La universidad pública no se recupera de los recortes de 2012 y avanza imparable hacia la privatización
Es habitual escuchar, en periodos complicados, que la palabra "crisis" en China también significa "oportunidad". Sin embargo, la pregunta que puede surgir de esa afirmación es: ¿para quién? La crisis económica que golpeó allá por el año 2008, por ejemplo, sí resultó serlo, pero únicamente para los defensores de la privatización de los servicios públicos. "Crisis" se asoció rápidamente a "recortes", a "austeridad". Sobre todo de la sanidad y de la educación, que dejaron entonces un hueco para el negocio que todavía hoy se sigue aprovechando. La universidad ha sido el último ejemplo y, quizás, el más claro: más de una década después no se ha recuperado de los tijeretazos del Gobierno de Mariano Rajoy y observa, además, cómo la red privada no deja de crecer. Y ganar.
Madrid ha servido en las últimas semanas como paradigma. Los rectores de sus seis universidades públicas (Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos) se reunieron el pasado mes de abril en un acto en el que reclamaron al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso una mejor financiación. La petición fue leve. "Una sociedad que no invierte en sus universidades es una sociedad que está renunciando a su futuro", dijo por ejemplo José Vicente Saz, de la UAH. Meses más tarde, el tono se endureció y las palabras se tornaron más bien en exigencias.
En una carta conjunta firmada el pasado 28 de noviembre, las seis instituciones alertaron de que la "grave infrafinanciación" que sufren desde hace al menos 15 años les ha dejado en una situación "crítica" que podría volverse "catastrófica". Pedían 200 millones más en los Presupuestos autonómicos de 2025 para garantizar su supervivencia, pero Ayuso no está dispuesta. En lugar de eso ofrecido 47,3 millones, un 4,2% más de lo destinado en 2024, una cifra que los rectores siguen considerando "insuficiente para garantizar la sostenibilidad" y "subsanar" los recortes. "La situación no ha cambiado en lo fundamental: tras años de infrafinanciación, la Comunidad de Madrid sigue con su política restrictiva hacia las universidades públicas y no aporta ningún elemento de mejora ante la crítica situación presupuestaria de las universidades", coincide Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid.
No son meros datos. César González Gamonal pertenece a la delegación de estudiantes del Consejo de la UCM y señala, desde el otro lado del teléfono, que esta falta de recursos se ve claramente en el día a día. En las infraestructuras, en la falta de renovación del profesorado o en su precariedad, ejemplifica. Por eso para acabar con ella el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha puesto en marcha el programa María Goyri, que prevé contratar 4.480 docentes destinando más de 900 millones de euros en todas las autonomías adheridas. Es decir, a todas menos a Madrid, que este martes se comprometió a hacerlo, aunque todavía no ha ocurrido.
Es un problema que afecta a todas. Sin distinciones. En Cataluña, indica Sheila González, investigadora en desigualdad educativa de la Universitat de Barcelona (UB), especialmente. "Aquí hubo una congelación total de las plazas. Fue un proceso más largo e intenso que en el resto de España", dice. Según el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), el 41,2% de todos los profesores y profesoras universitarios están contratados a tiempo parcial, un porcentaje que en los centros públicos asciende hasta el 46,6% y en las privadas, mientras tanto, cae hasta el 17,5%. ¿Y por qué tanta diferencia? Porque las primeras no se han recuperado, todavía, de los recortes que el Gobierno puso en marcha en 2012, con la crisis económica global que llevó a la máxima expresión el "dogma neoliberal", según recuerda el profesor de Ciencias Políticas en la UCM Víctor Alonso. El pensamiento era: "no hay ingresos suficientes y por tanto hay que reducir gasto público", señala.
Fue dicho y hecho. En 2009 las comunidades invirtieron, según los datos oficiales recopilados por el desaparecido Observatorio del Sistema Universitario (OSU) y facilitados por la que era su directora, Vera Sacristán, algo más de 7.249 millones. Desde entonces el descenso fue progresivo y tocó suelo en 2014, cuando se invirtieron 5.841 millones. Hoy, en 2022, el último año recogido en la web del Ministerio, son 7.607. Dicho de otro modo: desde antes de los recortes las autonomías sólo han incrementado un 4,9% lo invertido en la universidad. En ese mismo periodo la inflación ha escalado un 26,3%. Es decir: no se ha recuperado el nivel que había hace 15 años. Y no sólo en Madrid. "Se ha estrangulado a lo público y, al mismo tiempo, se ha favorecido a lo privado", lamenta Enrique Díez Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León.
La caída entre 2009 y 2015: los primeros años de la crisis
Los datos del OSU analizados por infoLibre no dejan lugar a dudas. Las comunidades que han recuperado los niveles previos a la crisis económica de 2008, teniendo en cuenta también la inflación, son apenas tres: Navarra, Castilla y León y Balears. Las tres han incrementado el presupuesto que tenían en 2009, y más de ese 26,3%. El resto se dividen en dos grupos: las que a pesar de haber recuperado los millones de entonces no han tenido en cuenta la subida de los niveles de vida y las que han ido más allá y directamente ni siquiera han alcanzado todavía la partida de 2009. Son Canarias (que ha destinado a su universidad pública un 1,9% menos), Madrid (con un 5,1% menos) y la Comunitat Valenciana (con un 10,9% menos).
"Desde 2008 y hasta ahora ha habido un recorte efectivo y real a las universidades públicas. Se vivió una crisis muy dura entre 2009 y 2017, cuando se mejoraron los ingresos. No obstante, eso sólo fue una forma de tapar un déficit y una infrafinanciación estructurales. Por eso ha sido ahora cuando los rectores han empezado a alarmarse", lamenta Mariu Ruiz-Gálvez, profesora de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM.
El OSU analizó precisamente qué había ocurrido en esos primeros años de recortes y el resultado de su investigación no deja lugar a dudas. En concreto, entre 2009 y 2015 las autonomías recortaron su inversión en las universidades públicas un 24,2%, una cifra que fue compensada entonces con el aumento de las tasas al alumnado, que creció un 37,4%. Es lo que sigue pasando en Madrid, donde son los universitarios quienes están compensando, con las matrículas más caras de todo el país, la peor financiación de toda España.
La situación, si se compara con el resto de países de nuestro entorno, resulta todavía más negativa. Lo señala así el informe presentado por CYD, que revela que España destinó en 2021 15.654 dólares en instituciones de educación superior, un 23,6% menos que el promedio de la OCDE. Hay más. En términos de PIB per cápita, España invirtió el 35,8% por alumno, por debajo del 38% de la OCDE. "Y aun así tenemos muchas universidades entre las mejores del mundo. Si se ha conseguido eso ha sido gracias al coste personal de los docentes y los investigadores, no por los recursos de los que disponen", destaca Ruiz-Gálvez.
La maquinaria de la privatización
Ninguno de los expertos consultados cree que esto haya ocurrido por casualidad. Según explican, todo responde a ese dogma neoliberal del que habla Alonso y que se completa con el proceso privatizador que ha acelerado de forma paralela al deterioro de la universidad pública. "La crisis se aprovechó para favorecer el negocio, un esquema que ha utilizado sobre todo la derecha y que se ha puesto en marcha también con la sanidad", denuncia Díez Gutiérrez. "En León por ejemplo no tenemos oncólogos, pero se ofertan los servicios de radiología privados. Siempre se hace mediante el mismo esquema", completa.
"La tendencia es la de mercantilizar absolutamente la educación superior. Sólo en Madrid la universidad privada ha crecido un 120% desde el año 2000, el mismo periodo en el cual la pública ha perdido un 18%", coincide Ruiz-Gálvez. La región es, de largo, la que tiene más centros privados. Tanto es así que la investigadora de la UB asegura que la privatización es "un proceso madrileño". En concreto, y contando con el último que ya ha recibido la luz verde del Ejecutivo de Ayuso —y el informe negativo del Gobierno central— son 14 los campus privados, el 34% de todas las que hay en España. Ahí son ya 41, 25 de las cuales fueron abiertas en el último cuarto de siglo, a un ritmo de una al año.
Una de cada cinco universidades privadas tendrá participación de fondos de inversión en 2026
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Lo llamativo es que se prevé que esto continúe. Como publicó infoLibre y según las solicitudes ya aprobadas o en trámite de serlo, de aquí a 2026 habrá 54 centros en manos privadas, calcula Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial en la Universidad Pontificia Comillas y consultor corporativo independiente. Será gracias, sobre todo, a los llamados fondos de capital riesgo, que son los que están inundando el mapa. En 2015 ninguna universidad privada contaba con su participación; hoy lo hacen el 10%; de aquí a 2026 lo harán el 19%.
No es casualidad. Como indica Díez Gutiérrez, el último boom de la universidad privada se ha producido postpandemia. Dicho de otro modo: después de otra crisis que, en parte, también fue económica. Según el informe de la Fundación CYD, en la última década las universidades privadas han ganado más de 100.000 alumnos, lo que ha supuesto un incremento del 73% en sus aulas. Al mismo tiempo, las públicas han perdido casi 220.000. Un 16%. En Grado, las facultades privadas ya representan el 20,8% de todos los estudiantes, un porcentaje que en máster alcanza el 49,4%. Porque es ahí donde sobre todo se ha hecho de oro el negocio de la universidad. Si comparamos de hecho el curso 2022-2023 con el 2019-2020, se observa que los créditos ofertados en la privada han aumentado un 31,6%.
Más allá de los datos, todo esto trae consecuencias. Y muy negativas, según expone Díez Gutiérrez. "Si se infrafinancia lo público se fomenta que sólo acudan a estas universidades los alumnos que no tienen más remedio. Así se genera una fuga de talento hacia una educación que, en lugar de basarse en valores fundamentales, se centra en el negocio", explica. Para muestra sirve de nuevo el informe de CYD, que expone que las universidades privadas destacan en las titualciones relacionadas con los negocios, seguidas de administración y derecho.