El próximo mes de julio se cumplirán siete años del accidente. Y aun así, las víctimas siguen reclamando justicia. Desde que el tren que viajaba de Madrid a Ferrol tuvo el fatídico accidente en la curva de A Grandeira, en Angrois, no han parado de exigirla. Pero, según han denunciado durante todos estos años, tampoco han dejado de ver cómo se les negaba una y otra vez. Por eso ahora van a redoblar la presión para conseguir su objetivo. Familiares de las 81 personas fallecidas y de las 144 heridas se reunieron este martes con el diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, Néstor Rego, y con la portavoz de la formación en Europa, Ana Miranda, para marcar la senda que seguirán a partir de ahora y que comenzará, como ha confirmado la propia Miranda en conversación con infoLibre, con las iniciativas que ya ha presentado el partido tanto en Bruselas como en la Cámara Baja. Son, en síntesis, un aviso al Gobierno: hay que investigar el accidente "de manera independiente" y examinando "las causas de fondo" que lo provocaron. Así lo pidió Europa, recuerda tanto Miranda como Jesús Domínguez, presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155. Por eso, si no se hace, el siguiente paso será intentar acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
"Cuando ocurre un accidente de este tipo el Gobierno tiene que iniciar una investigación", explica Domínguez. Y así se hizo. El organismo encargado de hacerlo fue la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). El problema es que se trataba de una entidad dependiente del Ministerio de Fomento y en la que se encontraban representados tanto Renfe como Adif, tal y como indica Miranda. Es decir, tanto el responsable de los trenes como el responsable de la vía. Ambos "estuvieron implicados en la propia investigación", recuerda la portavoz del BNG en Europa. Y por eso esta terminó de una manera que no gustó a las víctimas. Las conclusiones a las que llegó sólo encontraron un culpable: el maquinista. Y es que, tal y como dijo la CIAF, el accidente se había producido por un exceso de velocidad y por la falta de atención del trabajador, que había respondido una llamada telefónica segundos antes de que el tren comenzara a descarrilar.
Las víctimas, por tanto, continuaron exigiendo que una investigación independiente ahondara aun más en el origen de la tragedia. Y en el año 2015 consiguieron llegar a Bruselas de la mano, precisamente, de Miranda. Allí, según recuerda ella misma, se reunieron con la Comisión Europea con un objetivo muy claro: exigir que se estudiasen las posibles irregularidades que se habían cometido en la investigación de la CIAF. Dicho y hecho. La institución solicitó a la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, por sus siglas en inglés) un informe sobre lo ocurrido en Angrois. O, más bien, sobre lo ocurrido después. "El informe fue demoledor", dice Miranda. Concluyó "que la investigación no fue independiente porque la había realizado una institución de Fomento y que no se investigaron las causas profundas del accidente porque sólo se habían centrado en la velocidad del maquinista", recuerda. Fue, por tanto, una victoria para las víctimas. Al menos parcial: todavía había que conseguir que el Estado repitiera la investigación.
Imagen de archivo de la concentración ubicada en la curva en la que se salió el tren de Alvia en Santiago de Compostela con motivo del sexto aniversario del accidente. | EP
Del procedimiento de infracción contra España hasta hoy
"Presenté una denuncia como BNG a la Comisión Europea para que abriera un procedimiento de infracción", dice Miranda, que explica que eso no es más que "una denuncia que se abre contra un Estado miembro cuando se vulnera la normativa comunitaria". Y España lo había hecho. Concretamente, no había respetado la Directiva de 2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuyo artículo 21 se exige la obligación de que el organismo de investigación de accidentes ferroviarios sea independiente.
Así que el procedimiento de infracción se inició hace ahora justo un año. Concretamente, el 24 de enero de 2019. "Bruselas pidió a España un plan de acción", explica Miranda. Querían, además de una investigación sin ataduras a Fomento, que el Gobierno pusiera en marcha medidas de control de seguridad que pudieran evitar que un accidente como el de Angrois se repitiera.
Y España respondió a la petición en tiempo, pero no en forma. "Europa dijo que lo que se había enviado no era suficiente porque no incluía ningún decreto ni ninguna ley que traspusiera la normativa ferroviaria ni presupuesto para llevar a cabo las medidas de seguridad" que faltaban en la zona del accidente. Porque por ejemplo, tal y como critica Miranda, ni siquiera había balizas que hubieran permitido un frenado automático del tren al detectar que el vehículo circulaba a más velocidad de la permitida.
Bruselas, por tanto, insistió en la necesidad de un plan de acción. Pero para aquel entonces el Gobierno ya estaba en funciones, así que pidió una ampliación del plazo para enviarlo. Algo que, según Miranda, puede hacerse.
Ahora el Ejecutivo ya está formado, así que toca responder. Y es lo que exigirán las víctimas y el BNG a partir de este martes. "En Bruselas ya hemos presentado la iniciativa, que consiste en instar a la Comisión Europea a decir si el Gobierno ha mandado o no su plan", explica Miranda. "Sabemos que no lo han hecho, pero así se empezará a hablar de plazos", añade. Por otra parte, continúa, también exigirán que la institución insista en la necesidad de que se repita la investigación. Y de manera independiente. Y para ello, en primer lugar, hay que eliminar a los cargos de la CIAF nombrados por Fomento, sostiene Miranda.
Por su parte, la iniciativa presentada ante el Congreso por Néstor Rego y la que ha tenido acceso infoLibre viene a exigir lo mismo. El diputado realiza varias preguntas al Ejecutivo: cuándo va a realizarse una investigación rigurosa, cuándo va a cesar Fomento a los miembros de la CIAF, si la investigación escuchará las víctimas del accidente y a sus familias, cuál es el contenido del plan enviado a Bruselas y cuándo se implementará la normativa europea sobre seguridad ferroviaria. De no hacerlo, recuerda Rego en su escrito, la Comisión Europea podrá acudir al Tribunal de Luxemburgo "por infracción comunitaria".
Y después, retomar la comisión parlamentaria
El maquinista del tren Alvia siniestrado en Santiago, Francisco José Garzón Amo, durante una sesión de la comisión parlamentaria. | EFE
Un informe sobre las causas del accidente realizado por un organismo independiente es indispensable. Por sí mismo y porque así permitirá, según explica Domínguez, que se vuelva a constituir la comisión parlamentaria sobre la tragedia.
La comisión se puso en marcha el 18 de abril del año 2018, siete meses después de haber sido aprobada y casi cinco años más tarde del accidente, un retraso explicado por las piedras en el camino que puso el PP, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Galicia, donde lo hizo con la connivencia de los socialistas. Durante casi nueve meses comparecieron medio centenar del altos cargos del Ministerio de Fomento, de Renfe y de Adif. Y también técnicos, expertos y el propio maquinista, que llegó a asegurar que lo que ocurrió fue un "accidente anunciado" porque toda la seguridad de la curva estaba "sólo en sus manos".
Las víctimas del accidente del Alvia piden a la presidenta de Adif que "cumpla su palabra" y cese al cargo que irá a juicio
Fueron 17 sesiones, pero el trabajo no acabó. Las víctimas, de hecho, todavía no han hablado, tal y como recuerda Domínguez. "La comisión acabó [con la disolución de las Cortes], pero no se cerró", lamenta. Por eso hay que volver a abrirla, pero con un informe independiente encima de la mesa. Si no, denuncia, "no servirá de nada".
En este sentido, Domínguez asegura que han enviado una carta a Pablo IglesiasPablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales, para solicitarle el impulso de esa investigación independiente. "Usted podría pensar que lo lógico sería reunirnos con el ministro de Fomento o en su defecto con el presidente del Gobierno, pero hay razones de peso para no hacerlo. Pese a que el señor Ábalos ha dicho públicamente que a las víctimas del Alvia hay que recibirlas las veces que haga falta, lleva más de un año sin contestar a nuestras reiteradas peticiones de reunión, además de tergiversar públicamente nuestras reivindicaciones. Por eso se la pedimos también al presidente del Gobierno hace más de seis meses y tampoco nos contesta", lamenta Domínguez en la misiva.
"Las víctimas y familiares sólo queremos pasar página y para eso es necesario que se sepa toda la verdad; para que algo tan trágico no vuelva a ocurrir, se mejore la seguridad ferroviaria y se pueda hacer justicia. Y tal como solicita la UE es imprescindible que se lleve a cabo una investigación técnica independiente", continúa. "Vicepresidente, como usted sabe, los derechos sociales son aquellos que están alineados con la dignidad del ser humano, y si se nos niega la verdad se nos está privando de nuestra dignidad y de la justicia y la reparación que merecemos nosotros y el resto de víctimas", concluye.
El próximo mes de julio se cumplirán siete años del accidente. Y aun así, las víctimas siguen reclamando justicia. Desde que el tren que viajaba de Madrid a Ferrol tuvo el fatídico accidente en la curva de A Grandeira, en Angrois, no han parado de exigirla. Pero, según han denunciado durante todos estos años, tampoco han dejado de ver cómo se les negaba una y otra vez. Por eso ahora van a redoblar la presión para conseguir su objetivo. Familiares de las 81 personas fallecidas y de las 144 heridas se reunieron este martes con el diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, Néstor Rego, y con la portavoz de la formación en Europa, Ana Miranda, para marcar la senda que seguirán a partir de ahora y que comenzará, como ha confirmado la propia Miranda en conversación con infoLibre, con las iniciativas que ya ha presentado el partido tanto en Bruselas como en la Cámara Baja. Son, en síntesis, un aviso al Gobierno: hay que investigar el accidente "de manera independiente" y examinando "las causas de fondo" que lo provocaron. Así lo pidió Europa, recuerda tanto Miranda como Jesús Domínguez, presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155. Por eso, si no se hace, el siguiente paso será intentar acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).