El caso que desembocó en una de las mayores crisis internas en el PP y que provocó la muerte política de Pablo Casado se cierra definitivamente en el ámbito penal. La Fiscalía Europea ha dado carpetazo a la última línea de investigación que todavía quedaba abierta sobre el contrato sanitario adjudicado por el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid del que se benefició económicamente el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en los momentos más duros de la pandemia. El órgano independiente de la Unión Europea no considera "desproporcionado" el precio abonado por las mascarillas en función de su calidad. Unos cubrebocas por los que la administración autonómica pagó prácticamente el triple de lo que había costado el material a la empresa adjudicataria.
Los hechos se remontan a abril de 2020. Con un país totalmente paralizado por la crisis sanitaria, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adjudicó por la vía de emergencia –es decir, a dedo– a la compañía Priviet Sportive SL, dedicada al negocio textil y ganadero, un contrato para la compra de medio millón de mascarillas FFP2. Nadie prestó entonces atención a aquella adjudicación. Pero todo cambio en noviembre de 2021, cuando elDiario.es desveló que detrás de aquella firma se encontraba un empresario, Daniel Alcázar, con quien la familia Ayuso mantenía una amistad desde hacía décadas. Una información que de forma anónima había llegado también a Génova, cuartel general de la formación conservadora, algunas semanas antes.
Pero aquella nota escrita a ordenador que manejaban en la dirección nacional del partido también ponía el foco sobre el hermano de la presidenta, al que acusaba de haberse llevado una comisión al calor de dicho contrato. El nombre de Tomás Díaz Ayuso, sin embargo, no fue puesto sobre la mesa hasta que dio comienzo la guerra sin cuartel entre la presidenta madrileña y Génova. "La cuestión es si cuando morían 700 personas al día se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros", llegó a decir el entonces líder del PP en una entrevista en la cadena Cope. "Gran entrevista. Con claridad, seriedad y verdad", le llegaron a felicitar algunos compañeros de la dirección del PP. Menos de una semana después, Casado se convirtió en un cadáver político.
En plena batalla, Anticorrupción abrió diligencias de investigación por el contrato. Luego, y tras un duro cruce de escritos, se abrió la puerta a que la Fiscalía Europea pudiera llevar también a cabo sus propias pesquisas por si los hechos pudieran revelar una posible mala utilización de fondos europeos –las mascarillas fueron pagadas con fondos Feder–. Pero al final, ambas líneas de investigación han sido cerradas. Anticorrupción lo hizo el pasado verano. El órgano comunitario, la pasada semana. "El procedimiento se ha archivado por no concurrir indicios suficientes de la comisión de un delito", ha informado este martes en un comunicado, en el que resalta que se ha llevado a cabo una "exhaustiva investigación" y que la decisión se ha tomado tras escuchar a tres fiscales de distintos países europeos.
Invertir medio millón y vender por millón y medio
La Fiscalía Europea considera que no ha quedado "acreditado" que el "precio abonado" por los cubrebocas "fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado" ni que hubiera sufrido "un incremento indebido" derivado de la "intervención de personas ajenas" a la empresa, en una clara alusión al papel jugado por el hermano de la presidenta regional en relación con dicha adjudicación. La investigación llevada a cabo en su día por Anticorrupción, que tampoco pudo concretar "ilegalidad alguna", puso de manifiesto que el Gobierno de la Comunidad de Madrid había abonado por las mascarillas adquiridas a Priviet Sportive prácticamente el triple de lo que la propia empresa administrada por Daniel Alcázar había pagado previamente por ellas.
Anticorrupción confirma que el hermano de Ayuso obtuvo 234.000 euros de “comisión comercial” pero no ve “ilegalidad alguna”
El decreto de archivo, firmado por el fiscal jefe, Alejandro Luzón, resaltaba que la firma había comprado los cubrebocas a la sociedad coreana K Beauty & Media, que era la que se encargaba de encontrar a los potenciales fabricantes chinos. Esta compañía cobró por tres grandes envíos de mascarillas para el empresa española. De ellos, detallaba Anticorrupción, solo dos se correspondían con el material contratado por la Comunidad de Madrid. De estos últimos se elaboraron facturas por 457.289,19 euros. Además, Priviet pagó 83.372,37 euros por el transporte aéreo y el traslado del material hasta el Hospital de Ifema. En definitiva, la firma de Alcázar invirtió 540.661 euros por adquirir, traer y colocar unas mascarillas por las que luego cobró 1.512.500 euros, casi el triple.
Más de 234.000 euros de "comisión comercial"
El Ministerio Público centró una parte de sus pesquisas en los precios. En el marco de aquellas diligencias, la Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado adscrita a Anticorrupción se encargó de estudiar una treintena de contratos de suministros de mascarillas FFP2 celebrados por el mismo órgano de contratación entre el 13 de marzo y el 30 de abril. De aquel análisis resultó que el contrato de Priviet era el cuarto con mayor precio por mascarilla. Si la media era de cuatro euros por unidad, en el caso de esta empresa se pagaron cinco euros. Ahora bien, el rango de precios, con una demanda completamente descontrolada a nivel mundial, era entonces muy dispar, moviéndose entre los 1,24 euros por cubrebocas hasta los 6,50 euros.
Ahora, tras un año de pesquisas y a las puertas de las elecciones autonómicas, el caso que acabó con Casado se ha agotado por completo. Eso sí, si algo han demostrado las pesquisas es que la dirección nacional del PP no iba en el otoño de 2021 muy mal encaminada. Si el anónimo deslizaba que el hermano de Ayuso se habría embolsado 283.000 euros por aquella operación, las pesquisas terminaron por desvelar que entre abril y junio de 2020 Tomás Díaz Ayuso cobró de Priviet 234.103,52 euros en concepto de "comisión comercial" –así figuraba en las facturas–. De ellos, 174.900 euros fueron por los trabajos realizados para la empresa en relación con distintas ofertas, entre ellas la investigada. Y el resto, según Anticorrupción, por el "bonus pactado por la obtención del contrato de mascarillas con la Comunidad de Madrid".
El caso que desembocó en una de las mayores crisis internas en el PP y que provocó la muerte política de Pablo Casado se cierra definitivamente en el ámbito penal. La Fiscalía Europea ha dado carpetazo a la última línea de investigación que todavía quedaba abierta sobre el contrato sanitario adjudicado por el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid del que se benefició económicamente el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en los momentos más duros de la pandemia. El órgano independiente de la Unión Europea no considera "desproporcionado" el precio abonado por las mascarillas en función de su calidad. Unos cubrebocas por los que la administración autonómica pagó prácticamente el triple de lo que había costado el material a la empresa adjudicataria.