El vacío legal complica el aplazamiento de las elecciones vascas y gallegas que los partidos ven "inevitable"

El incremento de positivos en coronavirus y la opinión de los expertos que apunta a un repunte de los casos para las próximas semanas ha provocado que en Galicia y Euskadi, dos comunidades autónomas con comicios convocados para el 5 de abril, se piense ya de forma seria en aplazar la cita ante las urnas.

Si el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no ha ocultado que es "razonable, prudente y aconsejable" sopesar esta posibilidad, el lehendakari Iñigo Urkullu reconoció este miércoles que el Gobierno vasco está "analizando legal y jurídicamente las circunstancias" que puedan afectar al 5A. Al mismo tiempo, el dirigente del PNV pedía a los partidos no "especular" con la fecha electoral en un contexto más de "salud pública" que "político".

La Junta Electoral del País Vasco se reunió este miércoles para abordar cuestiones relacionadas con los comicios. Tras la reunión, el presidente de este órgano, Juan Luis Ibarra, admitió que hay una "laguna legal" sobre quién sería el encargado de suspender las elecciones si la infección por coronavirus fuera más extensa.

La Junta Electoral gallega se reunirá este jueves.

El principal problema con el que se topan el lehendakari y el presidente de la Xunta de Galicia es que, con la ley en la mano, no se pueden suspender unas elecciones ya convocadas. Ni la Constitución, ni la Ley Electoral ni la legislación para el estado de alarma, excepción y sitio dan respuesta al dilema planteado. En esto coinciden las fuentes parlamentarias, jurídicas y de la Junta Electoral Central consultadas por infoLibre.

La ley de los estados de alarma, excepción y sitio recoge en su artículo cuarto que el Gobierno puede declarar el estado de alarma, entre otras cuestiones, por "crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves". Pero nada figura sobre una suspensión electoral.

Pese al vacío legal, los partidos van tomando conciencia de que hay que estar preparados para buscar "respuestas excepcionales a situaciones excepcionales". Y que el aplazamiento de los comicios se vislumbra como algo "inevitable". 

"Sería lo lógico. Es una cuestión que están gestionando los territorios. Pero si estamos pidiendo a la gente, por la gravedad y virulencia del virus, que evite aglomeraciones, transportes públicos y que intente guardar una distancia de un metro respecto otras personas, la verdad es que hay gente que se lo pensará muy mucho a la hora de salir a votar, sobre todo los mayores de 65 años. Por no hablar de la gente que sea llamada a estar en las mesas electorales", pronostica un veterano dirigente conservador. 

El "consenso político" obligado

En el Partido Nacionalista Vasco (PNV) recurren a argumentos similares para ejemplificar lo contradictorio que puede suponer para los ciudadanos que, por un lado se les llame al voto, a salir de sus casas, y, por otro, la Organización Mundial de la Salud (OMS) esté ya calificando el brote de "pandemia" y España vaya a tener que prepararse para ese nuevo escenario. También destacan que, si las elecciones llegan a desconvocarse, todos los partidos han de ir de la mano.

Que haya "consenso" entre las formaciones políticas es también en el ingrediente indispensable para cualquier paso que se quiera dar a ojos de los juristas consultados por este diario. Porque, a día de hoy, no hay una solución jurídica a la cuestión planteada.

Mientras, en el Gobierno prefieren mantenerse al margen de este debate. "No adelantamos escenarios, ni entramos en especulaciones", explican en la Moncloa.

En este contexto de vacío legal hay interpretaciones y teorías para casi todos los gustos. El líder del PP, Pablo Casado, consideró este miércoles, en una entrevista concedida a la cadena Cope, que es a la Junta Electoral a quien correspondería, en última instancia, suspender o aplazar los comicios. "Quien tiene la competencia para convocarlas es el presidente de la Xunta y el lehendakari, pero quien tiene la competencia ahora, o bien para atrasarlas o bien para suspenderlas, es la Junta Electoral Central (JEC) y la Administración General del Estado", subrayó. 

"La responsabilidad de una crisis a este nivel se antepone a cualquier agenda electoral", dijo Casado. "Pero no depende esta decisión de nosotros y el señor Feijóo ya ha dicho que por su parte él va a seguir haciendo una precampaña electoral sin grandes aglomeraciones", añadió.

También a la Junta Electoral apuntó el lehendakari Urkullu. "Aun cuando el Gobierno vasco esta analizando legal y jurídicamente las circunstancias que pudieren afectar a la convocatoria electoral, las decisiones en relación a dicha convocatoria corresponderían principalmente a la Junta Electoral Central", señaló en un acto celebrado en Vitoria con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Ninguna consulta sobre la mesa de la Junta Electoral

En la Junta Electoral niegan que este asunto sea de su competencia tal y como están ahora redactadas las leyes. Las fuentes consultadas por este diario ubican las palabras de Urkullu y de Casado más en el terreno de la "opinión personal" que en el de sus atribuciones.

Al cierre de esta edición, el órgano superior de la Administración Electoral, que tiene su sede en el Congreso de los Diputados, no había recibido ningún tipo de consulta de la dos comunidades autónomas que tienen convocados comicios para el 5A relacionada con interpretaciones de eventuales suspensiones o aplazamientos. 

Desde este órgano recuerdan que su objetivo esencial es velar por que los procesos electorales se ajusten a la ley. En un caso como el actual tendría en sus manos, por ejemplo, promulgar plazos más amplios para el voto por correo. Pero nada más allá de este tipo de cuestiones. "La Junta Electoral no puede hacer nada más que obedecer a la ley", destacan.

Fuentes conocedoras de los contactos entre los principales partidos y miembros de la JEC cuando se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de reformar la Ley Electoral aseguran que desde el organismo se ha hecho saber en varias ocasiones, sobre todo a las formaciones políticas mayoritarias, la importancia de debatir sobre la instrucción de una cláusula para darle cierto margen, cierta capacidad de acción para situaciones excepcionales. Pero esa reforma legal jamás se ha abordado.

No hay precedentes en la historia reciente de España de una situación como la que tienen entre manos Urkullu y Feijóo. En el Gobierno de José María Aznar, tras los atentados del 11 de marzo de 2004, se llegó a debatir internamente sobre la posibilidad de suspender las generales, convocadas para el 14 de marzo. No hubo asidero legal al que recurrir.

Urkullu y Feijóo suspenden las elecciones

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Fórmulas con "calzador"

A la espera de las decisiones de las juntas electorales vasca y gallega, el debate sobre las fórmulas para introducir "con calzador", expresa uno de los constitucionalistas consultados, está abierto. Hay quienes consideran que sería posible a través de una ley orgánica, una vía sobre la que una de las principales dudas está en los plazos, máxime en un Congreso a medio gas a causa de las medidas excepcionales derivadas de la crisis. Y quienes creen que otra vía a estudiar sería la de que los presidentes autonómicos convocantes de las elecciones derogasen el decreto de convocatoria para dejar sin efecto los comicios, algo de lo que no podría descolgarse ninguno de los partidos para evitar recursos judiciales en el futuro. 

Esto último, pero a una escala mucho menor, la universitaria, es lo que ha ocurrido en la Universidad Complutense. En una resolución motivada por la crisis del coronavirus, la entidad académica deja sin efecto las convocatorias de elecciones a Decano de la Facultad de Derecho y de Farmacia, así como varias para elegir a representantes estudiantiles, aduciendo que la propagación del coronavirus debe considerarse "un supuesto de fuerza mayor".