La plataforma de víctimas del accidente ocurrido en el barrio compostelano de Angrois en 2013, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas, ha criticado la demora en la celebración del juicio y ha reclamado que se realice la investigación técnica independiente que pide Europa antes de su inicio para que pueda incorporarse al proceso judicial.
Así lo ha manifestado en un comunicado remitido a los medios después de que el lunes se conociese que el juicio por el accidente, que tuvo lugar el 24 de julio de 2013, comenzará el 20 de septiembre de este año y durará hasta 2023, dividido en dos partes —una penal (hasta el 23 de diciembre) y una acción civil (a partir de enero de 2023)—, de forma que se prolongará durante nueve meses hasta casi el décimo aniversario del siniestro, ha recordado Europa Press.
Al respecto, las víctimas, que aseguran estar "satisfechas" por el hecho de que se vaya a celebrar el juicio, sostienen que una justicia lenta no es justicia y recuerdan que "desgraciadamente algunas víctimas y familiares han fallecido a lo largo de estos años". Por ello, señalan que, para ellos, nunca habrá justicia.
Asimismo, consideran que esta demora "no es casual" sino que es responsabilidad de las diferentes instituciones del Estado. "Sufrimos un cambio de juez pese a nuestra petición al Consejo General del Poder Judicial y la inacción total del primer fiscal, que tuvo que ser sustituido", detalla la plataforma, que critica también la "ocultación y demora de entrega de documentos por parte de Fomento, Renfe y Adif".
También critican los peritos "impuestos" por la Xunta "sin experiencia ferroviaria, que demoraban y plagiaban otros informes", así como la "acumulación de retrasos y errores graves por parte del juzgado".
"Insuficiente"
Las víctimas, que muestran su satisfacción por el hecho de que se siente en el banquillo al exdirector de Seguridad de Adif Andrés Cortabitarte, creen que es "insuficiente". "Existían claras responsabilidades por parte de Renfe, que tuvo constancia por escrito de un aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva de Angrois y, sin embargo, no actuó en consecuencia", apuntan.
Además, señalan que "el exdirector de Seguridad de Adif se sentará en el banquillo porque Adif no realizó el análisis de riesgos al que obligaba la normativa en dos ocasiones", como indica el auto de la Audiencia.
Explican que "hubo modificaciones importantes del proyecto original" cuando era ministro de Fomento José Blanco, "cuya repercusión en la seguridad resulta obvia sin que conste que previamente se hubiese evaluado el riesgo que dichos cambios pudiese comportar para la seguridad".
También indican que, en un segundo momento, con Ana Pastor al frente, "se produjo la desconexión del sistema de seguridad ERTMS, porque este generaba retrasos, sin previamente realizar una evaluación del riesgo que tal desconexión pudiera comportar para la seguridad en la circulación".
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Por tanto, consideran que "la justicia desmonta la verdad oficial, que con Ana Pastor al frente de fomento quisieron imponer: que se hizo una investigación independiente, que el maquinista era el único responsable y que el accidente no era de Alta Velocidad". "Seguimos sin entender cómo es posible que el Ministerio de Fomento autorizase la puesta en servicio de esta línea sin el preceptivo análisis de riesgos", lamentan.
La plataforma destaca que "pese a los años transcurridos" seguirá luchando para que "se haga justicia" y se "depuren todas las responsabilidades que corresponden a una democracia avanzada: técnicas, penales y políticas".
"Es imprescindible que se depuren todas y cada una de las responsabilidades y se esclarezca toda la verdad y se realice la investigación técnica independiente que exige Europa antes del inicio del juicio para que se incorpore al proceso judicial", finaliza.
La plataforma de víctimas del accidente ocurrido en el barrio compostelano de Angrois en 2013, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas, ha criticado la demora en la celebración del juicio y ha reclamado que se realice la investigación técnica independiente que pide Europa antes de su inicio para que pueda incorporarse al proceso judicial.