El expediente disciplinario abierto contra el número dos de Podemos, Íñigo Errejón, es un caso "anómalo". Y lo reconoce así la Universidad de Málaga (UMA), la misma que le fichó en marzo de este año para un proyecto de investigación y la misma que le ha suspendido de empleo y sueldo por haber incumplido presuntamente su contrato. Una cifra habla por sí misma: en los tres últimos cursos (2011-2012, 2012-13 y 2013-14), esa institución académica sólo concluyó siete expedientes sancionadores. Y la plantilla total se componía, para el curso 2013-2014, de 2.330 docentes y 1.284 miembros del personal de administración y servicios (PAS).
No es sencillo conocer el número global de investigaciones abiertas en los últimos años en las universidades españolas. Los datos no están centralizados porque estas gozan de autonomía de organización. Por ejemplo, la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, que dirige el socialista José Sánchez Maldonado, dice no disponer de las cifras totales, porque las maneja cada una de las diez universidades públicas de la comunidad.
La UMA, la tercera universidad andaluza más grande (después de las de Sevilla y Granada), aprobó su Reglamento de la Inspección de Servicios en la sesión de su Consejo de Gobierno celebrada el 1 de diciembre de 2010, y tiene como objetivo "garantizar la supervisión de los servicios universitarios", para que sean gestionados de forma "eficaz y eficiente". El órgano asesor depende directamente de la rectora del campus, Adelaida de la Calle, quien situó al frente, en enero de 2012, a Enrique Caro Guerra, profesor titular de Estadística e Investigación Operativa en la Facultad de Ciencias. Fue él quien firmó el expediente contra Errejón.
Para analizar la actividad de este órgano hay que acudir a las memorias anuales publicadas y los informes elevados al claustro por Caro. En la de 2011-2012 se dice que se instruyó un expediente de información reservada y tres disciplinarios, que en aquel momento estaban "en trámite". En el documento del año 2012-2013, se concluyeron cuatro expedientes disciplinarios. De esos cuatro, dos acabaron con propuesta de sanción y dos fueron suspendidos a la espera de sentencia judicial, fallo que aún no ha llegado. Esto es así porque el empleado afectado puede recurrir la decisión a los tribunales, o bien porque el comportamiento del trabajador resulta presuntamente delictivo y pasa a ser instruido por la Justicia, en cuyo caso se congela el expediente. Es lo que ocurre, por ejemplo, con un profesor de Derecho Tributario de la UMA acusado en el caso Cátedra, y que se enfrenta a cuatro años de cárcel por los supuestos delitos de tráfico de influencias y falsedad documental.
Sólo dos despidos disciplinarios
En el caso del curso 2013-2014, se concluyeron tres expedientes disciplinarios. Hay otro más que se extinguió porque el profesor al que se abrió el informe dejó su plaza mientras estaba siendo investigado.
Estos siete expedientes –los dos de 2012-13, los tres de 2013-14 y los dos que siguen en manos de los tribunales– afectan tanto a personal docente e investigador (PDI) como a PAS, puesto que la inspección alcanza a toda la plantilla. Consecuencia de estos informes, según el delegado de la rectora, se produjo el despido de dos trabajadores, un PAS y un profesor, al que no se renovó el contrato. Otros dos docentes fueron multados con suspensión de empleo y sueldo.
El equipo comandado por Caro también desarrolla una labor de visita a los centros de la UMA que, en el caso de los profesores, consiste en comprobar si están o no en el aula o en sus despachos. En el curso 2013-2014 se hicieron 1.735 actuaciones, y el grado de cumplimiento de los docentes fue del 92,5%. En el resto de los casos, acabaron justificándose las ausencias, según precisó Caro Guerra a infoLibre, en conversación telefónica. Tras estas 1.735 visitas, subraya, no se abrió "ningún tipo de expediente a ningún docente". Es decir, que los disciplinarios que afectaban a profesores en el último curso escolar concluido comenzaron a instancias de parte (quejas de alumnos o compañeros...). En el año anterior, 2012-2013, se realizaron 1.030 visitas, y el grado de cumplimiento observado por la inspección fue del 95,7%. Tampoco se siguió de esta campaña la apertura de ningún procedimiento.
Siete expedientes disciplinarios (más otro extinguido), en consecuencia, en tres cursos consecutivos, para una plantilla que, en 2013-2014, alcanzaba los 3.614 empleados. Ahora se suma la causa contra el número dos de Podemos, que todavía no está concluida. "La norma es que los trabajadores, de la UMA y de cualquier empresa o institución, cumplan con su trabajo. El caso de Errejón es ciertamente anómalo, bastante anormal, inusual", interpretaban fuentes oficiales de la universidad. Como dice Caro, las incidencias observadas van disminuyendo. Ese es el objetivo, superar la "calidad" de la enseñanza y del campus. Y para eso se creó este órgano. Anteriormente, cuando surgía algún problema, el rector nombraba a un instructor para que hiciera las indagaciones oportunas.
Un expediente del tipo de Errejón lo inicia a instancias de una queja y por orden de la autoridad competente (en este caso, por la rectora de la UMA). Primero comienza un periodo de información reservada, en el que el instructor reclama documentación y escucha a los afectados. Y a partir de ahí, puede abrir expediente disciplinario (en 2012-2013 ocurrió en tres de los cuatro casos iniciados) o no hacerlo, por considerar que no hay materia suficiente. Los inspectores estiman si cabe una sanción más o menos grave en función del tipo de falta. Una vez tramitados los recursos, el procedimiento concluye.
284.604 euros del proyecto
Para examinar el caso Errejón hay que rebobinar unos meses atrás. El secretario de Política de Podemos firmó el 17 de marzo de 2014 un contrato con la UMA, renovable cada tres meses, para el desarrollo de un proyecto de investigación de I+D+i titulado La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda, y dirigido por el profesor Alberto Montero, correligionario de Errejón en Podemos y miembro de su Consejo Ciudadano. El contrato suscrito era de 40 horas semanales, con un sueldo bruto mensual de 1.825 euros, y establecía como lugar habitual de trabajo la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. Errejón logró la plaza a través de un concurso público al que sólo concurrió él. El proyecto, dotado con un total de 284.604 euros, está financiado por la UE y la Consejería de Fomento y Vivienda (dirigida por Elena Cortés, de IU), a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta, y debería estar terminado para junio de 2015.
Una vez saltó la noticia del contrato de Errejón, la UMA y el Gobierno regional comenzaron la investigación. El político de Podemos ya había avisado a finales de septiembre a Montero que quería dejar el proyecto para cuando venciera la segunda renovación, el 16 de diciembre, por lo que la plaza se sacó de nuevo a concurso, aunque quedó desierto.
La UMA abrió expediente informativo a Errejón y Montero el 21 de noviembre, para saber si se había producido un incumplimiento de obligaciones laborales. El informe [consúltalo aquí en PDF] fue instruido por Caro Guerra y, con fecha de 2 de diciembre, se elevó a la rectora, Adelaida de la Calle. Caro detectó dos "faltas disciplinarias" en el caso del número dos de Pablo Iglesias: por no haber desarrollado su trabajo conforme a los términos de su contrato, y por no haber solicitado la compatibilidad para poder ejercer de jefe de campaña de Podemos en las elecciones europeas de mayo. De la Calle decidió suspender de empleo y sueldo a Errejón –que dispone de diez días para presentar alegaciones– y abrir expediente disciplinario tanto a él como a Montero –tienen un mes para registrar un recurso de reposición–.
El instructor detecta, además, que el material que Montero entregó como prueba de los trabajos realizados por el secretario de Política en un pendrive contiene "ficheros que tienen fecha de última modificación anterior al 17 de marzo de 2014, momento en que fue contratado". Por ello considera "necesario y conveniente" que especialistas informáticos del campus malagueño "emitan su parecer". También cree que hay que analizar si es cierto que en Madrid hay "bases de datos y bibliografía de la que se carece en Málaga", argumento que utilizaron ambos para justificar por qué Errejón trabajó desde la capital.
La cuestión de la incompatibilidad
Caro Guerra describe que la cláusula 5ª del contrato permitía ejecutar trabajos en un lugar distinto al centro de trabajo habitual, pero siempre con carácter "ocasional y extraordinario". Si la presencia de Errejón en Madrid era "necesaria e imprescindible" para el proyecto, dice, debió haberse previsto en la convocatoria del concurso. Y si fue una circunstancia sobrevenida, "no puede resolverse con una autorización del investigador principal del proyecto".
Eso fue lo que ocurrió. Que Montero concedió una "autorización verbal" a Errejón para poder trabajar en la investigación desde Madrid. El reglamento de contratación de la UMA, al que ha tenido acceso este diario, estipula que cualquier modificación del acuerdo debe hacerse por escrito. El director del proyecto asumió que pudo ser un "error" suyo, que interpretó que tenía esa prerrogativa. Pero subrayó que en ciencias sociales la investigación no se desarrolla pegado a una silla en el centro de trabajo, sino en "diferentes espacios".
"La modalidad de contrato que suscribió Errejón –explicaba a este periódico un portavoz de la UMA– es una de los posibles. La casuística es muy variada, y depende del tipo de trabajo que se vaya a realizar. En unos casos se exige presencialidad y en otros no. Es decir, que podría haberse suscrito un contrato con condiciones distintas, pero eso lo decide el director del proyecto".
El otro aspecto que suscitaba dudas era la posible incompatibilidad. En su comparecencia ante el instructor, el 28 de noviembre, Errejón reconoció haber recibido otra remuneración económica mientras disfrutaba de su beca: fueron los honorarios que Podemos le pagó por la "emisión de dos informes" para las europeas, "por importe total aproximado de 6.000 euros". El dirigente manifestó que no había solicitado a la UMA la autorización para poder compatibilizar ambas actividades, circunstancia que ratificó la vicerrectora de Investigación y Transferencia.
Fuentes académicas consultadas por infoLibre señalaban que el hecho de que un investigador compagine dos trabajos "no sorprende en absoluto" a los que trabajan en la universidad, porque es una práctica "extendida. Y no siempre se pide la compatibilidad".
El instructor no se detiene en el proceso de concurso público de la plaza, a la que sólo se presentó Errejón. No es raro. Lo "habitual" en el mundo universitario, como contaban fuentes académicas a este diario, es que los entornos más próximos a los departamentos acaben conociendo las convocatorias y se hagan con las plazas.
Faltó sólo "un papel"
Errejón contestó al expediente disciplinario abierto por la UMA denunciando una "cacería" contra Podemos y declarándose satisfecho con la resolución, después de que la institución no haya encontrado irregularidades ni en su contrato ni en su trabajo, y sólo constatara la falta de "un papel" al no demandar la autorización de compatibilidad. Explicaciones que validó su jefe, Pablo Iglesias, el pasado viernes en su entrevista en La noche en 24 horas.
Las reacciones políticas no han dejado de sucederse. Por todos los flancos. Ante las acusaciones de "presiones" a la UMA, tanto la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, como Elena Cortés, titular de la Consejería de Fomento –que financia el proyecto–, de IU, defendieron la autonomía del campus malagueño. Cortés, incluso, retó a Podemos a "demostrar" las injerencias en el expediente a Errejón. César Luena, secretario de Organización del PSOE, exigió al "cazabecas" que dé explicaciones y asuma responsabilidades. Que "ante tantas lecciones de moralidad, haga lo que tiene que hacer, irse hoy mismo a su casa".
El expediente disciplinario abierto contra el número dos de Podemos, Íñigo Errejón, es un caso "anómalo". Y lo reconoce así la Universidad de Málaga (UMA), la misma que le fichó en marzo de este año para un proyecto de investigación y la misma que le ha suspendido de empleo y sueldo por haber incumplido presuntamente su contrato. Una cifra habla por sí misma: en los tres últimos cursos (2011-2012, 2012-13 y 2013-14), esa institución académica sólo concluyó siete expedientes sancionadores. Y la plantilla total se componía, para el curso 2013-2014, de 2.330 docentes y 1.284 miembros del personal de administración y servicios (PAS).