El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha apreciado la existencia de "un anormal funcionamiento de la justicia" en la instrucción de una de las partes del caso Mercasevilla, un escándalo que castigó a PSOE e IU en la capital andaluza y que finalmente quedó en nada en una sentencia firme. El informe del CGPG [ver aquí], realizado tras una reclamación patrimonial del ex líder local de IU Antonio Rodrigo Torrijos y de un ex asesor municipal del PSOE, Enrique Castaño, aprecia "una serie de períodos temporales que habrían dado lugar a dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento". El tiempo entre el inicio de la instrucción, abril de 2009, y la sentencia, junio de 2017, fue "excesivo", sin que quede acreditada por la "complejidad" que lo justifique. El informe del CGPJ, preceptivo en este tipo de reclamaciones, no se pronuncia sobre la cuantía de la posible indemnización, que en la denuncia ante el Ministerio de Justicia presentada por Torrijos y Castaño asciende a 73.500 euros en cada caso.
Torrijos y Castaños presentaron escritos de reclamación en junio de 2016 ante el Ministerio de Justicia. El CGPJ resuelve las dos denuncias juntas. A juicio de los reclamantes, el caso de la supuesta venta fraudulenta de suelos de Mercasevilla incurrió en dilaciones indebidas. La denuncia incluye las fechas. El inicio de la instrucción a cargo de Mercedes Alaya tuvo lugar el 27 de abril de 2009, a raíz de una denuncia presentada por Juan Ignacio Zoido, en calidad de portavoz municipal del PP. Torrijos no fue imputado hasta el 4 de abril de 2011, pudiendo entonces personarse con abogado y procurador. Durante todo ese tiempo, Torrijos, que era primer teniente de alcalde en un gobierno de coalición PSOE-IU, estuvo durante todo ese tiempo sujeto a atención púbica por un posible caso de corrupción. La imputación se acabó produciendo el mes anterior a la celebración de elecciones municipales, celebradas el 22 de mayo.
Resultó "llamativa la filtración a los medios de comunicación de su citación judicial y ello por cuanto se produjo en plena campaña electoral", señala la denuncia. La declaración de Torrijos no tuvo lugar hasta el 8 de junio de 2011. Hasta el 3 de diciembre de 2013, la juez Mercedes Alaya no dictó otra resolución concerniente a Torrijos, cuando transformó las diligencias previas en sumario. Ese auto fue anulado y las diligencias previas se transformaron en procedimiento abreviado. Torrijos va dando cuenta de supuestas dilaciones, errores y complicaciones, en ocasiones derivadas de la imputación de 16 personas más.
El juicio no pudo celebrarse en diciembre de 2016, como estaba previsto, porque Torrijos estaba enfermo de cáncer. Finalmente se señaló en marzo de 2017. Torrijos asistió mientras recibía quimio y radioterapia. Terminó el 17 de marzo de 2017, “casi ocho años después de que se incoaran las diligencias previas 5612/2009 por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla”.se Desde el auto de incoación de las diligencias previas de fecha 27 de abril de 2009 hasta la notificación de la sentencia, que tuvo lugar el día 21 de junio de 2017, transcurrieron 8 años, 1 mes y 24 días, recalca la reclamación, que detecta "lapsos temporales de completa inactividad".
La reclamación sintetiza el problema en una frase, recogida por el informe del CGPJ: "Aparte del coste económico derivado de su defensa en el procedimiento judicial, como consecuencia de la demora y extensión de las referidas actuaciones judiciales, han sufrido un importante daño moral, dado que aquellas han incidido muy negativamente tanto en su vida personal y familiar, como también en su trayectoria profesional. Destacan la importante repercusión mediática del llamado caso Mercasevilla, con un amplio seguimiento en los medios de comunicación local y nacional amén de numerosas filtraciones más o menos interesadas durante la fase de instrucción, habiéndose prolongado la instrucción por más de siete años, obligándoles a sufrir una prolongada pena de banquillo, pese a su incontestable inocencia".
Lo cierto es que la presentación de la reclamación de Torrijos se produjo antes de quedara establecida su inocencia en este caso. Pero finalmente quedó establecida un año después. Y de manera, efectivamente, incontestable.
El caso y la sentencia
Pero, ¿por qué es importante el caso Mercasevilla?
Por las manos de Alaya pasaron varios de los casos más relevantes de los últimos diez años en Andalucía. Destacan tres: los ERE, cuya pieza política fue ya llevada a juicio con una condena a la antigua cúpula de la Junta, los cursos de formación y Mercasevilla. Las tres investigaciones compartían una misma visión: no se trató sólo –según las instrucciones de Alaya– de fraudes concretas, sino que se inscribían en complejas maquinaciones. Lo que en jerga política y mediática se conoce como "tramas". Tras el archivo de la pieza principal del caso de los cursos de formación, la sentencia absolutoria de la pieza de la venta de suelos del caso Mercasevilla supuso un golpe al crédito de Alaya, que recuperó con la sentencia del caso ERE, aún pendiente de fallo definitivo en el Supremo.
La sentencia del caso Mercasevilla fue contundente [ver aquí]. La Fiscalía ni siquiera la recurrió. Según el fallo, la adjudicación de suelos públicos objeto de juicio se realizó tras haber recibido información privilegiada la empresa que resultó ganadora, Sanma, filial de la malagueña Sando, pero ni queda establecido quién dio la información ni resultó determinante para la decisión final. Según la sentencia, "sólo hay meras sospechas, que no pueden elevarse a la categoría de indicios, de que tal operación pudiera abrigar como finalidad la de beneficiar a una determinada mercantil". No hubo además, según el fallo, intención de "defraudar al ente municipal". El fallo descartaba de plano cualquier "amaño" o "concierto previo".
La absolución era de todos los cargos: prevaricación, fraude, exacciones ilegales y delito societario. Y también de todos los acusados, desde el principal responsable político, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), a los directivos de Mercasevilla, pasando por funcionarios y responsables de la empresa Sando. Todos ellos se jugaban dos años de cárcel. El fallo sobre Mercasevilla fue un alivio para Torrijos, el que fue hombre fuerte de IU en Sevilla, que fue machacado por la instrucción del caso.
Para entender los hechos hay que viajar hasta 2003. La sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento y la pública Mercasa, atravesaba una situación de falta de recursos, por lo que suscribió con la entidad Larena 98 un acuerdo de uso de unos suelos de Mercasevilla. La empresa, que planeaba construir naves para arrendamiento, se comprometía a un pago mensual de casi 60.000 euros. Tras pagar la primera mensualidad, y ante las dificultades para obtener las licencias, Larena 98 dejó de pagar y demandó al Ayuntamiento. Mercasevilla "pactó con la constructora Sando" que esta se haría cargo, a través de su filial Sanma, del pago de la reclamación de Larena 98, según recoge la sentencia. La idea era que Sanma se quedara con el derecho de superficie y Mercasevilla le adjudicara una opción de compra sobre todos los terrenos. Sando hizo su parte: llegó a un acuerdo con Larena 98 y le pagó más de 1 millón de euros. La adjudicación posterior de los terrenos se hizo mediante un concurso. Y ahí empieza todo. Acudieron ocho empresas y ganó Sando, que ofrecía 105 millones. La compañía Noga, que ofrecía 158 millones, fue penalizada en aplicación de una cláusula de limitación al alza. Mercasevilla y Sando firmaron la venta en febrero de 2006, cinco años antes de la imputación de Torrijos, más de once años antes de la sentencia. El acuerdo se produjo más de 14 años antes de que el CGPJ diga ahora que en la instrucción hubo dilaciones indebidas y un "anormal funcionamiento de la justicia".
La sentencia fue un palo para Alaya, que veía amañado el concurso. Según su investigación, la forma en que se hizo el pliego estaba destinada a favorecer a Sando. Se trataba, a juicio de Alaya, de establecer unos requisitos que pusieran la adjudicación en bandeja a dicha empresa. Pero tal cosan no quedó probada.
Antonio Rodrigo Torrijos
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En contra de lo que suele afirmarse, esta parte del caso Mercasevilla, la venta de suelos, no tiene relación ni es origen del escándalo de los ERE. Hay relación entre Mercasevilla y los ERE, pero no por este parte, sino por otras: una mordida que intentaron cobrar unos ex directivos de Mercasevilla y la inclusión de intrusos en un ERE de la empresa. Son casos ya ajenos a Torrijos, que con la sentencia de 2017 obtuvo un tardío resarcimiento judicial. Políticamente el tiempo hasta el fallo fue toda una era, a lo largo de la cual PSOE e IU se hundieron en 2011 tras gobernar juntos dos mandatos en coalición, lo que llevó al poder durante cuatro años a Juan Ignacio Zoido (PP), que a la postre perdió el bastón de mando en 2015 y recaló en el Gobierno como ministro del Interior. Sería inexacto decir que el caso Mercasevilla fue el único único motivo del batacazo electoral de PSOE e IU en las elecciones de 2011, pero lo seguro es que la venta supuestamente fraudulenta de los suelos a una empresa malagueña fue un escándalo de enorme repercusión mediática que cobró fuerza a las puertas de las municipales de 2011, con el número dos del ayuntamiento, bestia negra del conservadurismo sevillano, en el ojo del huracán.
La instrucción arruinó la trayectoria política de Torrijos, que fue portavoz municipal de IU y primer teniente de alcalde de 2007 y 2011 durante el cogobierno con el PSOE. Un hombre muy conocido en Sevilla. Reconocible, con su pipa, su hablar florido y su izquierdismo ortodoxo, enfrentado sin rubor a los sectores más tradicionalistas de la ciudad. Presumía, con sorna, de tener el récord de portadas de ABC de Sevilla. Su figura política quedó marcada por el caso. Torrijos se presentó como candidato en 2011 como imputado, en contra de sectores de su partido que hubieran preferido su dimisión, y fue la imagen de la derrota de la izquierda y la pérdida del poder. Especialmente demoledora para Torrijos resultó la famosa foto de la mariscada junto a Mellet, publicada por ABC de Sevilla en 2010, cuando Mercasevilla ya estaba bajo la lupa judicial.
Tras su imputación en Mercasevilla, en 2011, Torrijos fue condenado por acoso laboral a una funcionaria durante su etapa de número dos del Ayuntamiento, un asunto sin relación con este. Todo junto –la foto, la sentencia, la instrucción, la derrota electoral– acabó apartándolo de la primera línea. Torrijos, que dimitió como portavoz municipal de IU a finales de 2013, siempre insistió en su inocencia en el caso de la venta de los suelos, que era el que hacía planear sobre él la sombra de la corrupción. Es más, denunció que la instrucción de Alaya había tenido un sesgo de persecución política, con su imputación un mes y medio antes de las municipales. Torrijos atendió el juicio mientras recibía sesiones de radio y quimioterapia. Finalmente la sentencia fue un éxito para él. El fallo hacía especial énfasis en la inexistencia total de indicios que apuntasen a que Torrijos actuara para favorecer a la empresa que ganó el concurso por los suelos de Mercasevilla. Ni participó en la mesa de contratación, ni en la baremación, ni en la decisión final de la ganadora, ni mucho menos manipuló el proceso, según la sentencia. Torrijos busca ahora resarcimiento.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha apreciado la existencia de "un anormal funcionamiento de la justicia" en la instrucción de una de las partes del caso Mercasevilla, un escándalo que castigó a PSOE e IU en la capital andaluza y que finalmente quedó en nada en una sentencia firme. El informe del CGPG [ver aquí], realizado tras una reclamación patrimonial del ex líder local de IU Antonio Rodrigo Torrijos y de un ex asesor municipal del PSOE, Enrique Castaño, aprecia "una serie de períodos temporales que habrían dado lugar a dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento". El tiempo entre el inicio de la instrucción, abril de 2009, y la sentencia, junio de 2017, fue "excesivo", sin que quede acreditada por la "complejidad" que lo justifique. El informe del CGPJ, preceptivo en este tipo de reclamaciones, no se pronuncia sobre la cuantía de la posible indemnización, que en la denuncia ante el Ministerio de Justicia presentada por Torrijos y Castaño asciende a 73.500 euros en cada caso.