Las trabas administrativas y la obligación de rogar el voto –pactada por PP y PSOE en 2011 con el acuerdo de CiU y PNV– han sido claro objeto de denuncia por parte de los españoles expatriados que, al menos en su vertiente más visible, el colectivo Marea Granate, se quejan que las dificultades que se encuentran para ejercer su derecho están generando un modelo de sufragio "censitario e inconstitucional" que borra del mapa electoral a buena parte de la ciudadanía en el exterior, integrada por 1,7 millones de personas.
Atribuyen gran parte de esos problemas a la reforma electoral que, desde 2011, les obliga a rogar expresamente el voto. Pero no es el único obstáculo detectado. Por eso reclaman la marcha atrás en esta reforma, pero también que haya mejoras en el ámbito meramente administrativo. Entre ellas, que se agilicen los trámites a través de fórmulas telemáticas, que se amplíe la duración de los plazos para recibir y enviar las papeletas o que el Ministerio de Exteriores utilice todas las herramientas de comunicación disponibles para hacer una correcta difusión de los plazos del proceso de votación para los residentes en el extranjero.
Aseguran que, no hacerlo, es una cuestión de "voluntad política". De hecho, existen otros países que tienen desarrolladas estrategias que facilitan el derecho al sufragio de sus nacionales aunque residan en el extranjero. Ese es, por ejemplo, el caso de Francia, donde existe la posibilidad de votar directamente en el consulado o de delegar el voto. Para esta segunda opción, el elector expatriado tiene que establecer un poder en la embajada o mediante un cónsul honorario de nacionalidad francesa dirigido a una persona inscrita en la misma lista electoral que él. Los poderes pueden ser establecidos para una sola elección o por una duración máxima de tres años.
María Almena, bioquímica residente en París y miembro de la Marea Granate, señala además que en Francia no existe la falta de información de la que se quejan los expatriados españoles. "Aquí el cierre del censo es una cuestión de cultura general, se avisa a bombo y platillo por todas partes, con paneles en la calle, buzoneo, en la televisión...", asegura. En España, si no se inscribieron antes del 1 de agosto –cuando se cerró el censo sin que el Ministerio de Exteriores lo comunicara oficialmente por sus canales de información– los españoles que llevan más de un año viviendo en el extranjero sólo tienen esta semana, del 2 al 9 de noviembre, para darse de alta en el Censo de Extranjeros Residentes Ausentes (CERA) y poder así votar el 20-N.
Noruega también destaca por las facilidades que da sus expatriados para ejercer su derecho al sufragio. En este país, los electores en el exterior pueden votar presencialmente o por correo en cualquier momento en los dos meses y medio previos a las elecciones y hasta 10 días antes de su celebración. Las papeletas se recogen en los consulados o se descargan de internet pudiéndose utilizar para ello incluso sobres normales, aunque sí se requiere que los votos vayan acompañados de la firma y documentación de un testigo.
Otra posibilidad que facilitaría las cosas, según los expatriados españoles, sería la implantación del voto electrónico. El país que más desarrollado tiene este sistema es Estonia, que comenzó a implantar este modelo en 2005. De hecho, en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 más de 103.000 estonios –el 31% de los votantes– utilizó voto por Internet. También en Bélgica –donde el voto es obligatorio– en las últimas elecciones europeas y regionales se usó un sistema de voto electrónico totalmente automatizado y verificable. Sin embargo un fallo informático obligó a anular 2.200 votos, lo que representaba el 0,06% del total. En 2012, los franceses en el extranjero también pudieron votar durante seis días a través de Internet para las elecciones a la Asamblea Nacional. El número de electores que utilizaron el voto electrónico fue de 127.000.
Circunscripción electoral
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En Francia existe además una circunscripción electoral propia para el colectivo de emigrantes. Esta es otra de las reivindicaciones de la Marea Granate, cuyos integrantes creen que les serviría para "representar de manera proporcional y democrática" sus intereses y derechos. "Según el censo de principios de 2014, más de dos millones de españoles residimos en el exterior, 1,7 millones de ellos con derecho a voto. Esto equivale a la población de Barcelona y supondría la cuarta provincia en población del Estado. Es evidente que si los exiliados económicos españoles contáramos con circunscripción propia medidas como la retirada de la cobertura sanitaria no hubieran sido tan gratuitas", denuncian.
También los italianos expatriados tienen la llamada circunscripción extranjera –que está dividida en cuatro áreas geográficas: Europa, América del sur, América central y del norte y África, Asia, Oceanía y Antártica– por la que eligen a doce diputados y seis senadores. Cada área elige a un representante de cámara y los restantes se distribuyen entre las cuatro en proporción al número de residentes. El voto se hace en este país por correo. La ley marca que todos los electores inscritos deben recibir en los 18 días anteriores a las elecciones la documentación y remitirla a la cancillería consular.
Son varios los partidos políticos que se han mostrado favorables a la creación de una circunscripción electoral propia para el colectivo de emigrantes. Sin embargo, en un informe de 2009 el Consejo de Estado señaló que no parecía posible considerar esta medida como "una alternativa practicable" sin reformar la Constitución. El artículo 68.2 de la Carta Magna consagra la provincia como circunscripción electoral en las elecciones a Cortes Generales, lo que, según esta institución, "hace difícil sostener la posibilidad de computar los sufragios emitidos en estos comicios por determinados electores con base en una circunstancia personal como es la residencia en el extranjero". También el actual reparto de senadores tiene su origen en la Constitución.
Las trabas administrativas y la obligación de rogar el voto –pactada por PP y PSOE en 2011 con el acuerdo de CiU y PNV– han sido claro objeto de denuncia por parte de los españoles expatriados que, al menos en su vertiente más visible, el colectivo Marea Granate, se quejan que las dificultades que se encuentran para ejercer su derecho están generando un modelo de sufragio "censitario e inconstitucional" que borra del mapa electoral a buena parte de la ciudadanía en el exterior, integrada por 1,7 millones de personas.