“Estamos entrando en una dictadura” y otros once mensajes del universo alternativo del PP

No es la primera vez que lo intentan y no siempre les ha salido bien. El PP lleva muchos años, desde que el Congreso aprobó la moción de censura que puso fin al mandato de Mariano Rajoy y situó en su lugar a Pedro Sánchez, intentando hacer que sus “hechos alternativos” pasen por ser la verdad de las cosas.

La técnica más frecuente consiste en incluir afirmaciones falsas en el contexto de un juicio de valor que las da por sentadas para que a su vez le sirvan de confirmación. La segunda más habitual sitúa el mensaje que se transmite en la contraposición entre el “nosotros” y el “ellos”, de manera que todo lo que se predica de “nosotros” se deduce que es rechazado, perseguido o negado por “ellos”.

Eso es lo que hicieron Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, los líderes del PP, Ciudadanos y Vox, en febrero de 2019 cuando expresaron su comunión ideológica en la Plaza de Colón de Madrid en la primera gran protesta organizada por la derecha contra Sánchez.

Entonces, a juzgar por los que decía el manifiesto pactado por los tres partidos, España ya se había roto. Igual que ahora. De hecho, las acusaciones de entonces tiene un sorprendente parecido con las que ahora repiten Feijóo y Abascal: el presidente del Gobierno había hecho “cesiones” y protagonizado "bandazos” frente al “chantaje” de los “secesionistas catalanes”. “Constantes cesiones intolerables” llevadas a cabo durante meses. Había cometido “traición” y sometido al Estado a una “humillación sin precedentes“ porque “decidió dar una puñalada por la espalda a la ley y a la justicia aceptando los términos y exigencias impuestos por el presidente de la Generalitat”.

Han pasado casi cinco años desde entonces, pero el discurso de la derecha no ha variado. Ahora, como entonces, continúa alimentando la desinformación con el objetivo de agitar la calle. En febrero de 2019, el objetivo era exigir unas elecciones que Sánchez ya había convocado y que acabó ganando. Y en estos momentos es tratar de invalidar el resultado de las que se celebraron hace tres meses y que negaron a la derecha la mayoría absoluta que buscaba para poner al Gobierno de Sánchez.

Lo que sigue es una relación de las principales afirmaciones falsas que los dirigentes del PP y de Vox, incluidos Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, repiten diariamente.

“El separatismo catalán vuelve a intentar un golpe a la Constitución, esta vez liderado por el presidente del Gobierno”

La derecha intenta relacionar el proyecto de ley de amnistía y el acuerdo de investidura y de legislatura negociado en este caso por el PSOE con Junts, Esquerra, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, con la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017. Y con un golpe de Estado que estaría en marcha para establecer una dictadura.

La realidad no puede ser más diferente. El único acuerdo alcanzado en los últimos días que puede afectar a la Carta Magna es la amnistía y aún en el caso de que fuese inconstitucional —algo que sólo puede decidir el Tribunal Constitucional— no supondría ningún golpe para ella sino para sus promotores. 

Hace seis años, las instituciones catalanes se rebelaron contra el orden constitucional: ahora mismo no está ocurriendo nada semejante. Ni el Govern ni el Parlament han aprobado normas ilegales ni han puesto en marcha la celebración de un referéndum ilegal. Lo único que hay son dos partidos —Junts y Esquerra— que han reiterado su deseo de que un día Cataluña pueda votar de forma acordada su futuro. Como Vox manifiesta su deseo de acabar con las autonomías.

El PSOE y su secretario general, Pedro Sánchez, siguen oponiéndose a la celebración de un referéndum de autodeterminación y mantienen el plan que llevan defendiendo desde hace un lustro: una solución estatutaria para el encaje de Cataluña en España, acordada por la mayoría y dentro de los límites de la Constitución.

La perspectiva de que la Generalitat intente llevar a cabo una nueva consulta unilateral es ahora mucho más remota que hace seis años y las herramientas del Estado para frenarla no variarán con la amnistía.

“Se ataca la Constitución, la división de poderes y las bases de la democracia”

PP y Vox afirman que Pedro Sánchez ha acabado con la división de poderes porque la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha consultado con el candidato, Pedro Sánchez, la fecha de celebración de la amnistía y, por tanto, la Cámara está al servicio del Gobierno. Lo que no dicen es que Armengol también acordó la fecha de la investidura del candidato del PP con el propio Feijóo, que le pidió por escrito entre 24 y 46 días para su investidura (la presidenta del Congreso le concedió 35).

En cualquier caso, la conexión entre el Congreso y el Gobierno no es algo insólito: es un hecho en todos los sistemas parlamentarios, también cuando gobierna el PP. Aunque en estos momentos resulta menos sólida que nunca: el PSOE y sus socios de Sumar sólo cuentan con 152 escaños de un total de 350, lo que significa que la Cámara puede formar mayorías alternativas y condicionar así la tarea del Ejecutivo. Eso sin contar con que el Senado está en manos del PP.

Por lo demás, la división de poderes sigue vigente, por más que la derecha proclame lo contrario. El Gobierno no nombra a los jueces y ni siquiera el Congreso ha tenido la oportunidad de nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que siguen siendo los que nombró la mayoría conservadora, hace una década, siguiendo instrucciones de Mariano Rajoy.

¿Acaba la ley de amnistía con la independencia del Poder Judicial, “amordazando a jueces”, como dice el PP? Las medidas de gracia son excepciones a las decisiones judiciales tanto si adoptan la forma de una amnistía como si son indultos. El PP lo sabe bien, porque, cuando han gobernado, los ha aprobado miles de ellas sin que nadie las considerara una intromisión en las decisiones de los jueces. 

¿La amnistía “rompe la igualdad de los españoles”, como dice Feijóo? No más que los indultos. Ni que el hecho de que algunos españoles no estén sujetos al imperio de la ley, como el caso del Jefe del Estado, el rey Felipe de Borbón. En todo caso, serán los tribunales de justicia, y en particular el Constitucional, quienes tendrán que establecerlo.

“Vivimos el mayor retroceso democrático de nuestra historia”, asegura el PP”. “Estamos entrando en una dictadura”, proclamó la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el aval de Génova. La realidad es muy distinta: ninguno de los rasgos que definen la democracia en España ha sufrido. Ni las elecciones libres, ni la libertad de prensa, ni la separación de poderes, aunque la derecha insista en afirmar lo contrario. 

“El Constitucional es un tribunal de parte”

El Constitucional tiene desde hace un año una mayoría de magistrados progresistas como resultado de la renovación de su composición, que se llevó a cabo con arreglo estrictamente a la ley. Es ahora progresista como antes fue conservador, cuando la renovación la decidió un Congreso con mayoría del PP. Si ahora es de “de parte”, también lo era antes. El PP, en cambio, no considera “de parte” el Consejo General del Poder Judicial, dominado por una mayoría conservadora ilegal desde hace cinco años.

“No se está escuchando a 10,5 millones de españoles, representados por PP y Vox”

Es verdad que los partidos de la derecha, que se oponen a la amnistía y a la investidura de Sánchez, representan a 10,5 millones de personas. Pero también lo es que los partidos que sí apoyan la medida de gracias tuvieron un apoyo mayor: 12 millones de ciudadanos. Renunciar a la amnistía, así como a la elección de un presidente del agrado de todas estas fuerzas políticas, también supondría no escuchar a sus votantes.

“Los ciudadanos no votaron esto”

Uno de los argumentos recurrentes de PP y Vox, con el que fundamentan además la idea de que el Gobierno que va a formar Sánchez es “ilegítimo”, es que durante la campaña Sánchez no sólo aseguró que no aprobaría una ley de amnistía sino que afirmó que una iniciativa así sería inconstitucional. Se ha cometido, dicen, “un fraude electoral”. Este sigue siendo, con diferencia, el argumento más sólido de la derecha.

Sin embargo, no tiene en cuenta que a menudo los partidos deben modifican sus posiciones para afrontar tareas de gobierno, en España y fuera de España, ajustándose a lo votado por los ciudadanos. Lo hizo el PP cuando dio entrada a Vox en sus gobiernos autonómicos y municipales —algo que había negado que fuese a hacer durante la campaña del pasado mes de mayo— o cuando, después de las elecciones de 2011, subió los impuestos a pesar de que había prometido lo contrario. Nadie entonces en la oposición a la derecha habló nunca de gobiernos ilegítimos por esa circunstancia.

“La amnistía, a diferencia del indulto, es pedir perdón”

La ley de amnistía no pide perdón a las personas a las que aplica la medida de gracia. En ningún lugar del proyecto de ley se afirma tal cosa, más bien todo lo contrario. Reafirma la vigencia de la Constitución y la validez de la respuesta dada al desafío independentista, lo que no es un obstáculo para impulsar, seis años después, medidas de gracia con el objetivo de mejorar la convivencia. 

“Sánchez no ha aceptado el resultado electoral y no permite gobernar al partido más votado”

Tres meses después de las elecciones y habiendo salido derrotado de una investidura, Feijóo sigue diciendo que fue él quien ganó las elecciones y que el PSOE debería dejarle gobernar. Su argumento: que siempre ha sido así. Lo que no dice es que el sistema español no es presidencialista y que el jefe del Gobierno debe conseguir una mayoría en el Congreso para poder formar gobierno. En realidad, es eso lo que siempre ha sido así, porque es lo que establece la Constitución. El PP ha pretendido que el único dilema encima de la mesa fuese que gobernase Feijóo o que se repitiesen elecciones, dando por sentado que una mayoría alternativa —la que previsiblemente investirá a Sánchez— es contraria al ordenamiento jurídico y constituye, según sus propias palabras, “una anomalía democrática”.

No sólo no lo es, sino que constituye una práctica habitual en muchos países de Europa. El último ejemplo es Polonia, donde el homólogo de Feijóo, Donald Tusk, va a gobernar sin haber encabezado la lista más votada, porque ha conseguido armar una mayoría alternativa al partido que obtuvo más escaños. Un hecho que el PP, paradójicamente, no ha tenido ningún rubor en celebrar.

“Perdió las elecciones y sólo busca perpetuarse en el poder”

Es otro juicio de intenciones habitual por parte del PP. En primer lugar, en España no existe el concepto ganar o perder las elecciones, al menos en términos oficiales. Hay quien, como el PP, cree que gana quien obtiene más escaños. Otros, sin embargo, sostienen que sólo gana quien consigue el apoyo de la mayoría del Congreso para gobernar. ¿Ganar, para qué? La derecha atribuye a Sánchez una intención egoísta de mantenerse en el poder, como si Feijóo no buscase conquistarlo. El primero, para llevar a cabo sus políticas; el segundo, para desarrollar las suyas.

“España no se decide a puerta cerrada entre dos partidos. Eso no es democracia”

La gobernabilidad de España se va a votar el jueves en el Congreso de los Diputados, después de un debate de dos días retransmitido por televisión, en una sesión en la que participarán los representantes libremente elegidos por los ciudadanos, que son quienes en última instancia han decidido la composición de la Cámara. Eso incluye, sí, siete diputados de Junts, una formación política legal que es con la que ha pactado el PSOE. Sus votos son decisivos, por supuesto, pero no más que los del resto del bloque de investidura, en particular los del PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu y el PNV. 

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La alusión al lawfare o guerra judicial no está en la ley de amnistía sino que forma parte del texto del acuerdo suscrito por el PSOE y Junts. La trascendencia política de un acuerdo entre dos partidos es irrelevante a los efectos del ordenamiento constitucional, a diferencia de lo que trata de hacer ver el PP, dando por hecho, sin ninguna base, que si Sánchez es presidente el Congreso autorizará la posibilidad de que las sentencias de los jueces puedan ser revisadas por personas ajenas a la judicatura. Lo único que los dos partidos hacen es mencionar una práctica bien documentada, sobre cuya existencia hay pocas dudas, y que incluso ha llevado a prisión a algunos jueces, condenados por sus propios compañeros. 

“El Gobierno ha concedido privilegios económicos a Cataluña”

No es verdad. En ningún momento el PSOE se ha comprometido a ceder el 100% de los impuestos que se recauda en Cataluña, como pide Junts. Ni siquiera la quita de la deuda constituye un privilegio: el acuerdo establece que se aplicará a todas las comunidades, también a aquellas que no tienen deuda del FLA, a través de mecanismos alternativos.

“El PSOE ha cedido al PNV la competencia sobre la seguridad social”

Se trata, de nuevo, de una afirmación falsa. No puede constituir una cesión cumplir el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que tiene carácter de Ley Orgánica y que, en su artículo 18, dice: “En materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”.