La defensa del marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, solicitó este miércoles la libre absolución de su cliente en el caso Nóos, por el que fue condenado a seis años y tres meses de cárcel por siete delitos diferentes en relación con las actividades de la organización sin ánimo de lucro en Balerares. Entre otros argumentos, señaló que si hubo influencia de la Casa Real en los contratos suscritos por fundación con la Administración autonómica ésta sería en todo caso "impune por atípica" y no sería delito, según informó Europa Press.
"Con todo el respeto para este tribunal les pido, fíjense qué temeridad, que absuelvan al señor Iñaki Urdangarin, que a día de hoy ya viene condenado por parte de la sociedad y determinados medios de comunicación", señaló el abogado Mario Pascual ante los cinco magistrados que componen la sala de casación.
Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de prisión, siete años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.533,68 euros por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público y de malversación (dos años y ocho meses de prisión), uno de fraude a la Administración pública (siete meses), uno de tráfico de influencias (un año) y dos delitos contra la Hacienda Pública (un año cada uno) y a responsabilidad civil.
La pena impuesta fue no obstante bastante inferior a los 19 años de cárcel que pedía para él inicialmente la Fiscalía, puesto que el tribunal de Palma le absolvió de los delitos de blanqueo de capitales y estafa y de varios delitos de falsedad en documentos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude en relación con actividades en Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid y tuvo en cuenta circunstancias atenuantes de reparación del daño.
A lo largo de su intervención ante la Sala, la defensa del exduque reprochó a las acusaciones la "absoluta falta de definición" sobre cuál es la cuota tributaria que se debe imputar al señor Urdangarin por los delitos fiscales a los que fue condenado, ya que en sentencia se fijó una cantidad –de 129.000 euros, sólo 9.000 por encima de la cantidad a partir de la cual se considera que existe delito–, y hoy se pretende que la cantidad sea otra. "El contribuyente no sabe a día de hoy qué cantidad debería abonar para que cualquier tribunal no le quisiera condenar por delito fiscal", añadió el letrado.
También reprochó que no haya merecido reproche el contrato de 18 millones de euros para el equipo ciclista de Baleares y únicamente se persiguieran los 150.000 euros obtenidos por su cliente para organizar la oficina de seguimiento de sus actividades.
Falta de normativa sobre fundaciones
En cuanto a las condenas por malversación impuestas al marido de Cristina de Borbón, la defensa se preguntó por qué se le condenó por los contratos de patrocinio que realizó para lo foros deportivos celebrados en Baleares –por más de dos millones de euros– y se le absolvió en lo referente a los contratos similares firmados con las autoridades valencianas.
Añadió que, en el caso de los primeros, debería tenerse en cuenta que las autoridades autonómicas de Baleares transpusieron de forma tardía las directivas europeas sobre la actuación de las fundaciones, por lo que dicha fiscalización no se introdujo hasta el año 2011. "Por ello la sindicatura de cuentas de baleares no puso objeción a los contratos ni a los patrocinios", añadió Mario Pascual.
Para esta parte, los convenios firmados fueron un patrocinio, y pese a que la Abogacía de Baleares vino defendiendo que no fueron útiles, por no producir efectos prácticos en Baleares, la Fiscalía defendió por el contrario en su escrito que "fueron especialmente útiles" y no discutió las cantidades empleadas en su organización.
En su escrito ante el Supremo, la defensa de Urdangarin insistía en que la condena debe ser anulada porque, entre otras razones, nunca se ocupó de temas contables, financieros ni fiscales en relación con este organismo y "no se puede demandar al olmo por no dar peras". También se opone a los argumentos que da el Ministerio Fiscal para pedir una agravación de la condena por malversación al entender que su actividad no supuso un entorpecimiento al servicio público.
Rechaza también Urdangarin la cuantificación de las cantidades presuntamente sustraídas que hace la Fiscalía y que tanto él como su exsocio Diego Torres incumplieran las exigencias legales que se incluían en los contratos que firmaron con el Instituto Balear de Turismo para la celebración de Illes Balears Forum en 2005 y 2006, por los que cobraron unos 2 millones de euros.
La defensa de Torres acusa a las tesis acusatorias de carecer de "soporte"
El abogado de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, pidió en el Tribunal Supremo la absolución de su representado en el caso Nóos porque, según subrayó, las tesis de la Fiscalía y el resto de acusaciones "carecen de la más elemental de los soportes".
Así lo dijo Manuel González Peeters durante su intervención en la vista pública que se celebró este miércoles en el alto tribunal para defender la inocencia de Torres. El letrado destacó que en su recurso expone claramente los motivos por los que su defendido debe ser absuelto: "Poco o nada puedo enfatizar sobre la exposición que hago en las 348 páginas de recurso", añadió.
La defensa de Diego Torres –condenado a ocho años y medio de prisión– y de su mujer, Ana María Tejeiro –que se lucró de los delitos fiscales de sus esposos y para la que también pide que se la exima de responsabilidad–, recalcó la "cantidad de jurisprudencia" que cita en su escrito. Asimismo, señaló que le da la "impresión" de que "no ha estado" en el juicio que tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Palma y que comenzó el 11 de enero de 2016.
Según explicó, no entiende por qué se estuvo hablando durante los "ocho años" que duró el procedimiento por el caso Nóos sobre ciertas irregularidades si se dieron "por buenas" la totalidad de facturas aportadas por la defensa y no se han "impugnado".
Por ello, pidió a los cinco magistrados que conforman el tribunal que no tenga en cuenta las alegaciones de las acusaciones porque "todas las pretensiones y tesis carecen de la más elemental de los soportes".
Manos Limpias insiste en que la infanta participó de los delitos
La acusación popular Manos Limpias, la única que acusó a la infanta Cristina en el caso Nóos, insistió este miércoles ante el Tribunal Supremo que la hermana del rey participó en los delitos fiscales de su marido Iñaki Urdangarin. Cristina de Borbón resultó absuelta por la Audiencia Provincial de Palma y esta decisión es firme, por lo que la valoración de Manos Limpias no será objeto del alto tribunal.
El abogado de Manos Limpias, José María Bueno, defendió en la vista ante los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que su acusación contra Cristina de Borbón no era "baladí", ni era "infundada", como refirió la sentencia de la Audiencia de Palma.
El letrado recordó que durante todo el procedimiento ha existido "material probatorio" contra la infanta, entre el que se encuentra un informe de la Agencia Tributaria que acreditaría su participación en dos delitos contra la Hacienda Pública y en el que se basó "fundamentalmente" la acusación.
En este sentido, reprochó que la resolución recurrida subraye que la acción contra la mujer de Iñaki Urdangarin tenía "una cierta debilidad en el sustento". "Mira si había base que se la condenó a una responsabilidad civil", añadió Bueno al respecto.
Por ello, la acusación popular solicitó al Tribunal Supremo que le absuelva del pago de las costas del juicio, tal y como ordenó el tribunal. "No existe temeridad. Manos Limpias se ha comportado siempre de una forma digna frente a quien estaba incumpliendo la ley", concluyó.
El abogado de la infanta, Pau Molins, reprendió a la acusación que haya defendido ante el Tribunal Supremo su acusación contra la hermana del rey y le reprochó que sólo buscase provocar un "daño mediático" que, a su juicio, consiguió. "Lo único que se acreditó en los delitos contra Hacienda es todo lo contrario a lo que aún defiende Manos Limpias: su absoluta inocencia", defendió el letrado.
La Fiscalía pide más pena para Urdangarín y Torres por haber sido el "motor" del delito
La fiscal de Tribunal Supremo Ángeles Garrido defendió este miércoles un incremento de las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca para el marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres por considerarles "motor de toda la secuencia" de los delitos cometidos mediante el Instituto Nóos. Para el primero solicitó que se incremente la condena inicial de 6 años y 3 meses de prisión hasta los 10 años.
En una intervención de carácter muy técnico la representante del Ministerio Público defendió en la vista pública celebrada en el alto tribunal la aplicación de tipos agravados a las penas inicialmente impuestas para ambos y para el expresidente balear Jaume Matas por los delitos de malversación de caudales públicos, al tratarse de un "delito bilateral" en el que es necesario el concurso de todas las partes.
"En la administración pública no puede hacerse todo lo que uno quiera, no rige el principio de autonomía de la voluntad", señaló la fiscal para justificar la comisión también de los delitos de prevaricación.
Tanto la Fiscalía como la representante de la Abogacía del Estado solicitaron al Supremo un nuevo cálculo del daño patrimonial producido por los condenados, y que para ello se aplique la jurisprudencia de la Sala fijada de acuerdo con la sentencia dictada en 1992 en el caso de la 'colza'.
En el recurso presentado ante el Supremo Urdangarin también rechaza la cuantificación de las cantidades presuntamente sustraídas que hace la Fiscalía pero, al contrario que hace la Fiscalía y la Abogacía del Estado, su defensa rechaza que tanto él como su exsocio Diego Torres incumplieran las exigencias legales que se incluían en los contratos que firmaron con el Instituto Balear de Turismo para la celebración de Illes Balears Forum en 2005 y 2006, por los que cobraron unos 2 millones de euros.
La defensa del marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, solicitó este miércoles la libre absolución de su cliente en el caso Nóos, por el que fue condenado a seis años y tres meses de cárcel por siete delitos diferentes en relación con las actividades de la organización sin ánimo de lucro en Balerares. Entre otros argumentos, señaló que si hubo influencia de la Casa Real en los contratos suscritos por fundación con la Administración autonómica ésta sería en todo caso "impune por atípica" y no sería delito, según informó Europa Press.