte del dictador
Ley de Amnistía y relaciones con la Iglesia son los dos asuntos más controvertidos de las propuestas de Unidos Podemos, pero no agotan sus propuestas. Las enmiendas presentadas apuestan por la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y proponen su traslado a “un lugar privado”, sin acceso público y que no pueda ser usado para homenajear su figura o enaltecer su régimen dictatorial. Y añade una previsión más: si la familia se niega a señalar un lugar de estas características, será el Gobierno quien decida.
Unidos Podemos también ha registrado enmiendas destinadas a resolver la cuestión de la propiedad del Pazo de Meirás, que sigue en manos de los herederos del dictador, entregando el edificio y la finca en la que está ubicado en el municipio coruñés de Sada al patrimonio del Estado. Propone también llevar a cabo la resignificación del Valle de los Caídos —una tarea que incluiría la demolición de la ‘cruz espada’ que corona el mausoleo fascista— y la prohibición de cualquier organización que justifique o enaltezca la dictadura o a sus dirigentes, como la Fundación Francisco Franco.
Las propuestas de modificación que el grupo parlamentario liderado por Pablo Iglesias defenderá en el Congreso incluyen también otros asuntos también importantes: la condena expresa del golpe de Estado del 18 de julio y de la dictadura franquista, la obligación de las autoridades políticas y judiciales de exhumar las fosas e investigar las desapariciones durante la guerra y el franquismo, la anulación de las sentencias y los consejos de guerra, al creación de un Instituto de Memoria Democrática y una Fiscalía especial sobre desapariciones y el endurecimiento de las medidas ya previstas para la retirada de símbolos de la dictadura.
Una nueva oportunidad. La decisión del Gobierno de reformar la Ley de la Memoria Histórica de 2007 para exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y su tramitación como proyecto legislativo ha abierto la puerta, en opinión de Izquierda Unida, a corregir todo lo que aquella norma dejó sin resolver. La formación de Alberto Garzón ha presentado, a través del grupo parlamentario de Unidos Podemos, del que forma parte, un conjunto de enmiendas que no sólo impulsan la exhumación de las fosas comunes sino que pretende anular parcialmente la ley de Amnistía de 1977 —fundamento legal de la impunidad de los crímenes franquistas— e incluso poner fin al Concordato que la dictadura firmó con el Vaticano en 1957 —ratificado en plena Transición en 1976 y 1979— y que hoy, 43 años después de la muerte de Franco, continúa en vigor.